Las reformas al Código Penal que recientemente aprobó el Congreso del Estado para establecer sanciones jurídicas en prácticas comúnmente conocidas como halconeo, esa actividad donde personas o grupos vigilan las acciones de seguridad pública u obtienen información de dicha área para facilitar la actividad criminal, deben fortalecerse con la participación de tribunales y jueces eficaces que completen los ciclos de procuración e impartición de justicia.

Las leyes en su mayoría son las adecuadas y responden a necesidades en materia de protección ciudadana, pero si los tribunales y jueces fallan en llevar hasta las últimas consecuencias legales la sanción a conductas delictivas, es allí donde resulta rota la cadena de la justicia y la impunidad estimula a los facilitadores o generadores de violencia poniendo en desventaja a la ciudadanía pacífica.

La reforma penal derivó de un requerimiento social que tiene que ver con operativos fallidos de la fuerza pública federal y estatal porque en el contexto del choque entre grupos del narcotráfico al interior del Cártel de Sinaloa recrudeció la acción de los también llamados “punteros” que perseguían los convoyes militares y policiacos para informarle a la delincuencia de estos desplazamientos en las ciudades.

En este debate donde se plantea que además de adecuar el Código Penal también debe lograrse que el Poder Judicial Estatal posea determinación y elementos de prueba para dictar sentencias firmes, tiene razón la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura local, María Teresa Guerra Ochoa, al considerar que para inhibir estos ilícitos “se necesita que haya esa voluntad jurídica y esta labor de Fiscalía y de las autoridades judiciales”.

Constituiría retroceso agravado la situación en que los enjuiciadores pongan en libertad a los presuntos “halcones” o “punteros” por la falta del correcto sustento en las acusaciones, o viceversa, que las fiscalías vean que las sólidas carpetas de investigación caigan por ineptitud o corrupción de la parte judicial. En cualquiera de las dos hipótesis, las reformas al Código Penal acabarían siendo parte de tantas buenas leyes en el papel y pésimas en la práctica.

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