Culiacán, Sinaloa.- “En ningún otro momento la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública había estado tan interesada en la renovación de un proceso como este”, declara Miguel Calderón Quevedo respecto a la próxima selección de la nueva presidenta o presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sinaloa (CEDH).

En medio de una crisis de violencia de alto impacto que suma ya más de 130 días y se acerca a los 800 casos de desaparición forzada, este proceso toma una relevancia nunca antes vista, reconoce Calderón Quevedo en entrevista para Espejo.

Esto debido a que la actual crisis de violencia ha generado ya una crisis de derechos humanos que mantiene a Sinaloa con cifras históricas, por ejemplo, en el delito de desaparición forzada.

“Si uno revisa los últimos 50 años de historia de Sinaloa no encontrará una cifra más alta que la que ha sucedido de septiembre a la fecha, y ahí hay un gran tema”, señaló Calderón. “¿Hasta qué punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos que termina su gestión en las próximas semanas ha atendido como se debe el tema?, ¿Hasta qué punto la próxima administración lo atenderá?”, se cuestionó.

Es está relevancia, añadió, la que obliga a las diputadas y diputados que elegirán al nuevo ombudsman del pueblo sinaloense a que tomen en cuenta no solo los requisitos legales del cargo, “sino también los requisitos extra legales que tienen que ver con la vocación, que tienen que ver con la experiencia, que tiene que ver con el compromiso, que tienen que ver con el accionar más allá de un presupuesto”, expuso el también Coordinador General del CESP.

Poco a poco, comentó, en Sinaloa se han ido creando instancias como la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), la Comisión Estatal de Búsqueda, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la subsecretaría de Derechos Humanos y la misma Fiscalía General del Estado y sus vice fiscalías.

Sin embargo, añadió, estas trabajan cada quien por su propio lado, cuando lo que en realidad requerimos los sinaloenses es una profunda articulación de este sistema de derechos humanos.

“Hay todo un andamiaje que está esperando una articulación, que está esperando una debida coordinación que hoy, a nuestros ojos, no se ha dado. Cada quien está trabajando en su parcela, pero poco se observa esa articulación”, lamentó.

En este punto, opinó, la nueva persona presidenta de la CEDH estaría llamada a ser un ente que lidere y articule todo este andamiaje institucional que actualmente está siendo desafiado por el clima de inseguridad.

“Que esa persona tenga una vocación, que tenga un compromiso, que tenga una historia y que tenga esa posibilidad de liderar todo un sistema de derechos humanos que está siendo retado, que está siendo desafiado”, añadió.

 

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Desde el pasado 9 de septiembre a la fecha, Sinaloa vive un proceso histórico en el que, señala Miguel Calderón, más fuerzas militares se han asentado en Sinaloa, en el que se tiene un mayor registro de desapariciones forzadas, y que ha generado que la tasa de homicidios dolosos se vea triplicada en comparación con los primeros meses del 2024.

Sin embargo, en los más de 130 días de violencia continuada que sufrimos los sinaloenses, se han observado diversas etapas en cuanto al ejercicio de la violencia. Si en un inicio la violencia de alto impacto se concentró principalmente en Culiacán y sus alrededores, pronto está fue abarcando también amplias zonas rurales tanto de la zona serrana como costera.

Más recientemente, consideró, la guerra está enfocada en objetivos particulares. “A domicilios, a espacios vulnerables, a negocios que estén ligados justamente con la dinámica de ellos, a la afectación patrimonial de sus capacidades”.

En está evolución, Calderón plantea que un escenario posible para el actual conflicto, es que este pase de una guerra de alta intensidad a una guerra de baja intensidad.

“Como una especie de guerra de guerrillas en las que se hacen agravios mutuos y en las que la fecha límite para eso es hasta que alguien se debilite de manera extrema, y alguien pida alguna tregua; adicionalmente a las estrategias de gobierno”, consideró.

“Si uno observa cómo va la evolución de estos delitos, se puede observar que el mes de mayor incidencia fue octubre, que noviembre tuvo una ligera baja, que diciembre tuvo una pequeña ligera baja, y la expectativa de nosotros es que, de acuerdo con este despliegue de fuerzas gubernamentales, ya en febrero y marzo tengamos unas cifras muy similares al principio de 2024”, añadió.

Sin embargo, el regresar a las cifras de homicidios de principios del 2024, de alrededor de 50 homicidios mensuales, tampoco es una meta final para la Coordinación del CESP.

“Pero al menos hay que regresar a esos números para entonces replantearnos la agenda que teníamos, y que tenía que ver con una serie de criterios para crear un real Sistema Estatal de Seguridad Pública, fuerte, capaz, que pueda enfrentar este tipo de desafíos y los que vengan después”, consideró al reconocer que instituciones como las policías municipales, estatal y ministerial, e incluso la Fiscalía General de Sinaloa, son instituciones débiles.

“Si hoy el Gobierno Federal nos descobija, pues nos quedamos muy vulnerables”, reconoció.

 

Pero esto, añadió, no tiene solo que ver con un mayor presupuesto o capacitación, sino que aquí aparecen otros elementos como el nivel de transparencia y de corrupción al interior de los organismos encargados de la seguridad en Sinaloa.

“Algo no hicimos del primer Culiacanazo al segundo Culiacanazo, y algo no estaremos haciendo si esto se repite en el futuro en medio de esta crisis. Y hoy, justamente la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una gran oportunidad”, advirtió.

“Que los diputados, las diputadas, sepan que hay una sociedad observando el proceso, pero que también hay una expectativa. Y que si esa persona que elijan no cumple la expectativa, estarán quedándonos a deber a nosotros como sociedad”, puntualizó.

 

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