Culiacán, Sinaloa.— La Fiscalía General del Estado (FGE) cuenta con pruebas suficientes para solicitar la vinculación a proceso del exalcalde de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, y del exsecretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro, así como de otros siete exfuncionarios municipales, por su presunta participación en el arrendamiento irregular de 126 patrullas por un monto superior a los 171 millones de pesos en 2021.

La titular de la FGE, Claudia Zulema Sánchez Kondo, explicó que los delitos por los cuales se está ejerciendo acción penal son desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, señalando que existen datos de prueba suficientes que apuntan a la presunta responsabilidad de los involucrados.

“La Fiscalía está ejerciendo acción penal por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público; hay datos de prueba pertinentes que establecen la presunta responsabilidad de las personas”, expuso la fiscal.

Sánchez Kondo precisó que son nueve las personas señaladas en la carpeta de investigación, misma que consta de 20 tomos, y cuyo origen se remonta a una denuncia interpuesta el 28 de junio de 2024.

“Fue una denuncia que se recibió el 28 de junio del año 2024. La carpeta de investigación estuvo en integración. No es que se haya manejado con rapidez, son 20 tomos”, detalló.

Finalmente, la Fiscal General descartó que este caso en particular haya recibido trato preferencial o una atención acelerada frente a otros procesos en curso, al asegurar que el trabajo de investigación ha seguido el curso procesal correspondiente.

¿Qué ha pasado en otros casos similares en Sinaloa

En ESPEJO realizamos un análisis de los últimos años, en torno a varios funcionarios han sido investigados o vinculados a proceso por corrupción, pero pocos han enfrentado consecuencias penales efectivas. Solo Luis Ángel Pineda Ochoa, exsecretario de Administración y Finanzas de Quirino Ordaz, fue sentenciado a prisión. Otros casos se resolvieron con acuerdos de reparación del daño, inhabilitaciones administrativas o sobreseimientos, como ocurrió con:

  • Jesús Madueña y el Comité de Adquisiciones de la UAS (20 mdp pagados).
  • Armando Villarreal Ibarra (2 mdp y disculpa pública).
  • Caso Tiburonario de Mazatlán (reparación simbólica con cámaras de vigilancia).

En la mayoría de los casos, los procesos judiciales no concluyeron en cárcel ni sanciones ejemplares, alimentando la percepción de impunidad y uso político de la justicia.

Cabe destacar, que Vargas Landeros enfrenta una investigación impulsada por la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Sinaloa por la adjudicación directa de un contrato de arrendamiento de 126 patrullas en 2021, con un costo superior a los 171 millones de pesos. La audiencia está programada para este lunes 5 de mayo.

 

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