Está corriendo el plazo para el registro de aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos como parte de un proceso que esta vez adquiere rasgos de máxima prioridad, debido a que la violencia en Sinaloa registra más de cuatro meses de alto impacto sostenido en la seguridad pública y las garantías constitucionales sin que asome el regreso de la tranquilidad y legalidad.

De acuerdo a la convocatoria publicada por el Congreso del Estado, entre los días 6 y 10 de febrero próximos habrá el correspondiente dictamen que será turnado a la Junta de Coordinación Política y sometido a votación del Pleno, estando hasta entonces la ciudadanía en posibilidad de evaluar la transparencia y conocer la idoneidad de quien resulte seleccionado.

La 65 Legislatura estatal tiene ante sí el reto de elegir al presidente de la CEDH que esté a la altura de la defensoría social que los ciudadanos necesitamos para los actuales tiempos de alta complejidad en materia de protección a la población, deterioro de la paz y desacato al Estado de derecho frente a las células del narcotráfico confrontadas desde el 9 de septiembre de 2024 al interior del Cártel de Sinaloa.

La crisis de seguridad pública necesita de decisiones firmes de parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que les regresen la certidumbre en los ciudadanos cuyas vidas y patrimonios están a expensas de criminales que crecen a partir de la debilidad de las instituciones que deben combatirlos, y en esto de la correcta definición de quién será el ombudsman de Sinaloa para el período 2025-2029 depende también la gobernabilidad.

El mecanismo de selección de quien estará al frente de la CEDH se encuentra bajo la lupa cívica que vigila el apego a la ley, que la determinación sea al margen de favoritismos políticos o de la operación del gobierno para tomar el control de la Comisión, permitiendo que prevalezcan trayectorias y voluntades al servicio de los sectores de mayor fragilidad en el contexto de garantías constitucionales convertidas en letra muerta.