¿Y después de Teuchitlán qué? Gobiernos cómplices de desapariciones forzadas

Debido a la presión ejercida por ciudadanos y organizaciones nacionales que se movilizaron y pronunciaron sobre el hallazgo de un campo de exterminio operado por el narcotráfico en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el lunes una serie de acciones y reformas a leyes para combatir el fenómeno de las desapariciones forzadas en México.

En el clásico comportamiento del Gobierno de “muerto el niño, a tapar el pozo” la Mandataria desplegará en los próximos días un plan para atender el problema que durante años ha estado a la vista del Estado mexicano y ha recibido respuestas a medias, preocupación fingida y reacciones que por emerger en medio de las protestas llegan con poca credibilidad y confianza a las autoridades.

Los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos se han declarado en pie de lucha para que las autoridades federales y estatales realicen “una investigación inmediata e independiente sobre el hallazgo en Teuchitlán”, de la cual resulte las sanciones a los responsables de este tipo de violencia así como a aquellos que por omisión y encubrimiento de desapariciones masivas, reclutamiento forzado, tortura y asesinato.

Sheinbaum salió el 17 de marzo a presentan su estrategia frente a esta crisis de inseguridad dando a conocer el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, equiparar el delito de desaparición forzada con el de secuestro, establecer el Registro Nacional de Población e Identidad como única fuente para generar fichas de búsqueda e implementar la Base Nacional Única de Información Forense, entre otras.

Sin minimizar la importancia de las medidas dadas a conocer por la presidenta, resalta la indignación de las familias de las víctimas y asombro de la ciudadanía en general debido a que los campos de exterminio, que se presume existen en otras zonas del país, operan bajo la complicidad por acción u omisión de instituciones y quienes las dirigen pues de otra manera no hubieran escalado al escándalo que son hoy. Y aquí está bien que el Gobierno de México dé a conocer soluciones, pero antes tendrá que llevar ante la justicia a los delincuentes que en Teuchitlán incurrieron en barbarie inimaginable e intolerable.