Por Ana Paula Carbonell / @AnaPauCarbonel1

“Todas y cada una de las periodistas que colaboraron en este diagnóstico son sobrevivientes de la misoginia”, afirmó Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, durante la presentación del estudio “Voces en Resistencia”.

La violencia que enfrentan va desde el acoso y hostigamiento sexual hasta la exclusión laboral y la revictimización institucional. “Vivimos en un país donde vivir libres de cualquier tipo de violencia, en cualquier espacio, como mujeres periodistas, es un derecho enunciado, pero no ganado”, agregó Lagunes Huerta.

Las entrevistadas relataron que en sus medios de trabajo no existen mecanismos adecuados para prevenir o atender la violencia de género. Más del 80% de quienes denunciaron agresiones se sintieron revictimizadas por sus propias instituciones, lo que agrava el daño y perpetúa la impunidad.

Impactos en la salud y la vida personal

La violencia no solo afecta su trabajo, sino también su salud física y emocional. Bugambilia, una de las periodistas participantes, compartió: “Cuando me estreso mucho siento mucho dolor en el cuello y el brazo, en la mano me empiezan a dar calambres”. Dolores de cabeza, migrañas, gastritis, artritis y trastornos emocionales son comunes entre ellas.

Además, la violencia impacta su vida familiar y social, generando inseguridad y miedo. El 36.4% ha considerado abandonar el periodismo debido a estas condiciones adversas, un reflejo del costo personal que implica ejercer esta profesión en un contexto hostil.

Falta de apoyo institucional y necesidad de perspectiva de género

Verónica Espinosa, consejera del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reconoció que las medidas actuales son insuficientes y carecen de perspectiva de género. “No puede aplicarse un mismo diagnóstico para un periodista hombre que para una periodista mujer, eso no puede ser”, afirmó, subrayando la urgencia de protocolos sensibles a las particularidades de género.

El diagnóstico revela una realidad alarmante: el 57% de los medios analizados en América Latina no cuentan con protocolos para atender la violencia de género. Esta ausencia de lineamientos claros y obligatorios deja a las periodistas en una situación de vulnerabilidad, pues no existen rutas institucionales para denunciar ni mecanismos de protección efectivos dentro de las redacciones. En palabras de Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, “vivir libres de cualquier tipo de violencia en cualquier espacio, como mujeres periodistas, es un derecho que está enunciado, pero no ganado”.

La falta de protocolos no solo invisibiliza las agresiones, sino que perpetúa una cultura de silencio y complicidad. Muchas periodistas entrevistadas relataron que, al intentar denunciar situaciones de acoso, hostigamiento o discriminación, se encontraron con la indiferencia o el escepticismo de sus superiores. “En los medios, sigue existiendo la idea de que si denuncias, exageras o no tienes ‘madera de periodista’”, compartió una de las participantes durante la conferencia de presentación del diagnóstico.

Aún más grave es el hecho de que, en el 41.5% de los casos denunciados, las periodistas sufrieron represalias directas por atreverse a alzar la voz ante una vulneración de sus derechos. Estas represalias incluyeron desde despidos y amenazas, hasta el aislamiento profesional y la asignación de tareas menos relevantes, lo que afecta su desarrollo y estabilidad laboral.

 “Las estructuras de la violencia obstaculizan doblemente a las mujeres en sus quehaceres por comunicar la noticia”, enfatizó Lagunes Huerta, subrayando que el costo de denunciar puede ser tan alto que muchas optan por el silencio para proteger su empleo y su seguridad.

El diagnóstico también documenta que, en algunos casos, las periodistas que denunciaron violencia fueron objeto de campañas de desprestigio dentro y fuera de sus redacciones. “El miedo a perder el trabajo, a ser señaladas o a quedarse solas es una constante”, compartió otra de las periodistas entrevistadas. Esta situación genera un círculo vicioso en el que la impunidad se refuerza y la violencia se normaliza.

Recomendaciones a partir del diagnóstico

Protocolos claros y obligatorios contra la violencia de género: El diagnóstico subraya la urgente necesidad de que los medios de comunicación implementen protocolos claros, obligatorios y con perspectiva de género para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres periodistas. Estos protocolos deben incluir rutas de denuncia seguras, mecanismos de protección efectivos y sanciones para quienes ejerzan cualquier tipo de violencia.

“No basta con decir que hay cero tolerancia, es necesario que existan procedimientos claros, conocidos por todas y que realmente se apliquen”, enfatizó Lucía Lagunes Huerta durante la presentación.

Capacitación y sensibilización del personal: Se recomienda que todo el personal de los medios, especialmente quienes ocupan cargos directivos y de recursos humanos, reciba capacitación continua en perspectiva de género, derechos humanos y atención a víctimas. Esto incluye a jueces, autoridades y operadores del sistema judicial, para evitar la revictimización y garantizar un trato digno y profesional.

Reconocimiento de la violencia de género como fenómeno estructural: El diagnóstico insiste en que es fundamental reconocer la violencia contra las mujeres periodistas como un fenómeno estructural, no como casos aislados. Esto implica que las instituciones y medios deben asumir la responsabilidad de transformar sus culturas organizacionales y erradicar prácticas normalizadas de discriminación y violencia.

Medidas diferenciadas y sensibles al género: Se recomienda que las medidas de protección y atención sean diferenciadas y sensibles al género, es decir, que consideren las particularidades y riesgos específicos que enfrentan las mujeres periodistas, en contraste con sus colegas hombres.

Creación y fortalecimiento de redes de apoyo y acompañamiento: El diagnóstico destaca la importancia de fortalecer redes de apoyo entre periodistas, organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos. Estas redes permiten compartir información, acompañar procesos de denuncia y resistir colectivamente ante la violencia.

Supervisión y observatorios ciudadanos: Se propone la creación de observatorios ciudadanos con participación de la sociedad civil y colectivas feministas para monitorear el actuar de los medios y del sistema judicial, así como para vigilar la correcta aplicación de protocolos y la atención a las víctimas.

Sanción efectiva a agresores y cero tolerancia a represalias: El informe exige que se sancione efectivamente a los agresores y se garantice que no existan represalias contra quienes denuncian, como despidos, amenazas o campañas de desprestigio. La impunidad y el castigo a las denunciantes perpetúan el círculo de violencia.

Atención integral a la salud física y mental: Se recomienda que los medios y las instituciones ofrezcan servicios de atención integral a la salud física y mental de las periodistas, considerando el impacto profundo que la violencia tiene en su bienestar.

Resistencia y esperanza

El diagnóstico concluye que la ausencia de protocolos claros y la existencia de represalias institucionales no solo fallan en proteger a las periodistas, sino que castigan y desalientan a quienes buscan justicia. Esto perpetúa la violencia estructural y envía un mensaje contundente: denunciar puede costar la carrera, la salud y, en ocasiones, la vida. A pesar de las adversidades, las mujeres periodistas han desarrollado estrategias de resistencia para seguir informando y defendiendo el derecho a la libertad de expresión. Pero no pueden hacerlo solas. La sociedad, y las instituciones, deben estar conscientes del problema para ayudar a generar soluciones viables.

 “Esta es la experiencia de las mujeres, esta es su voz, es su resistencia”, concluyó Lagunes Huerta, invitando a construir un periodismo más justo y seguro para todas.

Presentes en la conferencia de presentación de hallazgos, estuvieron Claudia Paola Cabello Montaño (investigadora y acompañante psicosocial), Verónica Espinosa (periodista y consejera del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas), Myrna Susana Gómez Vázquez (periodista), Florina Miranda Mayo (periodista), Marcela de Jesús Natalia (periodista) y Lucía Lagunes Huerta (Coordinadora General de CIMAC).