La instalación de mandos militares en las policías y el despliegue de mayor fuerza pública federal continúan siendo la apuesta del Gobierno Federal en el combate de la violencia que no da señales de ceder en Sinaloa, con hechos el fin de semana que refrendaron el choque entre grupos del narcotráfico y ataques contra policías con saldos letales.

De certificar la realidad el axioma que dice que a iguales acciones les corresponden los mismos resultados, entonces la guerra al interior del Cártel de Sinaloa permanecerá por más tiempo con los episodios que recalcan el miedo en la población debido a la escalada incontenible en homicidios dolosos, desapariciones forzadas, delitos patrimoniales y un amplio catálogo de ilícitos que se traducen en incalculables impactos sociales y económicos.

El viernes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, estuvo en Culiacán para realizar otra evaluación de la narcoguerra en Sinaloa, y la única información que derivó es la llegada de mil 200 elementos del Ejército y 400 de la SSyPC federal, no obstante que ello poco contribuye a mejorar la percepción ciudadana en lo referente a recuperación de paz.

Mientras tanto, en Culiacán el sábado se registró una agresión contra tres policías municipales, en la colonia Las Vegas, causándole la muerte a dos agentes; el domingo ocurrió el enfrentamiento entre sicarios en la colonia Tierra Blanca que dejó un sado de tres personas muertas, y hoy por la mañana una mujer fue asesinada al dejar a su hijo en una escuela del sector Villa Bonita.

La violencia se queda aquí, en Sinaloa, mientras los altos mandos nacionales de seguridad pública, militares y policiales se van tras hacer evaluaciones que nadie conoce y que, exceptuando datos cuya secrecía es fundamental para el éxito de las investigaciones, deberían conocerse los informes que le indiquen a la sociedad cómo vamos, cómo estamos y cómo cuidarnos.

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