Los derechos humanos de los sinaloenses, víctimas de una guerra que no cesa

Sinaloa.- Desde el 9 de septiembre de 2024, el estado de Sinaloa, particularmente Culiacán, vive una crisis de derechos humanos derivada del conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa. Este escenario ha impactado profundamente a más de un millón de personas, vulnerando al menos seis derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En Sinaloa, los derechos humanos fundamentales están siendo violentados de manera alarmante en el contexto de una guerra que ha transformado la vida de miles de ciudadanos. Desde el inicio del conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa, el pasado 9 de septiembre de 2024, no solo se ha incrementado la inseguridad, sino también el impacto directo e indirecto sobre la población en aspectos físicos, emocionales, económicos y sociales.

Derechos humanos afectados en Sinaloa

Derecho a la vida, libertad y seguridad personal (Artículo 3): Los constantes enfrentamientos armados han generado temor y han puesto en riesgo la integridad física y mental de la población. La inseguridad en las calles ha limitado las actividades cotidianas, alterando la tranquilidad de las personas.
Derecho a circular libremente (Artículo 13): Toques de queda autoimpuestos, bloqueos de carreteras y enfrentamientos han restringido la movilidad de los sinaloenses, afectando su libertad de tránsito en el estado.
Derecho al trabajo y condiciones laborales dignas (Artículo 23): Comerciantes, meseros, músicos y conductores de aplicaciones han sido directamente afectados por la violencia. Algunos han recibido amenazas para no laborar, mientras otros han visto disminuidos sus ingresos debido al miedo y la falta de clientes.
Derecho a la seguridad social (Artículo 22): La violencia ha intensificado la precariedad económica, dificultando el acceso a servicios esenciales como salud y vivienda, lo que agrava la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Derecho a la educación (Artículo 26): La suspensión de clases por motivos de seguridad ha afectado a estudiantes de todos los niveles, limitando su desarrollo académico y psicológico. Niños y jóvenes han sido marcados por el trauma de vivir en un entorno de constante peligro.
Derecho a la protección contra el desempleo (Artículo 25): Las condiciones de violencia han orillado a muchas personas a abandonar sus empleos o enfrentar despidos, exacerbando la crisis económica en la región.

La Dra. Alma Luz Bernal, Defensora Internacional de Derechos Humanos, subraya que en Sinaloa no se necesita ser víctima directa de un delito para sufrir las consecuencias de esta guerra. “Si escuchas una balacera y sientes ansiedad, ya estás siendo víctima”, señala. Sin embargo, critica que las instituciones gubernamentales no reconozcan de manera proactiva a la población como víctima de esta violencia estructural.

Por su parte, el defensor de derechos humanos Óscar Loza Ochoa destaca que esta crisis no solo afecta a quienes han perdido la vida o han desaparecido, sino a toda la población de manera transversal.

“Niños que dejan de ir a la escuela por miedo, comerciantes que pierden sus negocios o familias desplazadas por la violencia son ejemplos claros de una emergencia humanitaria que no debe ser ignorada”, advierte.

En medio de esta crisis, los sinaloenses enfrentan una realidad que no debería ser normalizada: miedo constante, restricciones a su libertad y una sensación de abandono por parte de las instituciones. Mientras el conflicto persista, los derechos fundamentales seguirán siendo un tema pendiente, y con ello, la dignidad de un millón de personas en Culiacán y otras regiones de Sinaloa seguirá vulnerada.

La situación demanda una respuesta contundente del gobierno y una participación activa de la sociedad para exigir soluciones reales. Es momento de reconocer que, en esta guerra, no solo se libra una lucha por el control del territorio, sino también por la dignidad y los derechos de quienes habitan en él.