Por Reyna Soledad Santiago Castillo, del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C.

Ante los diversos cuestionamientos que abordaron las principales violaciones a derechos humanos durante su gestión, así como también sobre las violaciones por parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, Ibarra no titubeó en decir que ya no existen las violaciones extrajudiciales, ni las desapariciones por parte del Estado, y que ahora claro que existen asesinatos, pero son cometidos por grupos criminales.

La cuestión no quedó solo aquí, porque Ibarra aseguró, en más de una ocasión, que “las violaciones tanto por parte de las fuerzas armadas como por la guardia nacional no son violaciones graves, sino a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la integridad, a la seguridad y al trato digno.”

Las aseveraciones de la nuevamente electa presidenta de la CNDH, sólo son una muestra de la omisión histórica en cuestión de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, porque reducir las preguntas solamente a la administración de Ibarra, invisibilizan casos graves como: la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco (1914), la matanza estudiantil en Tlatelolco (1968), el caso de Valentina Rosendo Cantú (2002), el caso Atenco (2006), el caso Tlataya (2014), la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014), solo por mencionar algunos.

Ibarra también aseguró que la Comisión no sólo se enfoca en recibir y atender quejas, sino en reducir las violaciones a los derechos humanos, pero en el resto de la comparecencia no dejó de repetir que, durante los cinco años de su administración en el organismo, se habían emitido el mayor número de recomendaciones, a tal grado que estimaba que el porcentaje era de un 75% y en donde las principales recomendaciones fueron para el IMSS, ISSSTE e Instituto de Migración.

Las cifras en realidad no dicen nada, ni aseguran que con ello se hayan atendido y evitado violaciones graves a los derechos humanos. Porque pudo haber emitido un número histórico de recomendaciones, pero en el fondo no garantiza una atención integral de las violaciones cometidas por los involucrados, sino que se reduce a que cada parte solo haga lo que le corresponde, como un mero cumplimiento administrativo sin comprobar si lo reportado incide en eliminar la violación a los derechos.

Recordemos que en nuestro estado existe la Recomendación 10/2017, sobre las violacionesa los derechos humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información en relación a la contaminación de  los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes; una recomendación que las administraciones federal, estatal y municipal, solo la han reducido a simular acciones que supuestamente buscan el saneamiento, porque las muertes por la contaminación continúan, las industrias siguen dañando nuestro medio ambiente, pagando salarios precarios y exponiendo la salud e integridad de los obreros y de las comunidades en las que se encuentran instaladas.

Las violaciones a los derechos humanos continúan y claro que existen, porque siguen en la omisión gubernamental y de justicia, los casos de Tlatelolco, Tlatlaya, Atenco, Rosendo Radilla, Valentina Rosendo y Ayotzinapa. Porque existen las madres buscadoras que continúan en el rastreo de sus familiares desaparecidos, entre los que se encuentran sus hijos, hijas, hermanos, hermanas o incluso madres.

Porque la trata de mujeres y niñas sigue en aumento, porque las muertes por la contaminación en la cuenca del Alto Atoyac y en otras Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental en el país continúan, porque existen violaciones graves a los derechos humanos que no han sido nombradas o visibilizadas y que son cometidas por la industria, el gobierno, las fuerzas armadas o la guardia nacional.

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Este trabajo fue realizado por Escenario Tlaxcala, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.