Desde la anterior administración, y bajo la narrativa de austeridad republicana, el frente político oficial ha promovido la desaparición de siete organismos constitucionales autónomos (OCAS). Entre estos, se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sin embargo, y desde su anuncio, la iniciativa ha sido objeto de críticas, pues la academia e institutos descentralizados consideran que desaparecer a estos organismos resultaría en un perjuicio para la economía mexicana.
Entre las principales objeciones a la desaparición de los OCAS, está el posible retroceso de la transparencia y, por ende, incentivo de la corrupción en el país. También, se podría provocar el deterioro de la competencia económica, además de caer en incumplimiento del T-MEC, tratado comercial firmado por México en el que se estipula la existencia de entes reguladores ajenos al estado.
Dicho incumplimiento del T-MEC podría, incluso, ameritar penalizaciones contra México, en caso de que Estados Unidos y Canadá, los otros firmantes, decidieran emprender acciones contra el país.
La decisión de eliminar a los OCAS se aprobó el miércoles, 20 de noviembre, en la Cámara de Diputados. Gabriela Siller Pagaza ha descrito esta ocasión como una muy importante, que conllevará grandes consecuencias para la credibilidad del marco institucional de México. Solo queda la discusión en la Cámara de Senadores para concretar el dictamen.
A continuación, se explican a detalle las implicaciones que la desaparición de los organismos autónomos tendría para la economía mexicana, con base en una conferencia que Cristina Ibarra, presidenta del Colegio de Economistas de Sinaloa, presentó en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Cofece e IFT, factor para la prevención de prácticas ilegales de mercado.
Los principales organismos que inciden en este aspecto son la Comisión Federal de Competencia económica (Cofece) y el Instituto Federal de las Telecomunicaciones (IFT).
La primera, busca garantizar un mercado donde los diferentes ofertantes participen de forma justa y conforme al marco legal, con el objetivo de evitar prácticas ilegales de mercado. Realiza investigaciones en cualquier sector, comercial e industrial, para analizar si la competencia es honesta y legal para todos.
Por el otro lado, la IFT tiene una función similar, pero dedicada enteramente al rubro de la oferta de telecomunicaciones.
La desaparición de estos dos organismos descentralizados es un factor de riesgo que desinhibe a las empresas para realizar actos que atentan contra la libre competencia, como prácticas monopólicas o controlar ilegalmente los precios de las mercancías.
La existencia de la justa y libre competencia en los mercados es crucial, y termina beneficiando a consumidores y empresas por igual. Contribuye a crear un panorama positivo para la inversión, emprendimiento y crecimiento de los negocios.
“A nosotros, como usuarios, la forma en que realmente nos importa, y el efecto en el funcionamiento del mercado, es que con la competencia existen mejores precios“, dice Ibarra.
Cabe destacar que la presidenta Claudia Sheinbaum, un día antes de la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, dijo en conferencia matutina que la Cofece e IFT se combinarían en un solo ente regulador, igualmente independiente al ejecutivo, para no caer en incumplimiento del T-MEC.
Incumplimiento del T-MEC es un riesgo mayor.
La institución de organismos autónomos, separados del gobierno, que supervise la actividad tanto del sector público como del privado, es una condición establecida en los artículos 18, 21 y 22 del T-MEC.
Los primeros dos establecen que debe existir un organismo autónomo e independiente del poder federal que regule las telecomunicaciones, y una autoridad nacional especializada en aplicar las leyes de competencia. El 22 señala que los organismos administrativos que regulen a las empresas de propiedad estatal deberán ser imparciales.
El Instituto Mexicano para la Competitividad encuentra que la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y los dos entes antes mencionados, entra en contradicción directa con dichos acuerdos internacionales pactados por México.
“Sí, efectivamente. Los socios comerciales que son Estados Unidos y Canadá podrían simplemente acudir ante una instancia internacional para demandar a México. O también, salirse de los que es este tratado, lo que tendría un efecto económico muy negativo en el caso de México”, explica la economista.
Si México pierde el libre comercio con Estados Unidos, su principal socio comercial, tanto los productos que llegan como los que se exportan tendrían que pagar aranceles. El país perdería su principal atractivo para inversión extranjera, los productores de la agroindustria se verían fuertemente afectados, principalmente los horticultores. Los bienes importados también elevarían su precio.
“Más del 80% del comercio exterior mexicano es con Estados Unidos”, señala.
Cristina Ibarra en conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS.
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