Ciudad de México. – México experimentará en 2025 una transformación sin precedentes en el Poder Judicial: por primera vez, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán electos directamente por voto popular, entre una lista de 64 aspirantes.

Además, el máximo tribunal reducirá su integración de 11 a 9 integrantes. Esto como parte de la reforma judicial aprobada en 2024, que a decir de especialistas debilita la independencia del Poder Judicial, favorece la partidización de la Corte y abre la puerta a una subordinación al partido mayoritario.

Aunque por otro lado, el gobierno y el partido Morena defienden que era necesaria, para erradicar los privilegios, la corrupción y el sometimiento al poder económico que, según su diagnóstico, caracterizan actualmente al sistema judicial.

“Vamos a terminar con una Suprema Corte con niveles de partidización que no veíamos desde 1994”, alerta Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La iniciativa para elegir juzgadores en las urnas se dio con el antecedente de que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la mayoría de la Suprema Corte falló en contra de reformas y proyectos claves de su gobierno, al considerar que eran contrarios al orden constitucional. De ahí que la oposición y especialistas señalen que se trató de una revancha política, sin  suficiente análisis técnico sobre sus implicaciones.

Esta elección extraordinaria no solo marcará el fin del modelo vigente desde hace tres décadas, sino que podría reconfigurar por completo el equilibrio entre poderes. Las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante el Senado de la República el 1 de septiembre de 2025, según establece el Diario Oficial de la Federación.

Cuatro ministras o ministros permanecerán en funciones hasta 2033 y cinco hasta 2036. A quienes obtengan más votos se les asignará el periodo más largo. Sin embargo, si alguna o alguno de los electos ya ocupa el cargo de ministro o ministra en funciones, sólo continuará el tiempo restante de su nombramiento original.

Pero, ¿por qué importa tanto esta elección? ¿Qué implica que la ciudadanía decida por voto quién integrará la Corte?

Qué hace la Suprema Corte y por qué debe importarnos

“Los tribunales, siempre lo he pensado, son como los hospitales. No te das cuenta de cuál es la importancia de tener un buen sistema de salud hasta que estás en las puertas de un hospital. […] Todos vamos a terminar, directa o indirectamente, frente a un tribunal”, menciona Martín Reyes sobre la elección de juzgadores, al acudir a las urnas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal del país y el garante último del orden constitucional.

Su principal función es interpretar la Constitución, resolver controversias entre poderes, entre distintos niveles de gobierno, y entre particulares y autoridades, así como proteger los derechos humanos mediante el juicio de amparo.

La Corte actúa como un árbitro en momentos de tensión política o jurídica. Tiene la facultad de frenar reformas que se consideren inconstitucionales, además de garantizar derechos frente a abusos del poder.

En el pasado tomó decisiones clave en temas como el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto o la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar.

Las resoluciones de la Suprema Corte son colegiadas. Es decir, son resultado de votaciones entre sus integrantes, no de una sola ministra o ministro.

Julio Ríos Figueroa, profesor del Departamento de Derecho del ITAM, refiere que la reducción de 11 a 9 integrantes en la Suprema Corte y el ajuste en la mayoría calificada —que ahora se alcanzará con 6 votos en lugar de 8— no tendrían “prácticamente ninguna” implicación relevante.

Aunque, por otro lado, la desaparición de las salas obligará a que todos los asuntos se resuelvan en el pleno. Esto, como advierten Omar Hernández y Mariana Velasco en el libro La Tormenta Judicial, podría hacer la justicia más lenta, con menos calidad en el análisis de los casos y mayor discrecionalidad.

Jueces por voto directo: ¿una democratización del Poder Judicial?

Uno de los principales argumentos del gobierno ha sido que la elección popular democratiza al Poder Judicial. Pero Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: “Yo creo que es una mala idea elegir a personas juzgadoras por voto popular, porque las personas juzgadoras no son representantes de intereses particulares, sino son el gran árbitro de la democracia”.

Para ilustrarlo, lanza una analogía: “Esto es como si le pidiéramos a las porras de los equipos de futbol que eligieran a los árbitros. ¿Quién ganaría? Pues las porras mayoritarias. ¿A quiénes elegirían? A los árbitros que les van a marcar a favor”.

Ríos Figueroa advierte que elegir a jueces por voto popular bajo las mismas reglas que rigen la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo puede comprometer la independencia del Poder Judicial. Esto se debe, explica, a que “se confunden los intereses” entre los poderes.

“El problema de elegir jueces, es que se anula la posibilidad de que el poder judicial tenga intereses diferentes a los de los poderes ejecutivo y legislativo, y por lo tanto muere la independencia judicial y muere la posibilidad de tener un gobierno un gobierno moderado”, afirma Ríos Figueroa

Y ante esto, ¿qué puede hacer la ciudadanía?

Pese a sus críticas, ambos especialistas consideran que la participación ciudadana sigue siendo crucial. Reyes dice: “Cada vez que uno decide no votar, estás dejando que otros decidan”.

Y aunque reconoce que las reglas actuales favorecen estructuras con capacidad de movilización, insiste: “Vale la pena votar por perfiles que tengan conocimiento, independencia, conciencia social e imparcialidad… hay muchos cargos muy importantes en disputa. Son los tribunales con los que muy probablemente vamos a tener que vivir muchos años”.

En esta página del Instituto Nacional Electoral (INE) puedes obtener información sobre las y los candidatos que contienden para ser ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, qué poder los postuló, cuáles son sus propuestas y su trayectoria.

Ríos Figueroa, por su parte, se muestra escéptico ante la viabilidad democrática del proceso, por temas como que a diferencia de elecciones previas no se hará en las casillas el conteo de votos que obtuvo cada aspirante, sólo de la cantidad que personas que acudieron a votar.

El especialista advierte que en esta elección “los ciudadanos no van a contar los votos en las casillas”. Además, se instalarán solo la mitad de las casillas que se colocarían en una elección similar, y no se aplicarán medidas como anular las boletas no utilizadas o registrar en las actas cuántas personas acudieron a votar y cuántas boletas sobraron. “Es una elección que, en la organización de la elección en sí misma … estamos retrocediendo 30 años”.

“¿Quién es el mejor ciudadano, el que participa en una elección que sabemos que está mal hecha para una reforma mal hecha, que va a acabar con la independencia judicial, o el ciudadano que a pesar de eso va y vota? Yo la verdad no lo tengo claro”, se cuestiona el especialista.

“Hay que estar analizando, evaluando, midiendo y estudiando la reforma y sus efectos, primero para dejar testimonio del grave daño que va a causar, y después para poder recuperar un poco de lo bueno que teníamos”.