Al darle entrada el Congreso del Estado a dos iniciativas que plantean mejorar el combate al delito de robo vehículos e incidencias relacionadas con este ilícito, se atiende una de las principales prácticas delincuenciales que han crecido exponencialmente en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha, durante la etapa violencia identificada como narcoguerra.

Después de los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas registradas dentro del largo período de confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, son los delitos patrimoniales los que más preocupan a los ciudadanos y entre éstos destaca el robo de automotores mediante el uso de violencia, registrándose 5,500 hechos en total, un promedio de 20 diarios,

Una de las iniciativas que pasó a consideración del pleno legislativo es la presentada por la diputada María Teresa Guerra Ochoa y el diputado Eligio López Portillo, y tiene que ver con la finalidad de que sean perseguidos de oficio delitos como la alteración de la identidad de vehículos robados y la posesión o uso de éstos, pues argumentaron que el creciente índice de robo de automóviles representa una amenaza grave para la seguridad pública, la economía y el bienestar de la ciudadanía.

La otra, impulsada por la diputada Arely Berenice Ruiz López contempla las mismas disposiciones sobre la persecución de los delitos relaciones al robo de vehículo, y en la exposición de motivos considera que dichas conductas están fuera de los delitos perseguibles automáticamente, lo que ha generado una preocupante situación de impunidad.

Ambos planteamientos están acordes con la cruda realidad que evidencia tanto la acción criminal que a sus anchas despoja los carros, así como la insuficiente voluntad y capacidad de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia al tratarse de detener y judicializar a los delincuentes. Sin olvidar la acotación pertinente en el sentido de que puede haber las mejores leyes, fiscalías y policías investigadores, pero los resultados seguirán siendo malos si las nuevas disposiciones legales y las autoridades no transitan de las buenas intenciones a las ejemplares decisiones.

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