M.C. María Manjarrez Montero

Vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa.

En los últimos años, México se ha colocado en el centro de un debate económico: ¿se han logrado avances sustanciales en el mercado laboral o las cifras positivas solo son dudas sobre su impacto real en la calidad de vida laboral? Mientras las autoridades celebran cifras históricas en empleo y reducción de pobreza, diversos expertos independientes sostienen que los problemas estructurales del país siguen profundamente arraigados.

Según el secretario del Trabajo Marath Bolaños López, México ha experimentado una reducción significativa en la pobreza general, con datos del Banco Mundial mostrando una caída del 7% entre 2018 y 2024, traducido en aproximadamente 9.5 millones de personas que superaron esta condición. Este logro, según el gobierno, se explica principalmente por un incremento del ingreso laboral real del 19.2%, producto de incrementos sustanciales al salario mínimo y la ampliación de los programas sociales.

Además, recientemente se difundieron cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indicando que la tasa de desocupación alcanzo un mínimo histórico de 2.22% en marzo de 2025, el nivel más bajo en las ultimas dos décadas. Otro indicador positivo que ha resonado en el discurso oficia es la reducción del porcentaje de la población incapaz de cubrir la canasta básica alimentaria con su salió, que disminuyó del 35.8% al 33.9% tan solo en el primer trimestre de este año.

Entre los desafíos estructurales más evidentes están la informalidad laboral, que afecta a aproximadamente el 55% de los trabajadores, privándolos de seguridad social y derechos básicos, según cifras del INEGI. Además, pese a recientes incrementos, el salario mínimo diario es del $248.93 para el 2025, sigue siendo insuficiente para cubrir plenamente la canasta básica familiar mensual, estimada por el CONEVAL en más de $1,800 por persona.

Asimismo, la desigualdad regional agrava el panorama, pues estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca presentan tasas de pobreza laboral tres veces superiores a las entidades como Nuevo León o la Ciudad de México. Para resolver estos problemas se requiere de reformas integrales y no solamente en aumentos salariales oportunos.

Para realizar un cambio verdadero que transite de cifras positivas aisladas hacia un bienestar real, se propone medidas como la formalización laboral mediante incentivos fiscales y créditos accesibles para las pequeñas y medianas empresas; la mejora de la productividad laboral a través de una formación profesional orientada a sectores estratégicos, y a la ampliación de servicios para mejorar la calidad de vida en salud y educación.

Surge una pregunta ¿El gobierno esta preparado para enfrentar el desafío y pasar del discurso a acciones transformadoras concretas?