Por Miguel Silerio / Fotos: Abraham Rubio / YoCiudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.— Este jueves se realizó una audiencia pública entre autoridades del Gobierno Municipal de Juárez y la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), con el fin de esclarecer el uso de recursos federales destinados a la creación de un refugio para mujeres y cuatro Centros de Asistencia Social para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad y sus familias.

Blanca Navarrete, directora de DHIA, celebró la realización de la audiencia y habló sobre los compromisos del Estado Mexicano con las personas en movilidad, que requieren un apoyo amplio en materia de políticas públicas, asistencia y protección, en consonancia con las obligaciones de derecho internacional.

“Juárez tiene una tradición migratoria histórica, por lo que nuestra organización busca rescatar esta memoria a través del impulso de los cuatro verbos a los que el Papa Francisco llamó a la comunidad internacional: acoger, proteger, promover e integrar”, dijo.

Durante la audiencia, se abordaron cinco proyectos presentados por el Municipio el 29 de diciembre de 2023 ante la Federación, en el marco de los criterios establecidos por el DIF Nacional para la atención a la niñez migrante. Estos contemplan infraestructura, insumos básicos y gastos operativos.

Uno de ellos es el Refugio Municipal Especializado para mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia de género —locales y en condición de movilidad—, con una inversión de 34.5 millones de pesos. DHIA solicitó que se explicara el modelo diferenciado de atención para mujeres de este refugio y que se haga público.

Sobre el Centro México Mi Hogar, reubicado en el suroriente de la ciudad, se cuestionó que su nueva ubicación afectó a un parque vecinal y se encuentra en una zona con problemas de salubridad y seguridad. Además de su lejanía con el Hospital Infantil (de casi 30 kilómetros), se señaló que la zona representa un riesgo para quienes deciden salir voluntariamente del albergue.

Respecto al Centro Felipe Ángeles, se informó que actualmente acoge a personas migrantes solas y a familias, tras cambiar su propósito original en otras dos ocasiones. La inversión fue de 40.4 millones de pesos, de los cuales 24 fueron federales.

DHIA criticó la falta de diagnósticos públicos que justifiquen estos cambios y señaló la presencia de al menos seis casas de seguridad en la zona.

Los proyectos en Praderas del Sol y Parajes de San Isidro también fueron cuestionados. Aunque inicialmente se trataba de centros para atención a población migrante, fueron reetiquetados como Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI). En total, DHIA estima que la inversión federal para los cinco proyectos asciende a 240 millones de pesos.

Además, exigieron que el Municipio responda a los oficios enviados por organizaciones civiles y que se garantice el acceso a los albergues para que puedan ofrecer sus servicios a las personas en movilidad, sin necesidad de esperar audiencias públicas.

La organización pidió también establecer diálogos previos con comunidades vecinales para evitar la desinformación y el rechazo, como ocurrió con los proyectos modificados.

Oposición vecinal y baja demanda motivaron los cambios

La directora del DIF Municipal, Lucía Chavira Acosta, informó que el modelo diferenciado para el refugio especializado para mujeres está en construcción y que están recabando la experiencia de otras organizaciones de la sociedad civil. Agregó que el refugio aún no ha sido entregado físicamente y que las fechas previstas para el inicio de operaciones es de aproximadamente dos o tres meses.

En cuanto a la reubicación del Centro México Mi Hogar, indicó que el espacio actual presenta dificultades en el suministro de agua y drenaje, y que su reubicación fue considerada en el contexto de un nuevo modelo de “autonomía progresiva” que sugiere espacios más privados para sus habitantes.

En cuanto al cambio de los proyectos en Parajes del Sur y Praderas del Sol para convertir los albergues en CECIS, el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, Roberto Mora Palacios, dijo que los proyectos originales enfrentaron una una oposición “muy férrea” de los vecinos, a pesar de que se intentó establecer diálogo en repetidas ocasiones.

La falta de anuencia vecinal y la manifestación de los vecinos sobre sus necesidades (escuelas, estancias infantiles) influyeron en la decisión de cambiar el proyecto, aunque reconoció que pudo haberse hecho un mejor trabajo de sensibilización y diálogo previo con la comunidad.

Dijo que el cambio a Centros de Educación y Cuidado Infantil (CESIS) fue autorizado por el DIF Nacional, para lo cual se requirió que modificara por primera vez su reglamentación interna para permitir un cambio de proyecto de esta magnitud. El convenio original se cerró, se liquidó la obra hasta diciembre de 2024, y se devolvieron los fondos no ejercidos, aseguró.

Según Mora Palacios, se presentó una nueva solicitud en enero de 2025 bajo la nueva convocatoria de DIF Nacional con un proyecto modificado. Indicó que el Gobierno Municipal está buscando operar estos dos CESIS para cubrir a población no derechohabiente y extender la edad de atención hasta los 6 años.

Santiago González-Reyes, director de Derechos Humanos y Migración, afirmó que, ante la baja en el flujo migratorio, hay capacidad disponible en otros centros como Felipe Ángeles (con ocupación de 2.5%).

Durante el turno ciudadano, una persona migrante solicitó incluir a personas asentadas y en movilidad en mesas de trabajo. Por su parte, Silvia Méndez, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, cuestionó las políticas municipales hacia personas migrantes y criticó los mensajes xenófobos del alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

También se preguntó si existe una inversión que sustituya los fondos retirados para los albergues y si se destinarán recursos al gimnasio Kiki Romero, actualmente utilizado como albergue. Las autoridades respondieron que el proyecto ya está terminado y en proceso de licitación.

Participación ciudadana, finalmente escuchada

DHIA solicitó esta audiencia pública —un instrumento estipulado en la Ley de Participación Ciudadana de Chihuahua— en dos ocasiones. La primera, el 15 de enero, fue rechazada sin fundamentación. La segunda, el 8 de abril, fue aceptada por la Dirección de Participación Ciudadana.

En su solicitud, DHIA planteó cinco cuestionamientos clave sobre la modificación de los proyectos, el diálogo con las comunidades, la integración de población migrante, y las políticas públicas de regularización y reintegración:

1.- Toda vez que el presidente municipal ha manifestado, de manera pública, que dos de los espacios destinados como albergues han sido redirigidos como parte de la estrategia del Sistema Nacional de Cuidados, se informe a la ciudadanía sobre dicha modificación, la reconfiguración del proyecto y la nueva etiquetación de los recursos.

2.- ¿Cuál ha sido la respuesta y postura de la Federación ante la petición del municipio para la reasignación de los recursos, considerando que los convenios contienen especificaciones en materia de acciones de intervención con la niñez migrante?

3.- ¿Cuáles mecanismos de consulta con la comunidad local serán implementados para la definición de los espacios donde serán construidos los albergues para población en contextos de movilidad?

4.- ¿Cuál es la estrategia planteada por el municipio para conciliar las necesidades manifestadas por la población local y por la población en movilidad?

5.- ¿Cuáles son los planteamientos en materia de política pública que establecerán las medidas de regularización, integración y reintegración de la población en contextos de movilidad y personas deportadas propuestas por el municipio?

La organización agradeció el espacio de diálogo y subrayó la importancia de estos ejercicios para acercar a ciudadanía y autoridades.