Culiacán, Sin.– Habitantes de los fraccionamientos Prados de Occidente y Enrique Félix Castro manifestaron su inconformidad por la decisión del Ayuntamiento de Culiacán de ceder áreas verdes de sus comunidades para la construcción de viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el gobierno federal.
Tras la aprobación del cambio de uso de suelo de seis predios en sesión ordinaria del Cabildo, vecinos de las zonas afectadas acudieron al Congreso del Estado para exigir la intervención de los legisladores y frenar lo que consideran un atentado contra su derecho a espacios de recreación.
Patricia González, vecina del Fraccionamiento Enrique Félix Castro, denunció que en su asentamiento habitan 256 familias y solo cuentan con dos áreas verdes: una invadida desde hace más de un año y otra donada por los propios colonos al Ayuntamiento en 2007. Esta última, dijo, es ahora el blanco del proyecto de construcción.
“Son 5 mil 300 metros cuadrados. Es un terreno bastante grande. Teníamos dos áreas: una nos la invadieron y el Ayuntamiento no hizo nada. Ahora la otra es la que nos están quitando. No nos están dejando ningún espacio verde en la zona, por eso estamos protestando”, expresó.
Eladio Gaxiola Camacho, vecino de Prados de Occidente, se sumó a la protesta señalando que esta decisión vulnera el derecho humano al esparcimiento. Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y decisiones como esta afectan directamente ese estándar.
- Con planos y documentos notariados defienden la existencia de las áreas verdes en sus colonias.
- Con planos y documentos notariados defienden la existencia de las áreas verdes en sus colonias.
- Con planos y documentos notariados defienden la existencia de las áreas verdes en sus colonias.
- Con planos y documentos notariados defienden la existencia de las áreas verdes en sus colonias.
“Si como autoridad estás eliminando las áreas verdes, el índice por persona se desploma. Esta medida es totalmente desatinada desde esa perspectiva”, subrayó.
Los colonos acudieron con escrituras y planos en mano para evidenciar que los espacios en cuestión están oficialmente destinados a áreas verdes. Solicitaron al Congreso que intervenga para detener las construcciones o, en su caso, gestionar su reubicación, pues consideran que esto no solo implica perder espacios de convivencia, sino también sobrecargar los servicios públicos existentes.
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