La investigación imparcial que promete el gobernador Rubén Rocha Moya en el caso de las niñas Alexa y Leydi, que fueron asesinadas en Badiraguato el 6 de mayo, debe ser el ofrecimiento de promover él desde su cargo que las instituciones de procuración e impartición de justicia apliquen la ley a los autores materiales e intelectuales de las agresiones a la población pacífica durante la actual narcoguerra.

En tanto transcurre algún plazo perentorio para que el mandatario estatal cumpla su palabra, las fiscalías general del estado y de la república están emplazadas a dar mejores resultados en el combate a la impunidad, eficiencia indispensable para abatir la percepción de que la delincuencia está sobrepuesta a las instituciones legítimamente instauradas.

Rocha enfatizó el lunes en la conferencia de prensa semanal que el caso de las niñas de Badiraguato está en proceso de judicialización y que los responsables ya han sido plenamente identificados, así como comprometió que “se va a aplicar la justicia como lo último que podemos ofrecerles a las niñas y a sus padres; que al menos se haya justicia”.

El castigo a los delincuentes conforme lo establece la norma jurídica tendría que ser regla y no excepción en cualquier sociedad regida por el Estado de derecho, sin necesidad de que el gobernador en turno lo promueva ni que los ciudadanos lo imploren, por esa razón es loable que Rocha se ponga al frente de la demanda de justicia aunque lo más adecuado es que el Poder Judicial la suministre de manera ordinaria.

Si Sinaloa padece el brutal golpe derivado de la confrontación interna en el Cártel de Sinaloa es precisamente a consecuencia de que la ley no se aplicó durante décadas contra el crimen organizado que notó la ausencia de autoridad e interpretó la impunidad como licencia para delinquir. La justicia tiene que prevalecer, con o sin narcoguerras, como el inmejorable escudo protector de los pacíficos y sus quehaceres.

Otras editoriales

Indagan al Ejército por ataque directo que mató a niñas en Badiraguato