Culiacán, Sinaloa.- La comunidad académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) enfrenta un momento clave para recuperar el liderazgo en la institución y evitar que prevalezca cualquier interés ajeno a la academia, expresaron académicos universitarios miembros del Movimiento Académico por la Reforma (MAR).
Ante las negociaciones, es el personal docente, académico y estudiantil quienes deben asumir el liderazgo para impulsar una nueva etapa democrática en la universidad.
Luego de que el Gobierno Federal y el Gobierno de Sinaloa negociaran con Jesús Madueña Molina su regreso como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), y que este aceptara convocar a nuevas elecciones bajo la recientemente reformada Ley Orgánica de la Universidad, académicos invitan al personal docente a tomar un papel activo en está etapa de transformación universitaria.
“Los docentes, profesores, estamos ausentes de está negociación, pero creo que es momento de que se empiece a tener en cuenta a este cuerpo tan importante de miembros de la comunidad universitaria”, opinó el Dr. Emiliano Terán Bobadilla, profesor de tiempo completo con 14 años de antigüedad.
Terán Bobadilla subrayó que, si bien el Gobierno del Estado ha impulsado una nueva etapa democrática en la universidad, corresponde ahora a los docentes y académicos asumir el liderazgo.
“La universidad es para los universitarios, y necesitamos luchar por nuestros derechos, exigir que los programas y las condiciones laborales sean cumplidas a cabalidad”, añadió.
Asimismo, propuso la construcción de un proyecto alternativo que subsane los errores del pasado y coloque a la academia como el eje principal de la UAS.
Por su parte, el Dr. Eli Terán Cabanillas, investigador de la Facultad de Nutrición y Gastronomía y con un posdoctorado en la Universidad de Cornell, calificó como un “gran triunfo” la negociación entre UAS, Gobierno de Sinaloa y Gobierno Federal, pues está permitió que el consejo universitario de la universidad reconociera a la nueva Ley Orgánica aprobada por el Congreso.
“Algo a lo que las autoridades actuales de la Universidad se oponían rotundamente porque no quieren perder sus privilegios”, señaló.
“Durante años, la universidad fue controlada por intereses partidistas y personas externas que designaban rectores y directores a través de dedazos. Ahora, con esta nueva etapa democrática, es momento de construir una universidad académica, científica y humanista, donde los estudiantes sean el eje principal”, dijo
Asimismo,el académico resaltó que la próxima elección de rector, programada para mediados de año tras el lanzamiento de la convocatoria en abril, será una oportunidad para que la comunidad universitaria ejerza su derecho al voto y garantice un proceso transparente.
“Los estudiantes por cantidad de votos son los que van a decidir el futuro de la universidad”, puntualizó.
El llamado de los académicos surge en medio de un contexto de negociaciones clave entre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo; y el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, en torno al prolongado conflicto universitario.
Claudia Sheinbaum ha manifestado su compromiso con la educación pública y la transparencia universitaria, respaldando las acciones del gobierno estatal para regular la vida interna de la UAS. Sheinbaum ha insistido en que las universidades deben estar libres de injerencias externas y operar bajo criterios académicos y científicos.
Este escenario ha generado una creciente presión sobre la comunidad universitaria, particularmente en vísperas de las elecciones internas de la UAS programadas para mayo de 2025, cuando será electo un nuevo rector. Tanto el gobierno estatal como el federal han reiterado la necesidad de garantizar un proceso electoral transparente y democrático, en el cual la voz de los estudiantes y docentes tenga un peso determinante.
Pero en el camino también corren riesgo de desaparecer una serie de denuncias en contra de diversos funcionarios de la universidad acusados de delitos como corrupción y mal manejo de recursos en torno de alrededor de 600 millones de pesos mal manejados.
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