Culiacán, Sin.- Luego de que el Congreso del Estado aprobó que el Gobierno del Estado de Sinaloa pueda solicitar un crédito por 2 mil 300 millones de pesos para el Plan de Reactivación Económica, organizaciones y ciudadanos que conforman la Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (RECIAS) hizo un llamado a transparentar el uso de los recursos del erario en este programa, así como sus reglas de operación.
El pasado 08 de enero, el Gobernador Rubén Rocha Moya propuso ante el Poder Legislativo un Plan de Reactivación Económica, que proyecta un monto de 76 mil 902 millones de pesos con inversiones federales, estatales y privadas, más 8 mil 392 millones de dólares por megaproyectos privados, que estaría orientado -según la propuesta- a reconstruir el tejido productivo de Sinaloa. Además, se planteó la solicitud del crédito mencionado para ser invertido “en obras con sentido social para los 20 municipios del estado”.
Dos días después, la solicitud del crédito fue autorizada por la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso local, a través de una propuesta de decreto que incluye 36 obras distribuidas en el estado, de las cuales de manera general se informó serían para “mejorar la rapidez y seguridad con la que circulan personas, vehículos, mercancías y productos, así como de mejorar el acceso a servicios básicos como agua potable, infraestructura educativa y turística, y la promoción de inversiones”.
La Red RECIAS señaló en un posicionamiento público que se reconoce el desafío que enfrenta Sinaloa en temas económicos, así como la intención de buscar alternativas para responder a la crisis que ha provocado cierre de negocios y pérdida de empleos en forma masiva.
Sin embargo, mencionó la Red, es necesario que el proceso se lleve a cabo bajo mecanismos eficientes de transparencia y rendición de cuentas, que brinden garantías de que estos recursos serán utilizados para los objetivos señalados.
“Surge en este grupo de la sociedad civil la preocupación del manejo opaco de estos millonarios recursos, al darse en un contexto que coincide con la inminente desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), y en el que aún no se establece con claridad qué entidad o entidades públicas asumirán sus funciones de garantizar la máxima transparencia ante solicitudes de información pública”, indicó la RECIAS.
En el posicionamiento se urgió que la sociedad civil sea tomada en cuenta y se transparenten los procesos de licitación de la obra pública a través de la creación de una comisión de seguimiento, tal como se comprometió el titular del Poder Ejecutivo durante la presentación de la iniciativa ante el Congreso del Estado.
Además, se invitó a crear un micrositio accesible para toda la ciudadanía, en el que se explique de manera suficiente cuáles serán las obras a realizar, los términos de sus contrataciones y su justificación social, entre otros aspectos relevantes.
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