Culiacán, Sin.- El Congreso del Estado de Sinaloa va por catalogar el abuso de autoridad como un delito penal.

En sesión ordinaria se dio lectura a dos iniciativas, una que propone establecer sanciones penales respecto de las y los servidores públicos que ostentando el cargo cometan abuso de autoridad a sus inferiores jerárquicos.

Esta iniciativa fue presentada por los diputados Rubén Miranda López y Daniel Antonio Cisneros Castro, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la anterior Legislatura, la 64, quienes proponen reformar las fracciones V y Vl, así como adicionar otra fracción del artículo 301 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de abuso de autoridad.

Este artículo establece las conductas de abuso de autoridad en que puede incurrir una persona servidora pública.

La nueva fracción que se propone establece que: ”El que en razón de su cargo, empleo o comisión y aprovechando, sin causa legítima ni justificación y aprovechando su superioridad jerárquica frente a un inferior jerárquico, tolere, autorice, intervenga, ordene o permita actos u obligue a subalternos a realizarlos que vulneren los derechos humanos reconocidos en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los establecidos en la Constitución Política del Estado de Sinaloa o cualquier otro ordenamiento jurídico que los reconozca”.

Los últimos casos que se presentaron por la vía penal por el delito de abuso de autoridad fue cuando se intentó juzgar a Jesús Madueña Molina y a Robespierre Lizárraga Otero, rector y director de asuntos jurídicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

La Auditoría Superior del Estado intentó auditar los recursos propios de la UAS, pero ambos funcionarios se negaron. Se les señaló de abuso de autoridad y fueron llevados a tribunales. Éstos recurrieron a una serie de amparos y ganaron, pues dentro del catálogo de delitos del fuero común no existe ese crimen en el orden penal.

El grupo parlamentario de Morena quiere introducir el abuso de autoridad como un crimen de orden penal, por lo que la iniciativa fue leída por el Congreso local y avanzará a comisiones.

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