Culiacán, Sin.- Fabi se separó de su pareja cuando tenía ocho meses de embarazo. No era la primera vez que él la dejaba, pero sí fue la más dolorosa: “me dijo ‘me voy’ y se fue sin más”. Luego supo que había iniciado una relación con una menor de edad, una alumna suya en una secundaria privada. Los padres de la adolescente lo sabían, dice Fabi, pero intentaron ocultarlo. Discutieron y llegaron al acuerdo de que él comenzara a atenderse con terapia psicológica. Parecía que todo mejoraba, pero casi siete años después, Fabi descubrió que no era la única joven con la que él se había involucrado.

El testimonio de Fabi evidencia la fragilidad del sistema legal para proteger a las madres y a la infancia. Hoy recibe mil pesos mensuales de pensión para sus dos hijos.

“Te dicen que es un porcentaje de su sueldo, pero muchas empresas registran a los hombres con el salario mínimo. Y si gana poco, a los niños les toca poco. ¿Cómo es posible? A nosotras nos exigen el 100% del cuidado”.

Fabi recuerda que aceptó una pensión baja fuera del juicio porque confió en la palabra de su ex.

“Me dijo que me iba a dar más por fuera, pero sólo cumple lo de ley”. Cuando quiso negarse a que él conviviera con sus hijos en su casa, él contraatacó: la demandó a ella. Desde entonces, ha iniciado un largo proceso para proteger a sus hijos de posibles agresiones.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del estado, del 1 de enero al 8 de mayo de 2025 se han abierto en Sinaloa 70 carpetas de investigación por el delito de Incumplimirnyo del as Obligaciones de Asistencia Familiar.

El Código Penal del Estado establece en su Artículo 240 que a quien, sin causa justificada, no proporcione los recursos indispensables para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de 90 a 180 días de multa, además de la suspensión o pérdida de los derechos de familiar. Este delito se persigue por querella, salvo que el ofendido sea incapaz y no tenga representante legal, en cuyo caso el Ministerio Público debe proceder de oficio.

Además, el artículo 241 señala sanciones de seis meses a tres años de prisión a quien se coloque dolosamente en estado de insolvencia para evadir sus obligaciones alimentarias. La ley contempla también que el producto del agresor pueda ser destinado a cumplir dichas obligaciones.

Según cuenta, su hija de 11 años le confesó sentirse incómoda cuando su padre la abrazaba. “No sentía que fuera un abrazo paternal, sino como insinuado”, relata. Esto la llevó a denunciar por acoso sexual. “Mi abogada me dijo que eso sí cuenta, que no es solo cuando hay contacto directo”. El Ministerio Público aceptó la denuncia y determinó que la niña sí presentaba afectaciones. El caso sigue abierto, pero los recursos para sostenerlo son limitados.

Aún con todas esas violencias u omisiones, él busca llevarse a los niños a dormir los fines de semana. Fabi teme por su seguridad. “Se los lleva a tocadas, donde hay alcohol, drogas, tipos de 30 años… no es un ambiente para niños”. También ha llevado a distintas parejas a convivir con ellos, sin previo aviso. “Una vez la niña me preguntó por qué su papá se metía la lengua con una muchacha. ¿Qué le dices a una niña después de eso?”.

“Yo siempre traté de llevar la fiesta en paz”, dice. “No quería problemas, no quería escándalos. Pero él sí. Él sí quería ganarme el jalón”.

Fabi tiene dos trabajos para sostenerse, es maestra de apoyo y además vende y juegos didácticos. Sueña con que se reforme la ley para establecer una pensión mínima obligatoria, sin importar el salario del padre.

“Si supieran que van a tener que mantener a sus hijos como se debe, muchos se lo pensarían antes de abandonar”.

A siete años de haber dado a luz a su segundo hijo, Fabi vive la maternidad como un campo de batalla: “es cuidar a los niños, la economía, los sentimientos, los recuerdos, los corajes… todo sola”.

El “Tendedero” que exhibe la impunidad

Teresa Ibarra, fundadora del Colectivo Tendedero de Deudores Alimentarios Mazatlán, señala que casos como el de Fabi son muy comunes.

“El 80 por ciento de las madres autónomas aquí, sufre violencia vicaria y económica por parte del padre de sus hijos”, afirma.

Uno de los mayores problemas es la complicidad de las empresas que emplean a los padres: “Muchas sólo dan de alta al trabajador con el salario mínimo y el resto se lo pagan por fuera. Así evitan pagar una pensión justa. Eso también es violencia”.

Un ejemplo reciente fue lo sucedido con la taquería San Pablo, en Mazatlán. Según Teresa, a pesar de haber recibido un oficio judicial, la empresa tardó meses en depositar la pensión.

“Después del tendedero que hicimos en abril, empezamos a bombardear sus redes sociales pidiendo que cumplieran. Sólo así se acercaron a la madre para preguntar si ya se había hecho el depósito”.

“No sólo los padres vulneran los derechos de los niños. También las empresas, y el propio sistema judicial que lo permite”.

El colectivo surgió en 2023 y actualmente reúne decenas de casos en Mazatlán.

“Necesitamos que el Registro de Deudores Alimentarios sea público. Eso ayudaría a presionar. En países donde abandonar a una mujer embarazada es delito, la ley protege. Aquí no”.

Para Teresa, visibilizar es una forma de justicia.

“Queremos que se caiga la ley, que caiga con fuerza. Para que dejen de abandonar a los hijos como si fueran un pendiente que pueden ignorar”.

 

MÁS SOBRE VIOLENCIA VICARIA: