Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado actuará con absoluto respeto a la legalidad y no protegerá a ningún funcionario implicado en el proceso de desafuero, aseguró el diputado local Bernardino Antelo Esper, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, al referirse al caso que involucra al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y al legislador morenista Genaro García Castro.
En conferencia de prensa, el legislador tricolor subrayó que los 40 diputados de la actual legislatura no son una instancia juzgadora, sino que su responsabilidad se limita a determinar si se retira o no el fuero constitucional, a fin de que los funcionarios puedan enfrentar un eventual proceso legal como cualquier ciudadano.
“El PRI ha sido siempre muy enérgico y claro. Nosotros no vamos a proteger absolutamente nada que vaya en contra de la legalidad y la transparencia. Queremos que haya justicia, queremos que haya rendición de cuentas”, expresó Antelo.
Explicó que el proceso se ha conducido con la discreción que establece la ley, con el objetivo de preservar el principio de presunción de inocencia de los involucrados, y que hasta ahora el dictamen no ha sido analizado por el pleno fuera de la Comisión Instructora.
Antelo Esper reiteró que una vez que se tenga acceso oficial al documento, se fijará una postura institucional, cuidando en todo momento la imparcialidad de los legisladores.
Sesión clave se celebrará este jueves
Este jueves a las 8:00 de la noche se llevará a cabo una sesión secreta en el Congreso del Estado para discutir y votar la declaratoria de procedencia que retiraría el fuero al alcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y al diputado de Morena, Genaro García Castro, exsecretario del Ayuntamiento de Ahome. Así lo confirmó la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Este procedimiento ocurre a raíz de una solicitud realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), luego que se encontraran presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas durante la administración pasada del municipio de Ahome.
Según investigaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se detectó un probable daño patrimonial superior a los 171 millones de pesos en ese contrato de arrendamiento, lo que motivó la solicitud de declaración de procedencia, nombre formal del proceso de desafuero, para que ambos funcionarios puedan ser investigados y, en su caso, procesados penalmente sin la protección del fuero constitucional.
Genaro García Castro era el secretario del Ayuntamiento de Ahome cuando se firmó el contrato, mientras que Gerardo Vargas era y sigue siendo el alcalde en funciones.
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