El 8 y 9 de junio se realizará en Italia un referéndum popular para que cerca de 48 millones de ciudadanos y ciudadanas con derecho al voto expresen su preferencia acerca de cinco preguntas. Estas tienen que ver con derechos laborales y ciudadanía para extranjeros residentes.

¿De qué van las preguntas? Una es sobre reducir de 10 a 5 años el periodo de residencia regular de una persona extranjera para obtener la ciudadanía italiana, algo que estabilizaría la situación de vida, familiar y laboral de por lo menos 1.4 millones de migrantes, facilitaría su integración, y ayudaría incluso el crecimiento poblacional de un país en que ya no se hacen hijos.

Esto implicaría volver a los requisitos de ciudadanía anteriores a 1992 y alinearse a la mayoría de las naciones europeas. Sin embargo, al tener un gobierno con posiciones xenófobas y personajes influyentes con evidentes tendencias racistas, ha sido complicado promover y dar a entender a la opinión pública los beneficios de esta inclusión.

El ejecutivo de Giorgia Meloni recientemente ha restringido las condiciones para que descendientes de personas italianas de tercera o cuarta generación puedan sacar su pasaporte y ciudadanía, o sea, ha estado limitando el alcance del ius sanguinis, principio jurídico que determina la nacionalidad de una persona por la nacionalidad de sus padres, independientemente del lugar de nacimiento. Por eso, sería importante que, por lo menos, como forma de “compensación”, disminuyeran los años de residencia necesarios para “nacionalizarse”.

La primera analogía con México es lo que está pasando con Trump 2.0 recargado al norte del Río Bravo, en donde el presidente, apoyado por una banda de trumpistas más radicales que su jefe, está decretando expulsiones, sanciones, terror y redadas en contra de las y los migrantes, tachándolos de delincuentes a priori para deportarlos y transformar la movilidad humana en un crimen de por sí.

Las ilusorias narrativas del melting pot (punto de fusión, asimilación al “pueblo americano”) y del american dream se topan ahora con un soberanismo mal entendido en Estados Unidos, que se traduce en rechazo del otro y en un identitarismo excluyente. ¿Qué votarían las y los mexicanos en EUA si pudieran decidir una reducción a la mitad de los años necesarios para estabilizarse e integrarse en aquel país?

Las otras preguntas del referéndum en Italia, si llegara a ganar el SÍ, conllevarían mayores derechos laborales y palancas de negociación para las personas trabajadoras. Estos derechos fueron restringidos con medidas francamente neoliberales y de desregulación del “mercado del trabajo” en 2015, durante el gobierno de centroizquierda (sic) de Matteo Renzi.

Ahora, se pretende votar para que haya responsabilidad en materia de seguridad laboral por parte de las empresas que subcontratan a otras para realizar obras, para que los patrones tengan que justificar cuando usan contratos precarios o de tiempo determinado y no indefinido, y para que los jueces puedan determinar más contundentemente reintegros en sus puestos y/o indemnizaciones mayores a quienes sufrieron despidos injustificados. Claro está que elites empresariales y patronatos invitan a no votar por estas medidas bajo la amenaza de que se va a perder “flexibilidad” para contratar y gestionar el negocio y va a haber más desempleo y menor productividad. ¿Les recuerda algo?

Aunque en un contexto distinto, la debacle italiana recuerda el debate mexicano, aún irresuelto y desgastante, que ya tiene unos 60 años de retraso frente al resto del mundo, sobre la reducción del horario laboral de 48 a 40 horas, así como lo fue en su momento, en el sexenio de AMLO, la discusión sobre el aumento al salario mínimo y a las pensiones, con la firme oposición de sectores recalcitrantes a ceder un pedacito del pastel.

El referéndum italiano ha suscitado mucha atención en los países de América que históricamente han tenido más vínculos con Italia, ya sea porque fueron receptores de millones de emigrantes italianos en el siglo XIX y XX, como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Venezuela, o bien porque en las últimas décadas una parte importante de su propia población en el exterior trabajó en Italia o allí reside, como por ejemplo es el caso de Ecuador, Perú, El Salvador, o la misma Argentina.

Se calcula que hay entre 60 y 80 millones de descendientes de italianos en el mundo, pero su concentración es impresionante en países como Brasil y Argentina: en Argentina entre el 60% y el 70% de la población tiene algún nivel de ascendencia italiana, y se trata entonces de entre 25 y 30 millones de personas, mientras que, en Brasil, alrededor de 36 millones de personas, poco más del 15% de la población total, tienen origen italiano. En Estados Unidos, hay aproximadamente 20 millones de personas con ascendencia italiana, más o menos el 5.6% de la población.

Una parte de estos descendientes, mayores de edad que han tramitado y conseguido la ciudadanía italiana en algún momento, más los italianos que nacieron en el país y salieron al exterior más recientemente, como quien escribe esta columna, tienen derecho a votar desde el exterior.

Se estima en 5.5 millones el número de personas italianas residentes en el exterior, siendo más de 4.7 millones las que pueden votar en este 2025. Esto es más o menos el 10% del padrón electoral nacional, un dato nada despreciable que, cada vez más, viene siendo más relevante y determinante, aunque la participación de residentes en el exterior en las elecciones ha sido muy baja, ya que no ha superado el 20-25% promedio.

En este importante referéndum del 8-9 de junio indican las predicciones de las encuestadoras que no se va a alcanzar el quórum del 50% más uno para que tenga validez, y el gobierno de derecha de Giorgia Meloni, así como buena parte de los medios de comunicación del Estado y privados, se están dedicando a menospreciar, boicotear o inhibir el voto popular, justo cuando se trata de ampliar derechos laborales y de ciudadanía para las y los inmigrantes.

Políticos y partidos de centro y conservadores invitan a la gente a no votar, a irse a la playa, y presentan la consulta como “algo de las izquierdas”, pues es promovido, entre otros actores, también por el principal sindicato de trabajadores, la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

Esta terca oposición a la expresión popular directa mediante el voto referendario igualmente llama la atención si la cotejamos con lo que está pasando en México con la elección del poder judicial federal del próximo primero de junio: una selva de comentaristas, corifeos y catastrofistas promueven activamente el boicot, con el fin de deslegitimar el proceso y los resultados, lo cual conlleva, a la vez, un proceso incipiente de desestabilización del ejecutivo de Claudia Sheinbaum. No estoy diciendo que no se deban evidenciar, criticar y rectificar las distintas y numerosas fallas del proceso, sin embargo, si en lugar del recurso de la voz y la incidencia, solo se usa la “salida” y el boicot, esto no abona a la democracia que se declara defender.

Estas formas de menosprecio por la democracia directa, cuyo corolario ha sido la difusión de notas falsas y mentiras sobre estos procesos y, en general, sobre las medidas gubernamentales, las hemos visto también cuando la consulta de revocación del mandato de López Obrador o cuando la pandemia de covid19 con la “invitación” de grandes empresarios, léase Salinas Pliego y compañía, a salir a trabajar de todos modos, como bien lo analizaron las periodistas Carolina de Nova y Laura Sánchez ley en Chamuco Media (liga aquí).

Volviendo a Italia y a su gran diáspora en el mundo, al respecto, aunque suene utópico, sería interesante poder movilizarla para que el resultado del voto sea válido y se amplíen derechos laborales y de ciudadanía: es una tarea que se antoja titánica por la enorme dispersión y desinterés político de la mayoría de estos votantes, y a pesar de que sí hay partidos políticos, instituciones públicas, representaciones consulares y organizaciones sociales italianas en todas las latitudes que tratan de fomentar la participación.

En el caso de los referéndums lo es mucho más, porque si en el voto popular no se alcanza el quórum, pues el resultado no tiene efectos legales, lo que en muchas ocasiones se convierte en una oportunidad perdida para el avance de importantes derechos sociales, laborales, económicos, entre otros.

El abandono de la arena y la esfera pública y política, la desafección con los destinos y decisiones comunes o compartidas dentro de una comunidad como la nacional, puede llevar a una nueva concentración de poderes y a decisiones ruines para las mayorías, desancladas, más indiferentes, privadas de derechos poco a poco: la analogía de esta situación entre México e Italia es evidente, de nuevo con referencia al poder judicial y al uso de consultas populares, que no parecen despertar todo el interés que ameritan, aunque cabe mencionar que en el caso mexicano sí ha habido un proceso de politización y participación creciente desde la óptica de gobiernos populares y, sobre todo, de movimientos sociales de larga data que han empujado la apertura política del sistema.

La lucha desde abajo, la organización social y popular, cuando siguen activas y movilizadas, constituyen un pivote fundamental, persistente, para la ampliación de derechos y reivindicaciones ante las élites y los poderes fuertes, fácticos e institucionales. Sin embargo, asimismo, un impulso significativo puede llegar “desde arriba”, mediante cambios legislativos radicales que incluso “se adelanten” a los tiempos, y modifiquen costumbres inveteradas y disposiciones retrogradas.

Esto puede ser a través de representantes genuinamente populares en el congreso, pero, y aquí está la importancia de este tipo de consultas directas en distintas naciones, puede ser también a través de los referéndums, propuestos mediante recolección de firmas por la ciudadanía: fue el caso, en Italia, por ejemplo, del divorcio, cuya prohibición fue derogada por este tipo de consulta en 1974, o, en 2011, el voto contra la privatización y mercantilización de un bien común que estaba siendo depredado, como es justamente el agua, o en contra de la producción en el territorio nacional de energía nuclear.

En la historia de la República, además de estos cinco, hubo otros 78 referéndums que, según lo prevé la Constitución, se han usado principalmente para abrogar leyes, o bien, para aprobar o rechazar aquellas reformas constitucionales que no hubieses tenido mayoría calificada en las cámaras en dos rondas de votaciones. Ojalá y en México, después de julio, surja una Suprema Corte de este tipo, renovada, legitimada desde abajo, y que responda a ciertos intereses de clase y a no otros, los de arriba, como ha tendido a hacer desde que Zedillo dio el manotazo y la “recreó” a su imagen y semejanza.

En el llamado bel paese, el primero y supremo de estos ejercicios de democracia directa fue el llamado Referéndum Institucional de 1946, cuando casi el 90% de la población acudió a las urnas para girar página después de más de 20 años de dictadura fascista y la desastrosa 2ª Guerra Mundial, pues la mayoría decidió que Italia sería una República y ya no una monarquía.

De hecho, la casa reinante de los Savoia ya se había exiliado en Portugal, o sea, había escapado y dejado al país cuando iba perdiendo la guerra, y su retorno quedó prohibido constitucionalmente hasta el 2002. En 1948, año que el mundo recuerda por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entró en vigor la nueva Constitución italiana, elaborada por una Asamblea Constituyente, elegida también por el pueblo en 1946.

Su artículo primero reza lo siguiente: “Italia es una república democrática fundada en el trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejercerá en las formas y dentro de los límites de la Constitución”, por lo que destaca la centralidad del trabajo y de la soberanía popular en la Ley Fundamental. La consulta inminente de eso trata, incluir a las y los migrantes en esta soberanía y no seguir la línea xenófoba a la Trump, y ampliar el sentido de una democracia cansada, que debería “fundarse en el trabajo”, pero que se ha estado degradando en la precariedad y la expulsión de jóvenes, o en la escasa integración de quienes se quedan, nativos y recién llegados. Esta es la paradoja, Italia, como México, es tierra de gente que emigra, pero también recibe y es país de tránsito, pero no ha estado a la altura de este reto humanitario y estratégico.

En este sentido, aunque tenga pocas posibilidades concretas de pasar, la victoria del SÍ en los referéndums de junio en Italia representa una bella esperanza, así como lo es, paralelamente, la opción por democratizar cada vez más el escrutinio público, la vida política y la instituciones en México.