Maternidad o castigo: un análisis profundo sobre la criminalización del aborto en México

Por Ana Paula Carbonell/@AnaPauCarbonel1

El aborto, entendido como la interrupción voluntaria del embarazo, es un procedimiento reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un servicio esencial de salud. Sin embargo, en México, sigue estando regulado principalmente bajo un régimen penal basado en causales y plazos. Esto significa que, en la mayoría de las entidades, el aborto es considerado un delito, salvo en ciertas excepciones que varían según el estado, lo que genera un marco normativo fragmentado y restrictivo. Este enfoque ha contribuido a la confusión, el miedo y la criminalización social y legal de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar.

El informe de GIRE subraya que la criminalización del aborto no solo limita la autonomía reproductiva, sino que también representa una violación a los derechos humanos. La maternidad no debe ser una función obligatoria ni un castigo para quienes no desean o no pueden continuar con un embarazo. La criminalización materializa la idea de que la maternidad es un destino inevitable para las mujeres, una concepción que permea tanto la cultura como las instituciones del Estado, y que se traduce en persecución penal, violencia institucional y estigmatización social.

Datos sobre la criminalización: denuncias, procesos y sentencias

Para comprender la magnitud de la criminalización, el informe analiza más de 500 solicitudes de información dirigidas a instituciones de salud, fiscalías y procuradurías, además de revisar sentencias y casos acompañados por GIRE entre 2012 y 2023. Los datos revelan que, en este periodo, se han registrado miles de denuncias por el delito de aborto, y que muchas personas gestantes han sido sujetas a procesos penales, incluyendo prisión preventiva y sentencias condenatorias.

Este fenómeno afecta especialmente a mujeres y personas en contextos de vulnerabilidad social y económica, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de salud seguros y a asesoría legal adecuada. La criminalización también alcanza al personal de salud, quienes en ocasiones son sancionados por brindar atención o información sobre aborto, lo que limita aún más el acceso a servicios médicos de calidad.

El marco normativo: avances y retos pendientes

En la última década, se han logrado avances significativos en la regulación del aborto en México. Actualmente, 22 estados permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido precedentes que declaran inconstitucional la criminalización del aborto. Sin embargo, el aborto sigue estando tipificado como delito en la mayoría de los códigos penales estatales y en el Código Penal Federal, lo que genera una disparidad en el acceso y perpetúa la inseguridad jurídica.

El texto recoge testimonios de mujeres que han sido criminalizadas o perseguidas por buscar atención médica tras un aborto espontáneo o inducido. Una de ellas relata:

“Fui al hospital porque estaba sangrando mucho. Tenía miedo por mi salud, pero nunca imaginé que acabaría en la cárcel. Me acusaron de haberme provocado el aborto, aunque yo no sabía ni lo que estaba pasando con mi cuerpo. Pasé meses detenida y mi familia se endeudó para poder sacarme”.

El informe destaca que, aunque el modelo de causales y plazos ha permitido cierta apertura, sigue siendo insuficiente porque mantiene el aborto dentro del ámbito penal, lo que implica que las personas gestantes pueden ser perseguidas y sancionadas. Por ello, GIRE aboga por una regulación exclusivamente sanitaria, que elimine el aborto del derecho penal y lo reconozca como un derecho de salud pública y justicia reproductiva.

Además, no son solo las personas que buscan interrumpir su embarazo las que corren peligro de ser perseguidas o sancionadas. Los profesionales de salud también enfrenta sanciones y amenazas por brindar información o atención en casos de aborto. Se encuentran en una situación vulnerable en la que se ven forzados a limitadr el acceso a servicios médicos de calidad, por miedo a ser sancionados.

“He tenido que negar la atención a pacientes porque el hospital tiene miedo de que nos denuncien. Es muy doloroso ver a una mujer sufrir y no poder ayudarla por temor a represalias legales”, narró una médica entrevistada por GIRE.

El análisis de GIRE se fundamenta en el marco de derechos humanos internacionales y regionales, a los que México está obligado a adherirse. El Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos establecen estándares claros para proteger la igualdad, la no discriminación, el derecho a la salud, la autonomía reproductiva y el acceso a la justicia. Estos estándares exigen que el Estado garantice el acceso a servicios de aborto seguros, sin discriminación ni violencia, y que elimine las barreras legales y sociales que impiden el ejercicio pleno de estos derechos.

Además, el informe señala que la criminalización del aborto contraviene el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, pues las personas gestantes enfrentan persecución penal, violencia institucional y estigmatización social. La autonomía reproductiva se reconoce como parte del libre desarrollo de la personalidad, por lo que su restricción constituye una violación grave a los derechos humanos.

La diversidad de personas con capacidad de gestar

Un aspecto fundamental que el informe enfatiza es el reconocimiento de la diversidad sexogenérica. No solo las mujeres pueden gestar; también hombres trans, personas no binarias y otras identidades de género diversas tienen capacidad reproductiva. Por ello, el informe utiliza términos inclusivos como “personas con capacidad de gestar” para visibilizar y proteger los derechos reproductivos de todas estas personas, quienes a menudo enfrentan discriminación adicional en el acceso a servicios de salud.

Narrativas sociales y cambio cultural

El informe también aborda la evolución de la narrativa social e institucional en torno al aborto. Se observa un cambio gradual en la forma en que las instituciones de salud, los medios de comunicación y la sociedad en general abordan el tema, cada vez más desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública, y menos como un problema moral o penal. Sin embargo, persisten estigmas y prejuicios que dificultan el acceso a servicios seguros y el reconocimiento pleno del derecho a decidir.

Recomendaciones para avanzar hacia la despenalización

Para superar los retos identificados, el informe plantea recomendaciones dirigidas a diversos actores:

Congreso de la Unión y congresos locales: eliminar el aborto de los códigos penales y legislar bajo un enfoque sanitario y de derechos humanos.

Poder Ejecutivo e instituciones de salud: garantizar servicios de aborto seguros, gratuitos, accesibles y libres de discriminación, con protocolos claros y capacitación al personal.

Fiscalías y Poder Judicial: evitar la persecución penal de personas gestantes y personal de salud, respetar el debido proceso y garantizar acceso a la justicia.

Medios de comunicación y sociedad: promover narrativas que reconozcan el aborto como un derecho de salud y autonomía reproductiva, y combatir la estigmatización.

Maternidad o castigo: Hacia la despenalización del aborto en México es un documento clave para comprender la complejidad del aborto en el país, donde la criminalización sigue siendo una forma de violencia institucional que limita derechos fundamentales. El informe no solo documenta la realidad de miles de personas afectadas por esta situación, sino que también señala el camino para avanzar hacia una regulación basada en la salud, la justicia social y los derechos humanos.

La despenalización total del aborto en México es una urgencia que implica reconocer la autonomía reproductiva como un derecho inalienable, garantizar el acceso a servicios de calidad para todas las personas con capacidad de gestar, y erradicar la violencia y discriminación que han marcado históricamente este tema. Solo así se podrá construir un país más justo, igualitario y respetuoso de las decisiones personales en materia reproductiva.

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Puedes leer el informe completo en la página oficial de GIRE.