Texto: Alejandro Ruiz
Foto:  Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro

 

CIUDAD DE MÉXICO. – El secretario de Educación, Mario Delgado, está echando atrás la eliminación de los alimentos chatarra de las escuelas de México.

El programa, que inicialmente pintaba como avanzada, ahora quedó bajo la asesoría del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMexico), el mismo que en sexenios anteriores se opuso a las restricciones a las empresas de la industria alimentaria y las invitó a participar en campañas dentro de las escuelas.

¿Cuál es la historia de ésta interferencia del sector empresarial en la salud pública? ¿Cuánto daño han hecho al país? Los orígenes se remotan a la imposición del neoliberalismo, el modelo económico que el actual gobierno dijo erradicar.

País desnutrido, a país con obesidad

En los albores del siglo XX México transitó de un país con graves problemas de desnutrición (especialmente en niños y zonas rurales) a uno con un aumento explosivo de la obesidad, que se convirtió en la principal crisis de salud pública a partir de los años 90.

De acuerdo al informe «Evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, nutrición y abasto en México» elaborado por el Coneval en 2006, de 1940 a1960 el país tenía una alta prevalencia de desnutrición, especialmente en zonas rurales e indígenas.

Particularmente en menores de edad, los estudios recopilados en el informe daban cuenta que hasta 1976, el 53 por ciento de los menores de 1 a 3 años mostraron dietas deficientes en energía y proteínas, mientras que el 33 por ciento de 4 a 6 años tenía déficit de peso.

Entre 1958 y 1976 el informe reveló que algunos estudios apuntaban a que existía un problema grave de desnutrición en preescolares, con prevalencias de hasta el 38.7 por ciento en el sureste mexicano. Para inicios de la década de los 90, las instituciones de salud pública comenzaron a ver un cambio en esta tendencia; según el Coneval, esto ocurrió por la distribución de programas sociales como Progresa y Oportunidades, implementados en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Para 2006, por ejemplo,la desnutrición crónica en menores de 5 años bajó al 12.7 por ciento, mientras que en 1988 la estadística era del 22.8 por ciento. En el caso de la desnutrición aguda (emaciación), ésta disminuyó del 6% (1988) al 1.6% (2006).

Sin embargo, en 1990 el país comenzó a ver un crecimiento acelerado en los índices de obesidad. Un ejemplo, las mujeres de entre 20 y 49 años, de las cuales, para 1988, solo el 9.5 por ciento tenía esta condición, mientras que para el 2006 llegó hasta el 32.4 por ciento. Para finales de 2006, más del 65 por ciento de la población presentaba sobrepeso u obesidad.

Este cambio refleja transformaciones socioeconómicas, dietéticas y en los estilos de vida, influenciados, principalmente, por la apertura y captura de los mecanismos gubernamentales para el diseño de políticas de salud pública a manos de las empresas transnacionales.

Un problema estructural, administrado por las empresas

En 2022, según el Atlas Mundial de Obesidad, México ocupó el quinto lugar en obesidad a nivel mundial. Ese mismo año, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nuestro país ocupó el segundo puesto en obesidad entre los países miembros.

Ese mismo año, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022 (Ensanut) señaló que las personas con obesidad tienen mayor prevalencia a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares o depresión.

Las enfermedades cardiovasculares, junto con la diabetes mellitus, fueron justamente las dos primeras causas de muerte en México en 2023, según las Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre las causas de la obesidad, además de la alimentación, la Ensanut explica que la obesidad en México también se relaciona con el rezago educativo y las condiciones de pobreza.

Es decir, la obesidad es un problema estructural, y las políticas para erradicarla también deberían serlo, aunque están interferidas por la industria que siguen manteniendo un gran negocio con ella, como demostró la Organización Panamericana de la Salud, cuando aseguró que cada persona en este país compra anualmente 212 kilogramos de productos ultra procesados, convirtiendo a México en el país que tiene la mayor venta y distribución de estos productos en América Latina.

Actualmente, además de las empresas transnacionales como Coca Cola, Pepsico, Danone o Nestlé, México ha desarrollado una industria nacional de ultraprocesados encabezada por empresas como Grupo Bimbo, Grupo Industrial Lala, Gruma, Grupo Herdez y Grupo Minsa.

Todas ellas fueron férreas opositoras a la creación de la Norma Oficial Mexicana 051 en 2020, la cual amplió las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, e información comercial y sanitaria, imponiendo a las empresas sellos en sus productos que informan a las y los consumidores sobre la cantidad de grasas, azúcares y sodio en sus productos.

También fueron opositoras a la aprobación de la Ley General de Alimentación, congelada en el Congreso de la Unión desde 2014.

Todas ellas, a su vez, integrantes del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C.

Mismo modelo, diferentes actores

Entre 1988 y 2011, Enrique de la Madrid Cordero fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, A.C. (ConMexico), donde se agrupan empresas como Coca-Cola, Pepsico, Bimbo, Maseca, Danone, Herdez y La Costeña.

El nombre de la Madrid es clave para entender los vínculos de la industria alimentaria en el sector educativo. En años recientes, por ejemplo, este empresario ha defendido a la industria alimentaria con el argumento de que el combate a la obesidad debe partir de la educación y no de las restricciones, esto, en el marco del debate sobre los impuestos a la comida chatarra y el de la prohibición de la venta de productos procesados en las escuelas. También tiene posicionamientos claros en materia de salud pública, que incluyen servicios de salud públicos descentralizados.

En 2011, cuando de la Madrid regresó a su cargo directivo en el ConMexico después de ser director de Financiera Rural durante el sexenio de Felipe Calderón, el Consejo impulsó una cruzada contra la obesidad infantil que, de acuerdo a él mismo, no trataba “de buscar culpables fáciles, sino de asumir que hay un problema. Tratar de incidir sobre el conocimiento de lo que es nutritivo y fomentar la actividad.

Esta cruzada fue el preámbulo para el diseño de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes del sexenio de Enrique Peña Nieto, mismo en el que de la Madrid ocupó el cargo de Secretario de Turismo.

La estrategia, deficiente y genérica, además planteaba la cooperación con organizaciones no gubernamentales, sociedad civil y el sector empresarial, como el ConMexico y otros, a quienes les adjudicaron la tarea de desarrollar campañas y material didáctico para fomentar hábitos más saludables.

La política impulsada por empresarios como de La Madrid tiene hondas raíces en sexenios anteriores que diseñaron el desmantelamiento del sistema de salud pública en México mientras fortalecían sus vínculos con la industria alimentaria, como demostraron Pie de Página y Empower en un reportaje que analizó los perfiles de políticos con estas características que participaban en la elección presidencial de 2024.