Culiacán, Sin.- El gobierno de Sinaloa va por contratar deuda para poder construir 36 obras, con las que augura una reactivación económica. La promesa es hacerlo con total transparencia, pero el historial de Rubén Rocha Moya es de opacidad.

En un trabajo de Iniciativa Sinaloa se revisaron 27 puntos obligatorios de transparencia para licitaciones públicas, así como 24 para adjudicaciones directas, entre esos puntos está el que cuenten con contratos, fallos, bitácoras de obra, proyectos ejecutivos o el avance de las obras. Son puntos indicados en el artículo 4 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, cuyos resultados deben publicarse en el sitio de compras Compranet Sinaloa.

“Nos preocupa que el gobierno de Sinaloa mantenga el mismo nivel de opacidad”, advertía Marlene León Fontes, directora ejecutiva de la organización a medios de comunicación.

 

Los dichos los sostuvo luego de encontrar que de 66 licitaciones públicas hay 52 que ya fueron dictaminadas y debieron terminarse para el mes de diciembre. Entre todas ellas solo se cumple el 53 por ciento de las obligaciones de transparencia.

Entre esas obras, por ejemplo, hay una denominada “Canal revestido y ducto pluvial, en la localidad de La Higuerita, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa” que no cuenta con fallo ni contrato, pese a que debió darse a conocer a partir del 10 de octubre, cuando se celebró la sesión para la evaluación de propuestas, dictamen y fallo.

“Hay 15 obras que están pendientes de dictaminar sobre la contratación de empresas encargadas. De estas, solo se cuenta con el cumplimiento del 40 por ciento de las obligaciones de transparencia”, detalló León Fontes, añadiendo que hay cinco obras públicas que no cuentan con contrato (además de las 15 que siguen sin ser dictaminadas).

 

Otro de los hallazgos integrados en la investigación de Iniciativa Sinaloa es que durante 2024 se privilegió la contratación a través de adjudicación directa, es decir, el gobierno decidió a quién invitar y a quién darles las obras.

Adjudicaciones directas, el gran hoyo en la transparencia

 

En total, fueron 95 adjudicaciones directas que se celebraron en la Secretaría de Obras Públicas, pero solamente cumplen con el 31 por ciento de las obligaciones de transparencia.

Uno de los problemas más graves que se encontraron en las adjudicaciones directas es un posible caso de fracción de obras, es decir, cuando se hacen en partes para evitar concursos y otorgar las obras de manera directa, aunque las obras están relacionadas o son lo mismo.

En la revisión se encontró que hay 6 obras para rehabilitación de baños en la Unidad de Servicios Estatales del Estado (USE) en Culiacán, 4 de ellas fueron designadas a un particular de nombre César Modesto Sánchez López. Sumando las 4, dan un monto conjunto de 5.9 millones de pesos.

“Aquí se presume una posible fracción de obras, una situación que está prohibida en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas”, dijo la directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa.

 

Ciertamente, lo que dice la Ley es que esa acción se debe prevenir privilegiando en todo momento la licitación pública, pues el fraccionar obras es un posible delito por dejar en desventaja al resto de competidores.

Copia de pantalla de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

Aunque no es todo, ese mismo artículo también menciona que los montos máximos para la adjudicación directa se calculan por ser 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (unidad de medida en pesos establecida por el INEGI) más el impuesto sobre el valor agregado. Siendo así, el monto máximo para adjudicaciones directas en 2024 fue de 1 millón 889 mil 118 pesos.

Pero en el registro de Iniciativa Sinaloa, elaborado con datos de Compranet, saltan dos obras que superan con creces el monto máximo de adjudicación directa.

Se trata de la obra con nombre “​​Pavimentación de calle de acceso y calle de la iglesia en la localidad de Pichilingue, en el municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa” a cargo de la empresa Cribas y Edificaciones Las Flores y otra más denominada “Pavimentación de calle principal en el poblado Lomas del Guayabo, ubicado en el municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa” a cargo de la empresa Constructora Remco.

Ambas obras se asignaron por adjudicación directa, pero en ambos casos el monto fue superior a los 6.9 millones de pesos. En ninguna se dio una justificación para designar su contratación por Adjudicación Directa, aunque debió ser así si querían evitar el proceso de concurso.

Se quedan obras sin vigilancia ciudadana

 

Entre todas las obras revisadas con fallo y contrato suma un gasto de $1,249,826,350.82, quedando pendiente conocer cuál fue el presupuesto asignado en 16 obras pendientes de fallo y contrato.

Las 66 obras por licitación pública contaron con participación de testigos sociales, pero las 99 adjudicaciones directas no cuentan con una posibilidad similar. Lo más cercano es que en el comité conformado para la contratación de obra pública participen tres ciudadanos.

Sin embargo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción debió nombrar a las tres personas durante el 2024, algo que no pasó.

Incluso, ese comité, conformado por funcionarios públicos estatales, debería tener público los currículos y sus declaraciones de intereses, pero eso no existe de manera pública, por lo que a la fecha no podría saberse si hay familiares de funcionarios o empresas fundadas por ellos participando en los procesos de contratación.

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