Sinloa.- Ante la reciente primera lectura de la iniciativa de ley que busca penalizar las agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en Sinaloa, y en la que se desestima la creación de una Fiscalía Especializada, Iniciativa Sinaloa presentó una solicitud para que se cumpla con lo que estipula el artículo cuarto transitorio de la ley que busca proteger a estos sectores de la población.
Sibely Cañedo, Coordinadora de Proyectos de Iniciativa Sinaloa, explicó que en mayo de 2022 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la aprobación de la creación de una Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Desde entonces, se hicieron efectivos los 60 días de margen en los que se debía dar cumplimiento con este decreto, lo cual no sucedió.
Enfatizó que ahora el Congreso del Estado de Sinaloa busca cambiar la ley y proponer que sea la Fiscalía General del Estado, a través de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, quien modifique su ley orgánica interna para que esta figura tenga las atribuciones que debería tener la fiscalía.
“De acuerdo con la propia ley, estaba establecido que la Fiscalía debía crearse 60 días después de la publicación de la ley. Sin embargo, ha permanecido esta omisión legislativa, por lo que hemos realizado algunas acciones”, dijo la también periodista.
Denunció que no se ha visto disposición por parte de la autoridad para darle estructura y crear esta figura, por lo que recurrieron a presentar una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Por su parte, la periodista América Armenta, precisó que la solicitud de la creación de una fiscalía especializada surgió desde la ciudadanía, de ambos gremios que estuvieron en constante colaboración para que esta fuera la figura encargada de defender su labor y garantizar justicia para quienes han sido agredidos en esta tarea.
“Queremos reiterar también que la solicitud de la creación de una fiscalía especializada en delitos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos surgió de la ciudadanía, de ambos gremios que trabajamos durante años para que existiera esta figura. Por eso, queremos reiterar que debe existir una Fiscalía Especializada y no otra figura que pueda proponer el Congreso o la misma fiscalía. La ley así lo establece”, comentó América Armenta.
Aseguraron que, actualmente, se han registrado más de 150 agresiones contra estas personas, las cuales han quedado impunes debido a la falta de un ente que investigue y garantice el acceso a la justicia para quienes las han sufrido. Dichas agresiones van desde amenazas y daños patrimoniales, hasta ataques directos a medios de comunicación con armas de fuego.
Cabe mencionar que, durante la sesión pública ordinaria celebrada el pasado martes 25 de febrero por la Diputación Permanente, se dio la primera lectura a la iniciativa de ley que busca penalizar las agresiones contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en Sinaloa. A esta se le solicitó darle trámite con una sola lectura.
Fue la diputada de Morena, Arely Berenice Ruiz López, quien solicitó aprobar de manera exprés esta iniciativa, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para ser aprobada en una sesión extraordinaria este próximo jueves 27 de febrero.
Es importante mencionar que en esta iniciativa se desestima la creación de una Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, basándose en que actualmente la Fiscalía General del Estado cuenta con una Vicefiscalía de Derechos Humanos.
Asimismo, se obliga a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a realizar las modificaciones correspondientes a su reglamento para establecer las facultades en atención e investigación de las agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, sin afectar ni requerir el uso de presupuesto adicional para llevar a cabo dicha tarea. Estas modificaciones deben realizarse en un plazo que no exceda los 60 días posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto.
Esta iniciativa fue presentada por las diputadas Erika Rubí Martínez Rodríguez, Karina Isabel Franco Meza, y los diputados Pedro Alonso Villegas Lobo y Ambrocio Chávez Chávez, integrantes del grupo parlamentario de Morena, y la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, integrante del Partido Verde Ecologista de México.
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