Ciudad de México.- La fiscalía general de Jalisco no realizó ni las mínimas diligencias ministeriales que le correspondían, como procesamiento de huellas, identificación de prendas o identificación del propietario, tras su conocimiento de la existencia del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, aseguró en conferencia el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
Entre septiembre y octubre del año pasado, precisó, no se realizó el rastreo de indicios o huellas de los hechos, no se cumplió con el registro e identificación de lo hallado –sobre todo prendas de vestir y calzado abandonados—, no se procesaron los vehículos encontrados, tres de los cuales ya han sido robados, y no se dio intervención inmediata a la Fiscalía General de la República por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre, y delincuencia organizada.
El Centro Prodh teme que la FGR no considere todas las líneas de investigación posibles.
Además, acusó que no se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar, no se ordenó la inmediata identificación de huellas dactilares, y seis meses después de tener conocimiento por primera vez, los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados.
Aunque el fiscal general también aclaró que la fiscalía estatal todavía no hace llegar los expedientes completos a la Fiscalía General, y aún está a la expectativa de recibir toda la carpeta de investigación, afirmó que sí se hallaron en el rancho restos humanos, pero será necesario esperar a que la dependencia federal atraiga y desarrolle la investigación para afirmar si se trataba de un crematorio.
La fiscalía local, explicó Gertz, tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que, en forma directa, vinculen a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que debieron haber estado sometidas a temperaturas entre 800 y mil 200 grados centígrados, “lo cual necesariamente debe dejar huellas periciables de ello”.
Por otro lado, informó que no se han establecido con toda precisión vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con cárteles delictivos que operan en la región, aunque diversas personas secuestradas en el inmueble lo declararon. En tanto, elementos de la policía de Tala, cercana al lugar, sí lo hicieron y uno de ellos se encuentra detenido.
“Declaraciones semejantes se han encontrado en carpetas locales, que no fueron integradas a la investigación de este caso”, agregó el fiscal general. Además, no se le dio seguimiento cabal a la declaración de una de las víctimas, respecto a que las prendas de vestir eran de quienes habían reclutado y adiestraban en ese sitio. Reveló también que identificaciones encontradas recientemente correspondan a miembros de cárteles criminales que ya fueron detenidos en otras entidades.
“Después de las diligencias ministeriales locales, dicho inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que se hallaba asegurado por el Ministerio Público local. Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes y la posesión o propiedad actual del inmueble”, dijo. Por otro lado, no se tomó declaración inmediata al presidente municipal, al secretario general y al secretario de Seguridad Pública del municipio de Teuchitlán.
De hecho, el presidente municipal de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, declaró la semana pasada a Animal Político que él no tenía conocimiento alguno de la existencia del rancho, y pidió que la investigación empezara desde arriba. “No tenía información si estaba, mucha gente dice que mucho más atrás ya estaba funcionando, pero la verdad no tenemos así como la fecha o el dato de qué tiempo tenga”, dijo entonces.
Aunado a ello, no se levantaron actuaciones testimoniales de vecinos, ni de personas posiblemente vinculadas. “En vista de todo lo anterior, se le ha requerido a las autoridades del estado que, con carácter urgente, hagan entrega a la Fiscalía General de la República de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso; a fin de que esta Institución establezca lo procedente”, dijo el fiscal.
Recordó que el hallazgo se dio a partir de que la Guardia Nacional acudió al lugar por una denuncia anónima –que en realidad fue una solicitud del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco—, y posteriormente dio vista al ministerio público local, que cuenta con autonomía técnica, pero se investigará también sí se cometió alguna irregularidad de acuerdo con la cadena de mando.
“Todas las hipótesis deben explorarse”: Centro Prodh
Tras el informe de la autoridad federal, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) externó su preocupación de que si se produce la atracción del caso por parte de la FGR, exista un sesgo que no considere todas las líneas de investigación posibles, y únicamente trate el hallazgo en el Rancho Izaguirre como un campo de entrenamiento.
“Todas las hipótesis deben explorarse, incorporando la información contextual disponible”, expresó en redes sociales, y remarcó que la presentación que hizo la FGR fue “pobre” al carecer de un análisis de contexto y no hacer un uso intensivo de la tecnología.
Con respecto a las líneas de investigación, el Centro Prodh apuntó que la Fiscalía jalisciense no procesó adecuadamente el sitio durante las primeras diligencias e incurrió en negligencias, de tal manera que “las líneas de investigación clave no se siguieron”.
Por último, la organización recalcó que el Banco Nacional de Datos Forenses no está funcionando como dicta la ley, a pesar de que el fiscal general aseguró durante la conferencia de prensa que opera desde 2023 y no se contrapone a las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum que proponen un nuevo mecanismo con las mismas características.
Por otro lado, el Centro Pro rechazó que la autoridad no estuviera obligada a informar sobre el número de casos de desaparición que conoce. Esto debido a que en la conferencia, el fiscal general argumentó que era otra la autoridad responsable de llevar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; sin embargo, la fiscalía debe contar con el dato del número de carpetas abiertas.
“No se han incorporado registros como el Sistema Actualizado de Identificación de Huellas Dactilares. La Crisis de Desapariciones de México necesita otra justicia”, añadió el Pro.
Con información de Tamara Mares.
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