Culiacán, Sinaloa.— En medio de un panorama nacional que muestra leves mejoras en materia de seguridad, Sinaloa destaca por lo contrario: retrocedió cuatro lugares en el Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

Ahora se ubica en el lugar 22 de 32 estados, arrastrado principalmente por el aumento en los delitos con violencia, como asesinatos y desapariciones de personas.

Durante 2024, Sinaloa presentó un incremento del 16.3 por ciento en este tipo de delitos, lo que lo coloca entre las entidades con peor desempeño en este rubro. El deterioro no solo es estadístico: es palpable en las calles, en la percepción ciudadana y en las omisiones institucionales. Este repunte coincide con la escalada de violencia derivada del conflicto interno entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, recrudecido desde septiembre del año pasado y que ha generado una atmósfera de inestabilidad permanente en varias regiones del estado.

Este índice muestra las estadísticas de todos los estados.

Aunque en años anteriores la entidad había mostrado avances en la reducción de homicidios, producto de una relativa tregua criminal y reacomodos estratégicos, el informe evidencia que la violencia no desapareció, sino que muto.

Los datos revelan un desplazamiento hacia formas de violencia cotidiana: robos, agresiones, violencia familiar y delitos sexuales, muchas veces invisibilizados ante la narrativa oficial de “pacificación”.

Uno de los indicadores más alarmantes es la tasa de homicidios. Solo entre septiembre y diciembre de 2024, el estado registró un aumento del 80.6 por ciento en asesinatos, al pasar de 17.4 a 31.4 muertes por cada 100 mil habitantes, lo que posicionó a Sinaloa con el segundo mayor deterioro nacional en este rubro.

Este repunte se tradujo en más de 500 personas asesinadas en solo cuatro meses, muchas de ellas presuntamente integrantes o colaboradores de las facciones delictivas en pugna.

El informe compara a Sinaloa con Zacatecas, el cual es catalogado como el estado más pacífico.

La llamada “narcopandemia”, como se le ha nombrado al periodo de violencia derivada de la pugna entre dos grupos criminales del cártel de Sinaloa ha generado afectaciones no solo en los índices de seguridad, sino también en el tejido social: comunidades enteras viviendo bajo reglas no escritas, toques de queda informales y miedo constante.

El contexto se agrava si se observa el indicador de desapariciones. Con 13 mil 253 personas reportadas como desaparecidas entre 2010 y 2024, Sinaloa se ubica como el noveno estado con más casos acumulados, pero lo más grave es que tiene la tasa más alta del país de personas localizadas sin vida tras haber sido reportadas como desaparecidas: 10.5 por ciento.

Casos de desaparición, localizados y localizados sin vida.

Esto revela no solo una práctica sistemática de desaparición con desenlace fatal, sino también una letalidad silenciosa y encubierta, que desborda la narrativa de seguridad institucional.

Sinaloa fue uno de los 14 estados que empeoraron su nivel de paz durante 2024. En contraste, 18 entidades mejoraron su calificación, lo que evidencia un rezago estructural en la entidad frente al promedio nacional. Pese a tener menor tasa de homicidios que en años anteriores, la expansión del narcomenudeo, las desapariciones forzadas y la extorsión mantienen al estado en un contexto de violencia normalizada.

Aunque en años anteriores Sinaloa había mostrado avances en la reducción de homicidios, producto de una relativa tregua criminal y cambios en las prioridades operativas de los cárteles, el informe evidencia que la violencia no ha cesado, solo ha mutado.

El incremento se ha desplazado hacia otras formas de violencia cotidiana: robos, agresiones, violencia familiar y delitos sexuales. El estado ocupa el lugar 28 a nivel nacional en delitos con violencia, uno de los peores del país.

El informe advierte que los bajos niveles de funcionamiento institucional y los altos niveles de corrupción son factores estrechamente ligados a la violencia. En el caso de Sinaloa, la impunidad, la debilidad del sistema judicial y la cooptación de autoridades locales siguen siendo elementos que impiden romper el ciclo de criminalidad.

“No es suficiente reducir homicidios si no se atienden las formas cotidianas de violencia que también destruyen la vida social”, señala el informe.

El Índice de Paz insiste en que, más allá de operativos y despliegues militares, es indispensable construir Paz Positiva: instituciones confiables, justicia accesible, oportunidades reales para la juventud y una ciudadanía que recupere su voz frente al miedo. En Sinaloa, el reto no es solo detener la violencia: es dejar de vivir bajo sus reglas.

 

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