Texto: Patricio Pérez
Foto: María Ruiz Archivo Pie de Página

 

CIUDAD DE MÉXICO. – El 3 de mayo se realizó una marcha de pañuelo azul en el Monumento a la Revolución. Los manifestantes portaban pancartas con consignas como “ELIGE LA VIDA”, “MÉXICO DEFIENDE CADA LATIDO” y “QUIERO VIVIR, PERO PRIMERO TENGO QUE NACER”.

El grupo, que se autodenomina «defensor de la vida», se dirigió al Congreso de la Ciudad de México para exigir, entre otros puntos, «garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal médico».

Entre los asistentes destacó la presencia de Jorge Romero Herrera, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), quien publicó en sus redes sociales: “Juntos alzamos la voz, cada vida es un triunfo”, acompañado de un emoji de corazón azul celeste.

La marcha coincidió con el 18.º aniversario de la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la capital, la primera entidad en México en legalizar este procedimiento y ofrecerlo en clínicas públicas gratuitas. No obstante, persisten barreras: aunque la interrupción está permitida hasta las 12 semanas de gestación, el acceso sigue siendo limitado.

Obstáculos en el acceso a la ILE

Actualmente, la CDMX cuenta con 14 unidades médicas que brindan ILE, pero la mayoría se ubican en zonas periféricas, lo que dificulta el traslado para residentes del centro o personas provenientes de estados donde el aborto aún está penalizado (como Morelos, Yucatán o Querétaro). Organizaciones civiles señalan la necesidad de ampliar el número de clínicas para garantizar el acceso oportuno.

A pesar de ser un servicio legal y gratuito, las clínicas de ILE enfrentan denuncias por burocracia poco clara, requisitos contradictorios y trato hostil hacia las usuarias. En algunos casos, como en la Clínica Inguarán, se han reportado comentarios por parte del personal médico que atribuyen la decisión de abortar a una responsabilidad exclusiva de la paciente.

Los procedimientos suelen ser lentos, lo que incrementa el estrés en personas que ya enfrentan una situación emocionalmente compleja. Organizaciones feministas subrayan que la interrupción del embarazo rara vez es una decisión impulsiva, sino que suele estar mediada por factores económicos, sociales o de salud.

Presión de grupos antiderechos

En las afueras de las clínicas, es común la presencia de colectivos religiosos que intentan disuadir a las personas que buscan acceder a la ILE. Estos grupos ofrecen ultrasonidos gratuitos en camionetas y entregan folletos que describen riesgos físicos y emocionales asociados al aborto.

En algunos casos, las intervenciones se dirigen a adolescentes embarazadas, lo que ha generado críticas por la falta de enfoque en la prevención del embarazo infantil. Cabe destacar que estos colectivos no suelen participar en iniciativas para apoyar a niños en situación de calle o pobreza.

Desigualdad en el acceso: uno de los pendientes

Las dificultades en las clínicas públicas llevan a algunas personas a recurrir al sector privado, donde el costo de una ILE varía entre 3 mil y 15 mil pesos. Esta disparidad refleja una brecha económica que convierte un derecho en un privilegio, reproduciendo desigualdades históricas.

Incluso en el ámbito privado, hay reportes de trato impersonal y presión para agilizar procedimientos, lo que limita la atención integral.

La ILE como derecho pendiente

Aunque el marco legal en la CDMX es avanzado, organizaciones feministas insisten en que la despenalización social del aborto sigue siendo un desafío. Entre las demandas clave se encuentran:

Ampliar la red de clínicas para reducir barreras geográficas. Capacitar al personal médico en enfoque de derechos y no violencia. Combate a la desinformación sobre los riesgos reales de la ILE.

Figuras públicas como Lily Téllez y Jorge Romero Herrera han sido señaladas por promover discursos que vinculan el aborto con un retroceso social, pese a la evidencia de que su penalización incrementa los riesgos para la salud.