Sinaloa.- En la sesión extraordinaria número 48, celebrada el pasado 18 de marzo, el Congreso local aprobó la creación de una comisión especial encargada de vigilar el uso del mega crédito de 2,300 millones de pesos solicitado por el gobernador Rubén Rocha Moya. Esta deuda, autorizada previamente en enero, tiene como objetivo financiar diversas obras en los municipios del estado, con el compromiso de generar 17,000 empleos directos y 10,000 indirectos, beneficiando a cerca de tres millones de personas.

Sin embargo, la promesa de crear una comisión que supervisara el uso de estos recursos, impulsada inicialmente por ciudadanos y organizaciones no gubernamentales para prevenir posibles actos de corrupción, se cumplió de manera parcial. A pesar de las demandas para que se incluyera a la sociedad civil, la comisión estará conformada exclusivamente por 10 diputados, sin representación de ciudadanos ni de organizaciones especializadas en transparencia.

Para Sibely Cañedo, coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa, esta falta de inclusión genera preocupación. La activista destacó que desde el anuncio del crédito, diversos sectores pidieron que el proceso se hiciera de manera transparente, incluyendo mecanismos de vigilancia ciudadana. No obstante, esa solicitud no fue atendida.

“Ya habíamos advertido que no se incluiría a la ciudadanía, ni siquiera a las organizaciones como Iniciativa Sinaloa u otras especializadas en transparencia y rendición de cuentas. Sabíamos que se trataba de una decisión de la JUCOPO, pero ahora vemos que ya fue aprobada por el Congreso en pleno y eso nos preocupa, porque no sabemos cómo operará ese mecanismo de vigilancia”, comentó Cañedo.

La investigadora también expresó que el mecanismo aprobado parece una respuesta a las críticas, pero carece de claridad sobre cómo se implementará, lo que genera aún más incertidumbre.

“Parece más una medida para calmar los señalamientos, pero no vemos un plan concreto de cómo se llevará a cabo el seguimiento. Esto no nos genera confianza”, agregó.

Cañedo subrayó que es urgente que se haga público el mecanismo de vigilancia para garantizar la transparencia, especialmente porque ya han comenzado los procesos de licitación para las obras y la creación de la comisión es relativamente reciente.

 

“El acompañamiento no debe verse como intromisión”: CPC Sinaloa

Por su parte, Lucía Irene Mimiaga León, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción en Sinaloa, destacó que para una sociedad que ha sido testigo de múltiples escándalos de corrupción, la búsqueda de transparencia es más que una exigencia: es un derecho.

“Nosotros solicitamos a varios diputados de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), así como a su presidencia, que se incluyera a los ciudadanos en esta comisión especial. Sin embargo, la comisión se conformó solo por legisladores, sin que se especifique cómo se llevará a cabo el seguimiento ni cómo la ciudadanía podrá acceder a esa información”, explicó Mimiaga León.

La también periodista insistió en que los gobiernos deben entender el cambio social que está ocurriendo en el país, donde la ciudadanía exige transparencia tras haber sido testigos de corrupción en todos los niveles de gobierno.

“Es fundamental que los gobiernos reconozcan que el acompañamiento ciudadano en las acciones gubernamentales no debe ser visto como una intromisión, sino como parte natural de una democracia donde es normal cuestionar y exigir que se abran espacios de participación”, expresó Mimiaga León.

Cabe recordar que el pasado 5 de marzo, el CPC emitió un pronunciamiento en el que proponía un modelo de seguimiento al crédito millonario con la participación de organizaciones especializadas en transparencia y rendición de cuentas. Además, se solicitó la apertura de nuevos espacios de gobernanza para fortalecer la coordinación entre la ciudadanía y el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa.

¿Quienes conforman esta comisión especial de seguimiento?

credito-comision

Comisión de vigilancia del mega crédito.

La comisión especial que vigilará el uso del mega crédito de 2 mil 300 millones de pesos estará integrada por los siguientes 10 legisladores:

-María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Morena)

-Rodolfo Valenzuela Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista

-Bernardino Antelo Esper, del PRI

-Roxana Rubio Valdez, del PAN

-Víctor Antonio Corrales Burgueño, del PAS

-Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano

-Moncerrat López López, del PT

-Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva (Partido Verde Ecologista)

-Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración (Morena)

-Eligio López Portillo, presidente de la Comisión de Fiscalización (Morena)

Esta conformación ha generado debate y preocupación entre ciudadanos y organizaciones, quienes aseguran que la inclusión de entes especializados en transparencia habría sido crucial para asegurar la correcta supervisión del uso de estos recursos públicos.

 

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