El Fuerte.- Un metro de altura respecto a las casas de sus vecinos hacen la diferencia entre tener agua o no para Rosalba Herrera, habitante de la comunidad de Las Higueras de Los Natoches, en el municipio de El Fuerte, al norte de Sinaloa.

El que su hogar esté ubicado a las faldas de una loma le niega su derecho de acceso al agua, pues a pesar de contar con una conexión a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF), a veces dura hasta dos semanas sin que la manguera con la que llena sus tambos y cubetas le brinde el recurso tan necesario para la vida cotidiana.

“Ahí está la manguera, ahí la tengo tirada, abierta por si acaso llega para darme cuenta. Más de dos semanas, como 15 días tengo ya sin agua”, denunció la mujer.

A unos cuantos metros de distancia varios de sus vecinos sí cuentan con el servicio, aunque también de manera limitada e intermitente. El agua a veces va, a veces viene y la mayoría del tiempo es de mala calidad.

Cuando Rosalba tiene oportunidad de llenar sus recipientes, tras unos días el agua obtenida se torna verde y con un ligero mal olor que, denuncia ella y por lo menos otras tres mujeres de la comunidad, les provocan ronchas en la piel.

“Según está curada el agua ¡Qué curada va a estar! Verde se pone, oiga. Verde, verde se pone, el agua no sirve”, lamenta.

Marcas de las ronchas en la piel que han tenido los habitantes de las comunidades que no tienen acceso a agua de calidad / ESPEJO

Pero ante la necesidad, a ella y a su familia no les queda de otra más que utilizar está agua, comprar agua purificada en garrafones o ir al canal cercano, cada vez más seco, para acarrear o ahí mismo lavar la ropa o bañarse.

“Estos (niños) fueron a bañarse al canal y yo ayer colé tantita agua para poderme bañar porque no sirve el agua. Con un trapo la colé”, cuenta.

A pesar de no contar con un servicio constante y de calidad, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF) le sigue cobrando el recibo del agua, que en aquel municipio consiste en una tarifa fija de 150 pesos al mes.

Pero debido a la mala calidad del servicio son muchas las familias de está comunidad las que acumulan fuertes deudas con la junta de agua. Tan solo Rosalba debe más de seis mil pesos a la JAPAF, monto que se niega a pagar al considerar injusto hacerlo por un servicio que no recibe.

Rosalba debe casi 7 mil pesos en agua potable a la JAPAF, esto a pesar de no contar con servicio constante.

“Haz de cuenta que estamos arrumbados nosotros aquí, estamos aislados porque no viene nadie a revisar si nos está llegando agua o no. Pero el recibo debo 6 mil y lo estamos abonando porque vienen todos los domingos a estarnos cobrando agua y ¿de dónde si no hay agua?”, señala.

“Nosotros nos aferramos a no pagar porque ¿cómo vamos a estar abonando y sin agua, de algo que no nos manifiesta ni nada? No es justo que estemos pagando agua y no tener nada”, reclama.

Rosalba Herrera, habitante de la comunidad de Las Higueras de Los Natoches.

Vivir sin agua

Vivir sin acceso al agua en el noroeste de México, una de las zonas más áridas del país, es un reto diario al que se enfrentan miles de familias que sufren, en forma de falta de lluvias, las consecuencias directas del Cambio Climático.

Si durante años anteriores las lluvias eran suficientes para atender las necesidades del hogar, sembrar cultivos de temporal e incluso criar ganado o animales de corral, hoy en día miles de familias de comunidades rurales de Sinaloa se enfrentan a una sequía que les niega el agua hasta para bañarse.

Monitor de Sequía de México de la CONAGUA al 15 de marzo del 2025.

En Sinaloa, la sequía se ha mantenido de manera constante durante alrededor de dos años y se ha manifestado en niveles de captación de agua en las presas históricamente bajos. Esto ha limitado la superficie de siembra de cultivos de riego en la entidad, afectando el sector agroindustrial estatal.

En la ciudad de Los Mochis, en el municipio norteño de Ahome, ciudadanos han denunciado baja presión de agua y autoridades han reforzado labores de vigilancia e infracciones para quienes desperdicien el recurso.

Pero más allá de la afectación al campo y en las ciudades, la sequía mantiene una afectación social en las comunidades rurales que se va incrementando con la profundización de las consecuencias del cambio climático, poniendo incluso en entredicho la posibilidad de hacer una vida campesina digna en las regiones rurales de Sinaloa.

Niños juegan en el afluente seco del Canal Lateral 10, en Los Mochis.

La respuesta de la autoridad ha sido el ampliar el Programa Emergente de Sequía para llevar agua en pipas a las comunidades sin acceso al recurso, así como perforar pozos en acuíferos muchas veces ya sobreexplotados.

Según cifras de la CONAGUA, del 2012 al 2020 la extracción de agua subterránea se duplicó en Sinaloa, al pasar de un promedio de 670 a mil 400 hectómetros cúbicos anuales en ese periodo.

A la par, el último cálculo de carga y recarga indica un déficit en la disponibilidad media anual de 8 de los 14 acuíferos que pasan por el subsuelo del estado. Esto significa que a estos acuíferos, los de los ríos Mocorito, Culiacán, Elota, Piaxtla, Quelite, Presidio y Baluarte, se les extrae más agua de la que llegan a recargar.

A pesar de esto, la CONAGUA los cataloga a todos como subexplotados.

Si antes el Programa Emergente de Sequía iniciaba en el mes de abril y terminaba entre septiembre y octubre, durante el último año este se mantuvo de manera constante durante los meses de noviembre y diciembre, y se continuó durante enero y febrero para iniciarse temprano desde este mes de marzo con recursos extraordinarios.

En Los Mochis, las autoridades prohibieron la extracción de agua en el Módulo Santa Rosa con bombas charqueras.

Esto, que no había sucedido antes, pone en evidencia el agravamiento de la sequía, pues cada vez son más los pueblos que solicitan el apoyo del Gobierno ante la escasez de agua.

Tan solo el año pasado, este programa atendió a más de 200 mil sinaloenses de 300 comunidades rurales del estado y hasta febrero del 2025 ya eran 57 mil sinaloenses en 130 comunidades de 4 municipios los que eran atendidos mediante este programa.

Una de estas comunidades es justamente Las Higueras del Natoche.

¿Y las pipas?

Ubicada en los límites entre los municipios de Ahome y El Fuerte, Las Higueras de Los Natoche es una comunidad rural de menos de 500 viviendas y alrededor de mil 600 habitantes, de los cuales el 34.89 por ciento pertenece a una cultura indígena, principalmente a la etnia Mayo-Yoreme.

Según cifras del último censo del INEGI, en el pueblo hasta el 95 por ciento de las viviendas cuenta con agua entubada; sin embargo múltiples testimonios de sus habitantes contradicen lo señalado por la estadística, pues aunque ciertamente la comunidad está conectada al sistema de agua potable municipal, en los hechos el servicio es limitado y no satisface las necesidades diarias de sus pobladores.

A diferencia de Rosalba, este día María de Los Ángeles Martínez tiene suerte, pues al abrir el grifo un débil chorro de agua le ayuda a llenar los tambos y recipientes en los que acumula agua para los días de escasez.

Bajo la sombra de un árbol en el que junto a otras mujeres de la comunidad preparan pan de mujer, María cuenta que cuando han tenido oportunidad de plantear la necesidad de agua a las autoridades la respuesta ha sido la promesa de enviarla en pipas. Sin embargo, la mujer reconoce que está no es una solución definitiva al problema.

“No se trata de la pipa. Se trata de que nosotros queremos agua potable, agua bien tratada, no el cocinero de agua que nos mandan”, reclama.

Como parte de las poblaciones atendidas actualmente en el Programa Emergente de Sequía, las personas de Las Higueras reciben agua potable en pipas pertenecientes a las juntas de agua o arrendadas por el estado a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS).

María de Los Ángeles Martínez, habitante de Las Higueras de Los Natoches.

En general, estas pipas son propiedad de personas privadas en las mismas regiones a atender, cumplen con un horario laboral y trabajan ya sea yendo casa por casa rellenando tambos o tinacos, o llenando tanques de almacenamiento en las zonas altas destinados a surtir agua a los hogares en zonas bajas través de conexiones rústicas como mangueras de hule.

Sin embargo, María de Los Ángeles asegura que las pipas no han llegado a su hogar, mientras que otras mujeres de la comunidad señalan que estas solo llevan agua a quien pague una propina o soborno a los encargados.

“Para acá no llega la pipa. Para allá supuestamente sí, pero ahí si ya no sé. Yo pasar por aquí no la he visto a la pipa”, señala María de Los Ángeles.

 

“Aquí la gente se pelea por el agua”.

Martha Castillo Muñoz, mujer de ascendencia ralámuli, tiene 15 años viviendo en Las Higueras de Los Natoches, justo en una loma al costado de una cisterna que, idealmente, abastecería de agua a los hogares a las faldas de la loma.

Sin embargo, Martha comenta que regularmente se queda vacía, orillandola a acudir al canal donde realiza actividades como lavar la ropa o bañarse, así como acarrear el agua loma arriba en galones durante la tarde o noche, cuando disminuye el calor.

Martha cree, más no tiene la certeza, de que la cisterna es abastecida mediante una bomba en la comunidad vecina de El Ranchito, y añade que cualquier persona puede ir y meter su manguera.

“La gente viene de más cerca donde no tiene. Vienen, meten manguera y así llevan para su casa. Ya se llenan sus trastes y ya la cierran allá le doblan las mangueras”, explica.

La escasez de agua y su manejo a través de estas grandes cisternas genera también un problema social al interior de la comunidad, el cual se agrava ante la falta de información oportuna por parte de las autoridades.

“Donde está la pila allá arriba, todos ahí se adueñaron de la pila”, asegura la señora Rosalba Herrera.

Quienes viven alrededor de la cisterna, añade, cierran el registro para que el agua no baje, argumentando que es agua por la que ellos están pagando. “¿De dónde la están comprando? ¿Por qué no dejan que nosotros también agarremos agua?”, se pregunta molesta Rosalba.

Pila en la loma de Las Higueras de Los Natoches.

“Esa pila era de nosotros, era de la comunidad”, lamenta.

Al igual que las otras mujeres de Las Higueras de Los Natoche, Ventura Corrales también batalla por el agua y también tiene una deuda, de casi 3 mil pesos, con la Junta Municipal.

Ante la insistencia, señala que en ocasiones sí abona a los cobradores de la JAPAF, pero reconoce que la mayoría del tiempo acude a la cisterna a un costado de la casa de Martha.

Martha Castillo y Ventura Corrales.

Esta mujer acusa que la escasez está generando una problemática social al declarar que “muchas veces la gente es egoísta y no nos quieren convidar agua”.

“Nosotros lo que queremos es que nos ayuden, que nos apoyen para que haya siempre agua, porque aquí la gente se pelea por el agua. Todas quieren agua y pues la gente tiene razón. Pero el gobierno no ayuda, el presidente no ayuda. Si le hablamos al síndico nos dice que mañana nos va a mandar la pipa, pero no, son mentiras”, explica.

Las Norias se secan

De recibir agua cada 8 días, ahora los habitantes de San José de Los Portillo tendrán que esperar hasta 20 para poder llenar sus contenedores de agua.

El motivo es que cada vez son más las comunidades que dependen de las pipas para acceder al recurso y esto hace que todos tengan que esperar más.

“Llegaba cada 8 días, pero ahora nos dijeron que iba a llegar cada 18 días o cada 20 días. Porque en otras comunidades que no les pedían les están pidiendo agua. Por eso venían más de seguido pues, porque no les pedían en las otras comunidades, pero ya se está terminando el agua”, cuenta María habitante del pueblo.

A 15 minutos de la cabecera municipal de Choix, San José de Los Portillo es una comunidad de poco más de 200 habitantes que, a pesar de estar entre las presas Huites y Miguel Hidalgo, no se beneficia del agua de estos embalses.

Hasta hace algunos años la comunidad podía depender de pozos o norias para realizar sus actividades cotidianas; así como de la lluvia para cosechar cultivos de temporal.

Pero la falta de lluvias derivada de la sequía ha afectado las siembras y ha ido secando los pozos, dejando a sus pobladores dependientes de las pipas que lleva el Ayuntamiento.

En el caso de María, ella aún puede explotar un pozo que comparte con otras dos familias, pero muchos pozos en el pueblo ya se han secado.

“En algunas casas sí ya se les secó la noria, quedó la pura arenita”, cuenta.

El agua de la llave, añade, solo llega a una parte de la comunidad, pues al resto no sube al estar cuesta arriba. “Y como no sube lo están trayendo en pipas”.

El sector ganadero también ha sido víctima de la sequía.

Felipe, esposo de María, señala que ahí el campo está “totalmente pérdido”.

“Este año pues no llovió casi. De hecho, cosecha no hubo mucha tampoco. Sí se sembró nada más que hubo poca cosecha, y algunos nada. Más en el cacahuate y el maíz que ocupan más agua”, explica.

Las norias, añade, están “muy bajitas, seconas”.

“No ha parado el acarreo de agua. Este año los dos meses, más el año que acaba de pasar. Casi todo el año estuvieron trayendo agua aquí… El asunto de las pipas no es muy viejo, antes sí había agua donde quiera. Nomás que ahorita ya se fue”, cuenta.

San José de Los Portillo, en Choix.

Sequía, un segundo golpe el Sinaloa rural

Durante los últimos años, las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH Sinaloa) por violaciones al derecho humano al acceso al agua han incrementado notoriamente, evidenciando una mayor preocupación de los sinaloenses ante el tema.

Si entre el 2008 y el 2019 la CEDH recibió 14 quejas, entre el 2020 y el 2024 la cifra incrementó hasta las 51 quejas, lo que muestra que el número de quejas se triplicó en un periodo más corto de tiempo.

Las cifras también muestran que, durante los últimos tres años, del 2022 al 2024, los principales motivos de queja ante la comisión han sido la omisión en el acceso universal (10), cobros excesivos (9) y la suspensión injustificada del servicio (7). 

Ante esto el presidente de la CEDH Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, reconoce que la escasez de agua es motivo de preocupación, pues supone el reto primordial de asegurar el consumo humano en un escenario de cada vez menos lluvias.

Pero además señala que, después de la política de privatización de tierras ejidales, la sequía amenaza con ser un segundo golpe que termine por despoblar a muchas comunidades rurales de Sinaloa.

La reforma al artículo 27 constitucional de 1992, la cual permitió la privatización y acaparamiento de las tierras ejidales, provocó un gran éxodo de las zonas rurales hacia las urbanas en el país, lo que despobló a buena parte de las comunidades.

“Mi pueblo tiene muchas casas solas de aquella época”, cuenta Loza Ochoa.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH).

Originario de la comunidad de Monteverde de Villa, el presidente de la CEDH Sinaloa observa que en su tierra la sequía ha secado los pozos que abastecían a la población, ante lo cual la autoridad se plantea nuevas perforaciones. 

“Ahora nos están diciendo que requieren perforar un nuevo pozo. El problema es que, si es el mismo manto freático, pues pueden poner tres pozos”, valora.

Para el defensor de los derechos humanos, es muy probable que el segundo golpe que sufra la vida campesina sea a partir de la sequía histórica que actualmente sufre Sinaloa.

“Esto nos tiene que llevar a cambiar hasta el conceptos que tenemos de la vida. O sea, mientras tuvimos agua suficiente, pudimos hacer lo que hasta hoy hemos hecho con libertad, hasta desperdiciarla. Pero viene otra situación”, advierte.

Mejor gobernanza ante los pronósticos pesimistas

Según el Atlas de Riesgo del Agua del World Resources Institute (WRI), la sequía que afecta al noroeste de México está lejos de finalizar.

Si desde hace dos años gran parte del territorio sinaloense se ha visto afectado por la sequía, prácticamente todos los escenarios de pronóstico marcan a la región de Sinaloa como una zona de estrés hídrico alto y extremadamente alto.

Esto tanto para escenarios optimistas como pesimistas y para horizontes temporales como el 2030, 2050 e incluso 2080. 

Escenario de estrés hídrico con horizonte del 2050 según el Atlas de Riesgo del Agua del World Resources Institute (WRI).

“Lamentablemente toda esta región que viene desde Arizona, Sonora, Chihuahua y sobre todo norte y centro de Sinaloa, en escenario de cambio climático es una zona de altísimo estrés hídrico desde 1990 en adelante, y a futuro cada vez más. En toda está región el modelo claramente te dice que la sequía continuará y cada vez será más aguda”, señala la presidenta de la Asociación civil Conselva, Sandra Guido.

Habrá años, añadió la activista, en los que sí se presenten las lluvias, pero por cada uno de estos habrá dos o tres en los que la sequía se agrave. Y esa incertidumbre sobre el agua es el nuevo escenario al que nos enfrentamos.

Ante este panorama desolador, mitigar los riesgos y proteger el derecho humano al agua requiere de cambios de fondo en la regulación y gobernanza del recurso hídrico.

Sandra Guido durante su participación en el foro “Transformando el régimen del agua en México”.

Un primer paso en este sentido, el cual Guido propuso en el Foro “Transformando el Régimen del Agua en México”, sería la realización de auditorías hídricas que tomen en cuenta los cientos de pozos en las comunidades y tierras de cultivo no registrados por la CONAGUA, pues una prioridad para el mejor manejo del recurso hídrico es conocer verdaderamente cuánta agua tiene el subsuelo sinaloense.

“Se trata de saber realmente cuánta agua tenemos para poder ahora sí administrarla adecuadamente. Porque el agua va a ser, sí o sí, el recurso natural más crítico para los siguientes 50 años o más”, indica.

Con una medición correcta y oportuna de las recargas de agua en los mantos, la autoridad podría hacer una administración adaptativa del recurso.

Esto quiere decir que si un año llueve más y la CONAGUA tiene información de que un acuífero se recargó lo suficiente, ese año podrían liberarse más volúmenes de agua para la industria o la agricultura. Pero si no hay tendremos que restringirnos, y es así como debemos empezar a vivir, añade.

Otra medida que mejorará la gobernanza del recurso, es la reactivación de los Consejos de Cuenca con participación ciudadana, pues al día de hoy en Sinaloa muchos de estos están absolutamente dormidos.

La participación ciudadana de los actores involucrados, más el tener información técnica precisa sobre el agua superficial y subterránea disponible, es para Guido lo más neutral en un nuevo esquema de gobernanza del agua.

“Necesitamos una ciudadanía más participativa y que se instalen los comités de consejos de agua de administración del agua subterránea para que se puedan tomar decisiones consensuadas y con mucha certeza técnica para que no haya acaparamiento. Para mí es lo más neutral”, plantea.

Un esquema así evitaría la politización y los problemas sociales, pues el agua que se tiene es el agua que se podría repartir entre usos humanos y económicos.

“El agua no reconoce fronteras, es un recurso natural el que opera de manera integral. No hay agua para la agricultura y agua para las ciudades. Es la misma agua. La misma. Entonces tenemos que tomar decisiones compartidas, conjuntas, nos tenemos que sentar todos los usuarios del agua. En el caso de las comunidades rurales, definitivamente es una situación que se tiene que trabajar de manera compartida. Agricultura, ganadería y ceapas y el organismo operador de agua potable. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Y finalmente hay alternativas muy interesantes que se están aplicando en otros lados y que nosotros estamos buscando cómo hacerle aquí”.

El camino verde hacia la mitigación

El problema de la crisis hídrica no ha pasado desapercibido para el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde antes de las elecciones, el tema del agua formó parte de su plataforma electoral y durante los primeros meses de su gobierno se han emprendido iniciativas como el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad y el foro “Transformando el Régimen del Agua en México”, así como el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

Mientras que la firma del acuerdo nacional reúne las voluntades de sector público y privado para atender la escasez de agua que afecta a 35 millones de mexicanos y cerca de 114 acuíferos sobreexplotados y contaminados, el foro transformando el régimen del agua reunió propuestas para una nueva legislación sobre aguas nacionales que devuelva la gobernanza del líquido a la autoridad.

Por su parte, el Plan Nacional Hídrico 2024 plantea una inversión millonaria para la tecnificación de distintos distritos de riego en el país, lo cual busca reducir el desperdicio de agua a lo largo de la infraestructura de riego que expertos calculan en alrededor del 65 por ciento. Los distritos a tecnificar son el 10 y 75 en el caso de Sinaloa.

Sandra Guido señala que en México el tema del agua siempre ha sido un tema de ingenieros hidráulicos, por lo que las soluciones planteadas ante la escasez se siguen enfocando en la construcción de más y más infraestructura gris.

Presentación del Plan Hídrico Nacional 2024-2030 en noviembre del 2024.

“Cemento, bombas, tubos, canales. Pero todas estas soluciones parten de la base de que hay agua que extraer y transportar. Y ahorita nuestro problema es que no hay agua”, plantea. Además de que, por lo general, este tipo de proyectos son muy costosos para los gobiernos.

Guido plantea que, junto a la infraestructura gris, sociedad y gobierno deben impulsar cada vez con más fuerza la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza (SBN).

A inicios del 2024, Sandra Guido y Conselva presentaron una Agenda Hídrica Integral enfocada en la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza como tecnologías participativas y de bajo costo para impulsar los procesos de formación natural de agua en las cuencas de Sinaloa.

“Esto es propiciar llevar el agua de la lluvia para reabastecer los pozos de las comunidades”, planteó.

Como parte de está agenda hídrica, Conselva ha llevado a cabo estudios técnicos para, por ejemplo, conocer qué tanta agua de lluvía infiltran distintas especies de árboles hacia los mantos acuíferos, revelando la importancia de los árboles como fábricas de agua hacia ríos, arroyos y subsuelo.

Conselva también ha estudiado en qué sitios las cuencas tienen mayor capacidad de captación de agua, encontrando que la cuenca del río Presidio tiene capacidad para almacenar siete presas picachos, mientras que la del río Baluarte puede almacenar hasta 5.1.

“Captas el agua en una zona y entonces hay una técnica que se llama keyline donde vas guiando esa agua hasta llegar al pozo de la comunidad. Este pozo además lo tienes que trabajar para que sea un pozo de infiltración. Una vez que tienes el agua en el acuífero, ahí ya no se evapora, ahí se queda. Y el suelo mismo limpia el agua de contaminantes”, explica.

Presentación de Conselva “Agua y suelo para una agricultura sustentable”.

“Esto es algo que se usa en muchísimas ciudades”, plantea.

En Salas, Suecia, cuenta Guido, las autoridades toman el agua del río, la suben a un deposito alto y, con la fuerza de la gravedad, la infiltran en el acuífero. En el acuífero, el gobierno aprovecha la capacidad de filtración del suelo para tratar el agua y posteriormente repartirla a la ciudad.

“Esto utiliza la capacidad de limpieza del suelo para poder potabilizar el agua y resulta que se usa mucho en muchos países europeos. Y vaya que son países que tienen estándares de calidad de agua para la población muy alto”, cuenta.

Otro caso similar, añade, es el de Nueva York, donde toda su agua potable viene de la cuenca, ahorrando hasta 8 billones de dólares para potabilizarla.

“Lo que hicieron fue invertir 4 millones en toda la cuenca del río Delaware, poner a los agricultores para que cambiaran a no usar agroquímicos, pusieron humedales artificiales… O sea, fueron ordenando toda la cuenca y el agua que toman todos los de Nueva York, es agua directa de la cuenca”, explica.

“Estas soluciones ya están permeando en las grandes ciudades. En todos lados hay este tipo de soluciones y no solamente son más baratas de instalar, sino que además el mantenimiento es bajísimo porque trabajan con la naturaleza”.

En Sinaloa, añade, también podemos conducir el agua hacia los acuíferos para que resguardada ahí pueda durar más tiempo disponible.

Pero aunque el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha reconocido la pertinencia de estas propuestas para mitigar la sequía, en los hechos la respuesta gubernamental al problema sigue enfocándose en trabajos como el tandeo de agua, la construcción de pequeñas represas, y la excavación de nuevos pozos en acuíferos ya sobreexplotados.

Además, de que el discurso gubernamental alrededor del problema se ha enfocado en asegurar el agua para el sector agroindustrial, reviviendo incluso grandes viejos proyectos de infraestructura gris como lo es el Plan Hidráulico del Noroeste (Plhino), plan consistente en traspasar volúmenes de agua a través de presas desde Nayarit hacia estados como Sinaloa, Sonora y las Bajas Californias.

Para realizarlo, Sinaloa requeriría construir una nueva presa en el municipio de San Ignacio con un costo aproximado de 18 mil 500 millones de pesos, así como un par de acueductos, uno desde la presa Sanalona hacia Culiacán y otro desde la presa Eustaquio Buelna hacia Mocorito.

Pero más que asegurar agua para las comunidades, esto permitiría ampliar la superficie de riego en Sinaloa en alrededor de 40 mil hectáreas. El proyecto no ha sido incluido en las iniciativas para mitigar la sequía planteadas desde el gobierno federal.

“Tenemos que ir empezando a transitar esto, porque ante estos escenarios no va a haber dinero que alcance. Necesitamos empezar a articular la infraestructura gris con la verde para poder enfrentar los retos climáticos. No tenemos otro camino”, propone en su lugar la presidenta de Conselva.