De acuerdo con los resultados oportunos del Censo Económico del INEGI, publicados este año y correspondientes al 2024, Sinaloa se quedó muy corto en apertura de nuevos establecimientos destinados a alguna actividad económica. En el crecimiento porcentual en dicho año, la entidad terminó en el lugar 26 de 32.
En el periodo del informe, Sinaloa solo pudo generar 4284 nuevos establecimientos, muy por debajo del promedio nacional de 7156. En incremento bruto, queda en lugar 22, por debajo de estados con economías más pequeñas como Nayarit o Durango.
Sin embargo, al poner el incremento en proporción del tamaño de la economía, medida a través del numero de establecimientos existentes antes de 2024, Sinaloa cae hasta el peldaño 26 de la escala con un aumento del 2.9%.
El aumento promedio en el país fue de 3.5%.
¿Qué hiere a la economía en Sinaloa?
El 2024 fue un periodo marcado de incertidumbre económica en Sinaloa. Fue el año en que la crisis hídrica amenazó más que nunca la producción agrícola estatal. En el último cuatrimestre, además, estalló una crisis de violencia que paralizó al comercio local, actividades educativas y turismo. La ola delincuencial ha sido explicada por la autoridad federal como una guerra interna entre facciones rivales pertenecientes al Cartel de Sinaloa.
Además del deterioro social y pérdidas humanas que ha traído consigo, los efectos de la ola de violencia en el ámbito económico siguen siendo notorias siete meses después, con el continuo cierre abrupto de negocios y pérdida de empleos.
Algunas de las organizaciones civiles y empresariales más representativas del sector privado describen estos perjuicios como el resultado de la pérdida del consumo generado con recursos provenientes de actividades ilícitas.
El mal desempeño del indicador de nuevos negocios podría explicarse como una consecuencia de lo que Martha Reyes, presidenta de la Coparmex Culiacán, denomina como una “economía de supervivencia“: una en la que las empresas tienen que tomar medidas para subsistir, en vez de un panorama apto para el florecimiento de nuevos negocios.
Hasta hace pocas semanas, ninguna de las dos situaciones lacerantes —la crisis asociada con la violencia y la magnitud del impacto económico de la crisis hídrica— eran plenamente aceptadas por el gobierno del estado.
Pese a ser un problema añejo y con consecuencias bien conocidas, el ejecutivo estatal se negó a solicitar la declaración de emergencia por sequía durante varios meses, con todo y las peticiones constantes emitidas desde el sector privado y un segmento de la oposición política.
El 14 de abril, el gobernador Rocha Moya terminó firmando la solicitud, misma en la que declara bajo protesta que la capacidad financiera y operativa de la entidad federativa ha sido rebasada para atender los efectos del fenómeno natural. De ser aceptada, significaría mayor flexibilidad para las empresas del estado en sus obligaciones de deuda.
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