Por Karen García / @karen_gdlt

 

En Jalisco las personas con discapacidad representan el 6.8% de la población (alrededor de 700 mil personas), de los cuales, aproximadamente, una tercera parte vive con un grado de discapacidad severo o extremo. La cotidianidad se torna difícil cuando se atraviesan factores, como: la violencia institucional, problemas económicos o, incluso, que las personas cuidadoras a cargo tengan algún tipo de discapacidad, sean madres autónomas o personas adultas mayores.

Las modificaciones al programa “Jalisco te cuida” instaurado en el sexenio del ex gobernador Aristóteles Sandoval, por parte del actual gobernador Pablo Lemus, ha causado indignación y desconcierto entre las personas cuidadoras de personas con discapacidad. El programa ahora llamado Jalisco Incluyente, desde el 2006 ha brindado a alrededor de 2 mil personas un monto de mil 325 pesos mensuales. Sin embargo, con los nuevos ajustes hay un atraso en el pago de este apoyo económico desde los últimos 4 meses. Además, sin previo aviso, cambió de nombre lo que para las familiares cuidadoras, implica “iniciar de cero” en el padrón de registro.

El pasado 28 de abril madres, mujeres y personas cuidadoras se manifestaron ante Palacio de Gobierno, exigiendo el respeto a su derecho de permanecer en el padrón de apoyos. Si bien, al día siguiente fueron recibidas por representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (DIF Jalisco) en una mesa de diálogo para escuchar sus exigencias, la respuesta fue la misma, no se les respetará el padrón, por lo que tendrán que volver a inscribirse.

Las personas beneficiadas por el programa están preocupadas, pues no sólo no han recibido el apoyo este año, sino que les es incierto si podrán ser parte de “Jalisco Incluyente”.

Ivette Díaz, madre de un infante con autismo,  expresó en entrevista para ZonaDocs, su descontento ante lo que llama una violación a los derechos humanos.

”Jalisco Incluyente” fue creado durante la gestión de Aristóteles Sandoval por la lucha de las madres. Incluso se respetó durante el mandato del gobernador Enrique Alfaro, lo que ya es mucho decir. Pero, de repente este año las mamás ya no reciben nada.”, expresó Ivette, pues si bien ella no es beneficiaria de este programa, es testiga de las historias de las familias subvencionadas.

“El detalle aquí es que estamos hablando de niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad severa. Esto es una grave violación a los derechos humanos”, mencionó.

Para Ivette, quien también forma parte de las colectivas de madres que luchan contra la violencia vicaria en Jalisco, este tipo de actos revela el olvido a poblaciones vulneradas sistemáticamente y evidencian la instrumentalización hacia las personas con discapacidad.

“Yo diría que tendríamos que analizar que estas 700 mil personas con discapacidad, todas, tengan una vida digna, entonces habrá justicia. Pero, si estamos hablando de que a un .28% se les están negando sus derechos, es muy triste. Porque lo que tenemos en Jalisco nunca es justicia y menos a las infancias.”, declaró Ivette.

Mencionó que, a la manifestación no pudieron asistir muchas de las personas afectadas pues, la falta de recursos económicos y de las labores de cuidado les imposibilitó acudir a alzar la voz ante esta injusticia.

“Estamos hablando de este tipo de personas a las que se le está quitando el apoyo, de personas que no pudieron ir a la manifestación porque no tenían para el camión. Porque cómo vas a mover a una persona que no se puede mover y que no tienes silla, porque has pedido mil veces silla al gobierno y te la han negado. Porque ni sillas son capaces de dar.”, expresó.

Respecto a la mesa de diálogo con el DIF, se reconoció insatisfecha y aseguró que en ésta no fueron escuchadas y tampoco las autoridades estuvieron dispuestas a negociar. A la par, comentó que en la mesa de diálogo estaba presente una mujer adulta mayor de 70 años quien está a cargo de un adolescente con un autismo severo.

“Le dije ¿Quieres que te ayude a entrar?, porque yo sé que es bien difícil entrar a los lugares nuevos.”, comentó. Y es que, Ivette reconoce que, para esta mujer fue una tarea compleja estar presente durante el diálogo y cuidar al adolescente al mismo tiempo, lo que deja en evidencia las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran en su mayoría estas familias cuidadoras, especialmente, de las mujeres que están a cargo de este trabajo.

“Me gustaría que escucharan realmente las historias terribles de estas mujeres luchadoras. Que otra cosa también se le olvida al gobierno es que el cuidado de los cuidadores también es trabajo. Si no también lo harían gratis.”, expresó Ivette.

La labor de cuidado implica cuestiones de salud y económicas como: la atención en hospitales, rehabilitación, terapias de lenguaje, físicas, la compra de medicamentos y equipo de salud; además del transporte a estos, un trabajo sea “flexible” para continuar con las labores de atención a la persona con discapacidad y sino, contratación de personas para el cuidado, entre otros factores, reconoció Ivette.

“Si yo te quito tu salario, ¿por qué tendrías que ponerte en una mesa de diálogo conmigo? ¿Por qué? Eso es lo que están haciendo con las personas. No nos escuchan y a ningún tipo de víctima y en ningún tipo de ni el ejecutivo ni el legislativo ni el judicial.”, declaró.

En un estado en el que el 11.7% de las madres son autónomas, la eliminación de estos apoyos las pone en un estado crítico, ya que tienen que optar por la búsqueda de empleos que les permitan estar cerca de sus hijas e  hijos. Es por esto que, los apoyos económicos de programas como Jalisco Incluyente son básicos. Lamentablemente, afirmó que este tipo de asistencia social a nivel municipal, estatal y federal, además de pedir muchos requisitos, termina siendo negada en muchos casos.

“Vas con el municipal y luego te dicen “No, ya tiene el apoyo federal”. Y es como decir, realmente si me juntas la cantidad de morusas que nos dan, realmente no significa una salvación.”, comentó Ivette, quien a su vez denunció la violencia institucional a la que se enfrentan, debido a que el personal que labora en este tipo de dependencias, lamentablemente, “no está capacitado para atender con empatía”.

Al momento, las familias cuidadoras, ante la negativa del gobierno estatal, se encuentran en la búsqueda de un amparo para que se les respete su registro en el programa e instan a la sociedad a no ser indiferentes.