Culiacán, Sin.- La omisión legislativa en la creación de la Fiscalía Especializada en Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa ha llevado a una resolución judicial que obliga al Congreso del Estado a cumplir con esta tarea, así lo anunció Iniciativa Sinaloa en redes sociales.

A pesar de que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue aprobada el 24 de mayo de 2022, estableciendo un plazo de 60 días para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y formalizar la nueva fiscalía, el Congreso ha incumplido este mandato.

La directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes, fue quien dió a conocer la noticias a través de redes sociales.

Ante la inacción de los legisladores, la organización civil Iniciativa Sinaloa promovió un juicio de amparo indirecto, el cual fue admitido el 31 de enero de 2025. Como resultado, el pasado 31 de marzo, la secretaria en funciones de jueza, Gladis Lobo Inzunza, emitió la audiencia incidental y resolvió a favor de Iniciativa Sinaloa, asociación civil que recibió el documento este 2 de abril.

En dicha resolución, se enfatiza que la negativa del Congreso a legislar sobre este tema podría causar una afectación de difícil reparación, no solo a la persona jurídica quejosa, sino también a la sociedad en general. La jueza advirtió que la omisión reclamada deja en estado de vulnerabilidad a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el estado, ya que las autoridades han omitido regular la figura de la fiscalía encargada de investigar posibles ilícitos en su contra.

“Además, de negarse la medida cautelar, podría causarse una afectación de difícil reparación no solo a la persona jurídica quejosa Iniciativa Sinaloa, Asociación Civil, sino también a la sociedad en general, en tanto que la omisión reclamada deja en estado de vulnerabilidad a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Estado de Sinaloa, ya que las responsables han omitido regular la figura de la fiscalía encargada de investigar la posible comisión de ilícitos en contra de dicho sector de la sociedad”, se lee en el documento oficial.

La diputada local por Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), María Teresa Guerra Ochoa, argumentó en conferencia de prensa el pasado martes que su bancada propuso una alternativa a la fiscalía: la creación de una unidad dentro de la Vicefiscalía de Derechos Humanos. Sin embargo, colectivos y organizaciones rechazaron esta opción, insistiendo en la necesidad de una fiscalía autónoma y con recursos suficientes para atender las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Guerra Ochoa advirtió que una nueva estructura dentro de la Fiscalía podría generar más burocracia y consumir recursos que deberían destinarse a la protección efectiva de las víctimas. No obstante, la resolución judicial establece que la creación de la fiscalía es una obligación legal que el Congreso no puede evadir.

Extracto del documento donde se destaca la elevación de cumplir con esta ley.

Colectivos han manifestado su preocupación por la falta de avances, asegurando que la ausencia de una fiscalía especializada ha contribuido a la impunidad de los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos en el estado. Por el momento, el Congreso de Sinaloa está obligado a legislar en favor de esta institución, aunque aún no hay señales claras de cuándo se dará cumplimiento a la orden judicial.

 

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