Culiacán, Sinaloa.- El pasado 11 de febrero, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) abrió un mecanismo para que las y los universitarios puedan realizar aportaciones de manera voluntaria, para apoyar a los ex integrantes de los Comités de Adquisiciones de la UAS, quienes deben pagar 20 millones de pesos como medida de reparación del daño para que se suspendan los procesos penales en su contra.

Se trata de Héctor Melesio Cuén Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Ismael García Castro, Norma Alicia Aguilar Navarro, Manuel de Jesús Lara Salazar y Salvador Pérez Martínez, quienes fueron señalados por presuntas compras irregulares por más de 500 millones de pesos.

En redes sociales circulan fotografías donde universitarios comparten los donativos que han realizado con el fin de apoyar a los funcionarios acusados del delito de desempeño irregular de la función pública. Estas fotografías han creado controversia y comentarios de crítica en redes sociales de personas que ponen en duda la legalidad de esta situación.

El abogado y ex magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gilberto Plata, explicó que existe una “zona gris” en el marco legal que le permite a la universidad realizar ciertas operaciones financieras que no están explícitamente prohibidas ni reguladas con claridad, como en este caso el recibir aportaciones para los funcionarios bajo proceso.

“Esta situación de recaudar para una intencionalidad que técnicamente hablando no es inherente a los fines y propósitos de la universidad, cae desde mi punto de vista en una zona gris porque no hay de por medio recursos públicos, ni se mezclan con recursos públicos que es a donde ha apuntado la preocupación del legislador para generar mecanismos de prevención y de sanción ante el incumplimiento de dichos recursos”, dijo.

 

Indicó que en términos jurídicos, la UAS tiene facultades para contar con este mecanismo de donaciones, pero el problema recaería en caso de que este recurso se mezcle con dinero público de la institución.

“Jurídicamente hablando da la posibilidad para llevar este tipo de acciones siempre y cuando se haya tenido, que es cosa que desconocemos, el cuidado de no mezclarlo con recursos públicos, que no sean en las cuentas que están reservadas para el cumplimiento de estas obligaciones”, agregó.

 

Explicó que la UAS cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que le permite tomar decisiones de manera autónoma

“Se tiene que revisar la legalidad”, señala el CPC

 

Rosa Elvira Jacobo, presidenta del Comité del Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa, mencionó que están evaluando solicitar un informe correspondiente al caso de la UAS.

Dijo que se tiene que analizar la legalidad de esta situación, pero ya será la autoridad correspondiente quien deberá determinar si la UAS puede gestionar estos donativos y si existe alguna prohibición legal para que terceras personas realicen estos pagos en nombre de los ex funcionarios que están bajo proceso.

“Se tiene que revisar la legalidad, el que se verifique en el propio Código Nacional u otros organismos legales que se prevea alguna prohibición para que terceras personas puedan depositar esa cantidad o alguna cantidad de dinero por concepto de suspensión condicional del proceso en representación de alguno de los imputados, porque pues eso es la etapa en la que están y es por eso que se están están solicitando estas aportaciones”, dijo.

 

Por su parte, el rector, Jesús Madueña Molina y los abogados de la universidad han defendido en todo momento la legalidad de estas aportaciones, señalando que son aportaciones voluntarias.

“Esa cantidad (los 20 millones de pesos) se le aporta a la víctima o a la parte ofendida, en este caso quien fungió como parte ofendida o como víctima fue la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces, esos recursos en esa audiencia se comprometieron a depositarse a la UAS y como tal se realizó una solicitud a la secretaría de administración y finanzas”, dijo Milton Ayala, abogado de la universidad.

El rector informó que al reunirse el recurso, la UAS emitirá una constancia y será entregada al Poder Judicial.

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