La elección en el Poder Judicial cierra el primer ciclo de la reforma propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024.

Con sus contradicciones, la aprobación y aplicación de la controvertida reforma judicial representa, en los hechos, el cambio más significativo al sistema jurídico mexicano en décadas. La reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, y apoyada por la presidenta Claudia Sheinbaum, incluyó la elección popular de jueces y magistrados federales, una medida que ha generado un intenso debate.

Sus defensores la consideran crucial para el legado de López Obrador y para combatir la corrupción, mientras que los críticos temen que politice la justicia y socave su independencia, lo que ha provocado protestas y advertencias internacionales. A pesar de la oposición, la mayoría calificada obtenida por el oficialismo en las elecciones de 2024 permitió la aprobación de esta reforma.

¿Cuál fue la historia de esta reforma? Aquí hacemos un recuento.

Abrir la caja de Pandora

La reforma al Poder Judicial fue enviada al Congreso por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024, después de que una propuesta previa fuera rechazada por el Poder Legislativo.

Este acto, al que el gobierno denominó el Plan C, tomó en cuenta los tiempos de la sucesión presidencial y fue una de las consignas que la alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista enarbolaron durante las campañas de la jornada electoral de 2024, las cuales no solo renovaban la presidencia de la República, sino también algunas gubernaturas y legislaturas estatales.

El Plan C se convirtió, entonces, en un programa político y orientó la estrategia de alianzas de Morena, que, en aras de conseguir la mayoría calificada en el Poder Legislativo, permitió la entrada de distintos actores políticos al partido, sin que necesariamente compartieran sus principios fundacionales.

La elección resultó en la victoria de Claudia Sheinbaum en la presidencia y en la obtención de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, misma que después se extendió al Senado tras la incorporación del expriista Miguel Ángel Yunes a la bancada de la alianza Morena-PT-Partido Verde.

La disputa y el pragmatismo

Así, el 4 de septiembre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó la reforma, mientras la oposición y algunos trabajadores del Poder Judicial convocaban a protestas nacionales para impedirlo. Estos mismos sectores iniciaron un paro indefinido de labores a partir del 19 de agosto de 2024, sumándose jueces y magistrados federales días después. El objetivo era, en parte, buscar echar abajo la reforma, manifestando preocupación por la violación de sus derechos laborales y el desconocimiento del sistema de carrera judicial.

A las protestas se sumaron algunos empresarios, como Claudio X. González, representantes de las Cámaras de Comercio, organizaciones civiles, estudiantes, exfuncionarios electorales —como Lorenzo Córdova— y algunos ministros de la Suprema Corte. Aunque nunca se confirmó, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, fue señalada por, supuestamente, incitar al paro y asegurar a los altos mandos que podrían seguir cobrando a pesar de la huelga. También participó en marchas y movilizaciones contra la reforma.

Las protestas, sin embargo, no fueron suficientes, y siete días después, el 11 de septiembre, el Senado aprobó la reforma gracias al voto de Yunes.

Después de la aprobación en el Congreso, la reforma debía ser ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales (17 de 32). Este paso se consideraba seguro dado el control de Morena en esos congresos. Y, efectivamente, lo lograron en menos de 24 horas, lo que derivó en la promulgación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de ese mismo año.

Los límites de la ley

Tras su promulgación, se presentaron múltiples juicios de amparo promovidos por jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial, así como organizaciones civiles. Algunos amparos cuestionaron el procedimiento legislativo, argumentando violaciones reglamentarias. También se presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los partidos políticos de oposición y órganos jurisdiccionales.

Dos jueces de distrito concedieron suspensiones para posponer la discusión y aprobación de la reforma en el Congreso y las legislaturas estatales. Estos jueces argumentaron que la reforma podría afectar los derechos laborales de los juzgadores al admitir su destitución para la elección popular.

Sin embargo, especialistas en amparo cuestionaron la procedencia de estas suspensiones, señalando que la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. Argumentaron que las resoluciones se metían con el fondo de la reforma, que un procedimiento legislativo no es un procedimiento judicial personal y que no se acreditaba una afectación actual, cierta e irreparable en esa etapa del proceso. En su momento, la abogada Carla Escoffié calificó la situación de atípica y compleja, con resoluciones que juegan con los límites legales.

Pese a esto, la Suprema Corte aceptó revisar la reforma al Poder Judicial con 8 votos a favor y 3 en contra, para estudiar las solicitudes de revisión promovidas por jueces. La ministra Lenia Batres calificó este acto de la Corte como un «golpe de Estado», por pretender invadir las facultades de los otros poderes y subordinar al poder reformador constitucional, ignorando la separación de poderes y la supremacía constitucional. La ministra presidenta, Norma Piña, defendió que el estudio se enfocaba en posibles violaciones procedimentales en la aprobación legislativa, no contra el fondo de la reforma.

Mientras esto sucedía, la bancada oficialista en el Congreso presentó y aprobó una reforma de Supremacía Constitucional, que buscó impedir que las reformas constitucionales pudieran ser impugnadas mediante amparos, acciones o controversias constitucionales.

Ante el avance de la reforma, hubo reacciones internacionales, como la advertencia de la embajada de Estados Unidos sobre un «riesgo mayor» para la democracia y la posible amenaza al T-MEC. La Relatoría Especial de la ONU y la organización Human Rights Watch también expresaron preocupaciones por la independencia judicial. Inversionistas manifestaron inquietud por la certidumbre jurídica. La Cancillería mexicana calificó estas declaraciones como «injerencistas».

No obstante, hacia principios de 2025, la mayoría de los juicios de amparo y recursos legales habían sido desechados o estaban detenidos, y ninguna de las acciones logró frenar la elección prevista.

El camino, y costos, de la elección

A pesar de la polémica y la disputa que generó, la elección se llevará a cabo este 1 de junio. Los resultados serán legales y determinarán quién ocupará 881 cargos federales y mil 800 cargos en 19 entidades.

Para que los resultados sean válidos, no se requiere un mínimo de participación, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la exigencia de un mínimo de participación (40%) solo aplica a ejercicios como la Consulta Popular o la Revocación de Mandato.

Para llegar a este punto, el INE determinó que las candidatas y candidatos a juzgadores en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación tendrían un tope de gastos personales de campaña de 220 mil 326.20 pesos. Este presupuesto fue aprobado e informado por el Consejo General del Instituto.

Según el artículo 96 de la Constitución Política mexicana, las candidaturas no pueden tener financiamiento público ni privado, por lo que deberán usar sus propios recursos para cubrir sus gastos de promoción. La mayoría del pleno del INE consideró un tope de gastos único para los distintos cargos.

En cuanto a los costos de la elección, se estima que cada casilla tendrá un costo de 29 mil 177.57 pesos, basado en un proyectado de más de 86 mil casillas. La consejera del INE, Carla Humphrey, reveló esta cifra durante la aprobación de una solicitud para ampliar el presupuesto, realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los recursos adicionales solicitados por la presidenta se utilizarían para:

– La contratación de personal supervisor y capacitador adicional.

– El incremento de las casillas seccionales.

– La contratación de auxiliares de cómputo para optimizar los tiempos y contar con resultados la misma noche de la jornada electoral (al menos para la elección de ministras y ministros de la Corte).

– La impresión de alrededor de 600 millones de boletas, ya que se trata de la elección de jueces, magistrados, ministros e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.

¿Votar o no votar? El debate

Fracasados los intentos por echar abajo la elección, la oposición ahora llama a la abstención de este proceso electoral, lo que ha avivado un debate sobre si votar o no en esta primera elección judicial.

Las posiciones se han radicalizado: algunos piensan que votar legitima una reforma antidemocrática. Otros creen que democratizará el Poder Judicial. Algunos votarán por deber cívico o curiosidad, aunque tengan dudas sobre las candidaturas y el proceso. Otros defienden la elección como un ejercicio inédito de democracia.

En este terreno, algunos personajes llaman a no votar e incluso a manifestarse en contra de la elección, pensando que boicotearla es la mejor defensa de la democracia.

Pese a esto, y aunque la elección es uno de los puntos más polémicos de la reforma judicial, la realidad es que, tras la jornada de votación, quedarán otros pendientes dentro del sistema de justicia en México.

La reforma más allá de la elección: los fantasmas ocultos

La reforma, aún con su polémica, implicó la consulta de cientos de trabajadores del Poder Judicial y expertos en la materia a través de Diálogos Nacionales.

En ellos, por ejemplo, se señaló que, aunque la reforma era necesaria, no abordaba los problemas de fondo del sistema de justicia, como la impunidad y la ineficiencia de las fiscalías y los sistemas locales, que manejan la mayoría de los casos.

Uno de los puntos más polémicos de la reforma, incluido por la bancada de Morena en el dictamen, es la figura de los «jueces sin rostro», que protege la identidad de los juzgadores que manejan casos de crimen organizado peligroso. Sin embargo, se critica que esta figura puede violar los derechos humanos de las personas sometidas a juicio, y podría convertirse en una herramienta para condenar a quienes el poder dominante quiera.

En su momento, especialistas coincidieron en que cubrir la identidad no es la mejor salida, aunque sí es buena idea poner salvaguardas para proteger su integridad. Y señalaron que la inclusión de esta figura parece ser un punto de acuerdo entre Morena y el PAN, a pesar de la aparente contradicción con la propuesta de elegir a los jueces, donde se necesita saber quiénes son.

También hubo críticas sobre la falta de accesibilidad e inclusión en los foros de discusión (excluyendo a personas con discapacidad, como la comunidad sorda por falta de intérpretes). Así como la falta de un enfoque intercultural y la ausencia de intérpretes para hablantes de lenguas indígenas, y la exclusión de las mujeres en algunos espacios de debate y la necesidad de abordar la violencia de género dentro del sistema judicial.

Pese a esto, se reconoció que el sistema judicial actual es elitista, costoso, inaccesible, ineficiente, misógino, racista, clasista y corrupto. Y que la reforma podría ser un primer paso para terminar con las estructuras de poder corruptas que han dominado el país.