Como un péndulo que oscila entre la desconfianza y la ilegitimidad, el domingo Sinaloa resolverá la elección judicial que consiste en designar, mediante el voto popular supuestamente democrático, a integrantes del sistema mexicano de justicia, labor que actualmente está a cargo del Senado de la República.

La insuficiente capacidad y voluntad del Instituto Nacional Electoral para garantizar la equidad y legalidad en la votación, el operativo del gobierno para inducir el sufragio a favor de sus candidatos, y ciudadanos que no fueron capacitados en cómo resolver el complicado acto de sufragar, crean condiciones para que el proceso comicial resulte fallido.

Sin embargo, el régimen denominado Cuarta Transformación y el Movimiento Regeneración Nacional, que es el partido en el poder, han desplegado un operativo no sólo para que la gente salga a votar sino también para inducir el sentido del voto a través de boletas de votación ya resueltas, que son “acordeones” para que el elector las replique al estar frente a las casillas.

En medio de tan complicada y manipulada elección existe el llamado de partidos de oposición para que los ciudadanos se abstengan de participar, constituyendo esto un elemento más de descarrilamiento de la elección judicial y la anticipación del desenlace desastroso que le reste legalidad al proceso y legitimidad a los aspirantes a ser parte de la judicatura federal.

En tal estado de cosas y según la decisión personal, a los sinaloenses corresponde el derecho de decidir entre votar o no y, en caso de sufragar, hacerlo en el marco de libertades, al margen de coacciones o inducciones. En lo demás, habrá en unas cuantas horas los argumentos para determinar si la elección judicial transcurrió democráticamente o fue otro fruto del autoritarismo que intenta llevar a México hacia sistemas dictatoriales.

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