De Facebook al Mercado de Sonora: aseguramientos por tráfico de especies cayeron 40.3% en el sexenio de AMLO

Por Patricia Ramírez

 

Ciudad de México.- La categoría de Facebook señala “tienda de golosinas”, pero la descripción dice “en esta página compras y vendes animales rápido y fácil”. Una búsqueda de segundos basta para que la red social encuentre decenas de grupos en los que se comercializan especies de todo tipo. Hay imágenes de huevos de tortuga, “periquitos” en jaulas donde sólo pueden moverse unos centímetros y hasta una pastora alemana amamantado a seis cachorros con el comentario “próximos a la venta”.

Mientras tanto, en un mercado de la Ciudad de México se apilan perros, gatos, gallinas y loros en diferentes jaulas. Algunos para llevar a casa como mascotas, otros en los pasillos de artículos de santería. En otra búsqueda más específica se encuentran hasta caimanes o leones con sólo unos meses de vida. “No hay necesidad de tener papeles”, dicen los locatarios.

Detener estas dos modalidades del tráfico de especies se ha convertido en un reto para las autoridades y las organizaciones de rescate animal. Se trata de un negocio internacional que genera más de 20 mil millones de dólares al año, siendo el segundo delito más redituable después del tráfico de drogas.

En México, uno de los países con mayor biodiversidad, los esfuerzos no alcanzan para hacer un decomiso. Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los aseguramientos de vida silvestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se redujeron 40.3% entre 2019 y 2024 (tomando 2019 como partida por ser el primer año calendario de gobierno del exmandatario).

Al mismo tiempo, disminuyó el presupuesto, el número de personal, las capacitaciones, los equipos para trabajo y, con ello, aumentaron las modalidades y rutas para traficar con la vida silvestre.

“Nos matan”

“Ha avanzado bastante y nosotros nos estamos quedando muy atrás”, responde María, inspectora en la Profepa, cuando se le pregunta por el tráfico de especies durante los últimos años. Por motivos de seguridad, se ha cambiado su nombre para este reportaje.

“Es complicado que seamos tan pocos inspectores. También están los recortes (presupuestarios) en gasolina para recorridos, incluso en el presupuesto para el mantenimiento de los animales. Nos está pegando bastante y los traficantes nos están ganando terreno. Además de lo fuerte que está (la compraventa) en las redes sociales”, lamenta la inspectora.

Durante la entrevista, María reconoce que tras años de trabajo en la Profepa estuvo a punto de renunciar hace unos meses. Sus motivos iban desde el desgaste emocional hasta tener que pagar por su cuenta el material para los ejemplares recuperados. En 2024, la institución sólo les dio una red, unas pinzas, una cubeta herpetológica (para manejo de reptiles) y un par de trampas para jaulas.

A esto se suman años de gobiernos donde los encargados de las sanciones a traficantes escatimaron los casos. Recuerda que en una ocasión, como parte de su investigación sobre el tráfico de especies en redes sociales, citó a una persona que se dedicaba a la venta ilegal y esto casi le cuesta ir a prisión.

“Me dijeron que eso era apología del delito y que yo, como servidor público, estaba haciendo abuso de autoridad, que nosotros en Profepa no podemos hacer ese tipo de investigaciones. Así que mejor mandé toda la información de varios traficantes que están en redes sociales a la Policía de Investigación… Su respuesta mediante oficio fue que ‘toda vez que no es certeza de que los ejemplares existan, no podrá realizarse la investigación’, entonces no sé qué hacer”, narra María.

Para la inspectora, las autoridades superiores y jurídicas convirtieron el trabajo de la Profepa en “una cacería de brujas” contra el mismo personal. “En lugar de centrarse en lo importante que era detener a un traficante, se enfocaron en decirnos ‘es que todos ustedes hacen mal las cosas’”.

De 2018 a 2024 disminuyó el personal dedicado a la inspección federal de la Profepa. De acuerdo con una solicitud de información vía transparencia, el sexenio inició con 489 inspectores y terminó con 480. Lo que representa un promedio de 15 personas por estado.

Aunque la distribución de inspectores es equitativa, ya que se dividen estratégicamente según el estado, las entidades con mayor número de personal son: Ciudad de México y el área metropolitana, Sonora, Michoacán, Chiapas, Chihuahua, Campeche y Veracruz.

María señala que a pesar del escaso personal, sobre sus hombros recaen las funciones de inspección, investigación, revisión de animales, recorridos de vigilancia, realización de operativos, e incluso, de recepción de ejemplares de rescate que es responsabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La reducción del personal también ha impactado en la eficiencia de diversas actividades. En la Ciudad de México, que se ha convertido en el epicentro del tráfico de especies, es común que durante los operativos en lugares como el mercado de Sonora “se filtre información” y no encuentren a los responsables o que los inspectores prefieran no entrar sin el acompañamiento de otras autoridades como la policía capitalina o la Guardia Nacional para evitar agresiones de los locatarios.

“‘Que entren y los detengan’, podría decirse así, pero es muchísimo más difícil”, dice María cuando se le pregunta sobre la detención por venta de vida silvestre en el mercado de Sonora. “Un colega de Profepa Metropolitana me decía: ‘Si intentamos entrar nosotros, nos matan’. Y tal cual, eran cinco, lo intentaron una vez y salieron todos golpeados”.

No hay registro puntual de los agravios a personal de Profepa, pero en 2022, el tercer año con menos aseguramientos durante el sexenio de López Obrador, se dio a conocer en medios locales que un grupo de inspectores fue amenazado y agredido por una veintena de locatarios que vendían loros y pericos dentro del mercado de Mixhuca, en la Ciudad de México.

Las cifras del problema

En México, los reptiles ocupan el primer lugar en el tráfico de vida silvestre. De acuerdo con solicitudes de información realizadas vía transparencia a la Profepa, de 2019 a 2024 se realizaron alrededor de 6 mil 225 aseguramientos en los que se encontraron más de 125 mil 700 especies silvestres de flora y fauna.

Del total de ejemplares en ese periodo, más de 41 mil 600 eran tortugas marinas y terrestres. Algunas otras especies que lideran la lista son el pepino de mar, la palma chit y el cedro rojo.

Los aseguramientos consisten en la detención por tener un ejemplar de vida silvestre, mientras que el decomiso ocurre cuando una autoridad jurídica determina si a dicha persona se le retirará el ejemplar o no. Esto último dependerá de factores como la irregularidad cometida y la condición física de la especie.

En una revisión de los casos de aseguramientos más emblemáticos, en 2023 se realizaron cuatro aseguramientos en los que se hallaron 2 mil cocodrilos Moreletii, también conocidos como de pantano o mexicanos, en Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

Las UMAs surgieron como predios destinados voluntariamente al aprovechamiento sustentable de las especies silvestres. Sin embargo, especialistas consultados para este reportaje señalan que también han servido como zonas para facilitar el tráfico de especies.

“La Semarnat dio permisos (para UMAs) a diestra y siniestra y sin la capacidad de realizar una verificación. En teoría, todas las UMAs deberían presentar informes, pero estos no se verifican. Y al momento de las revisiones o de los aseguramientos, la Profepa no tiene las condiciones adecuadas para los aseguramientos. Confisca y, a veces, los animales se quedan en la misma propiedad porque no tiene personal ni a dónde llevarlos, cómo transportarlos y cómo mantenerlos”, señala Alejandro Olivera, representante en México del Center for Biological Diversity.

Sobre las entidades, la Ciudad de México y el Estado de México, principalmente los municipios que conforman el área metropolitana de la capital del país, concentran la mayor cantidad de aseguramientos. A estas entidades le siguen Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Baja California.

“La capital (Ciudad de México) es como el host para la distribución de especies, es donde están muchos traficantes y es donde tenemos no sólo el acceso digital, sino los mercados tradicionales que han estado por años vendiendo animales como el Mercado de Sonora, el Nuevo San Lázaro o el de peces y mascotas (Mixhuca)”, explica Olivera.

Esfuerzos y voluntad

“Dentro de las cosas importantes que nosotros hemos detectado es que el tráfico de especies no ocurre porque la gente tenga una necesidad de subsistencia, es decir, el tráfico no está ocurriendo por una persona que fue, bajó un nido y de eso sacó provecho, sino que es una red de tráfico, estamos hablando de crimen organizado”, señala la médico veterinario Elsy Cabrera Baz, directora general de la asociación civil TIVÚ.

Desde hace más de siete años, Cabrera Baz y un grupo de compañeros de profesión consolidaron TIVÚ, que opera en Chiapas para el rescate y la rehabilitación de fauna silvestre. En el proceso, han enfrentado el tráfico de animales.

“Tenemos trabajo en zonas de Áreas Naturales Protegidas donde hay conflictos porque una comunidad le entró al tráfico de especies y la otra está protegiendo a la fauna silvestre”, explica la directora general de TIVÚ A.C.

Asimismo, trabajan en coordinación con autoridades como la Profepa, desde reportando la compraventa ilegal hasta recibiendo ejemplares de algún decomiso para revisar su salud y ayudar en su recuperación.

“También ahí viene un tema importante, la mayoría de los ejemplares que son producto del decomiso pocas veces tienen oportunidad de retornar a la naturaleza y no porque no tengan la condición física, sino porque la rehabilitación es muy cara y pocos sitios que reciben a estos animales tienen las condiciones o características para poder realizar la rehabilitación”, señala Cabrera Baz.

Para la directora general de TIVÚ A.C. es indispensable que exista una vinculación entre diversas autoridades para reducir el problema. Lo que representa una coordinación a la que las asociaciones civiles dedicadas a la fauna silvestre contribuyan desde otras aristas como la educación ambiental contra la compra de animales.

“Pero obviamente si no hay voluntad política, pues difícilmente se van a poder hacer estas cosas, ¿no?”, cuestiona Cabrera Baz.

María, la inspectora de Profepa, coincide en que para avanzar en la problemática será necesario que exista voluntad política de la nueva administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Parece que sí se quiere trabajar y esperemos que sí hagan el cambio en esta situación porque lo que sí necesitamos urgente es el cambio de la legislación para que nosotros podamos hacer retenes, para que podamos investigar en redes sociales, para que se nos capacite, para que se contrate más personal. Mientras tanto, aquí vamos a seguir en lo que se pueda”, concluye la inspectora.