Culiacán, Sinaloa.– La organización Iniciativa Sinaloa presentó una propuesta de reforma constitucional que busca cerrar el paso a cargos de elección popular y funciones públicas a quienes hayan sido condenados por agresiones contra periodistas o personas defensoras de derechos humanos. La iniciativa, promovida por su directora Marlene León Fontes, fue entregada al Congreso del Estado donde ya se le ha dado una primera lectura.
“Creemos importante que se dé la aprobación de esta iniciativa porque de esta manera podríamos garantizar un marco regulatorio de protección integral tanto a personas defensoras de derechos humanos como periodista en su labor profesional”, señaló León Fontes en entrevista.
De aprobarse, la reforma adicionaría un segundo párrafo al artículo 11 y una nueva fracción VIII al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. En ambos casos, se establecería que cualquier persona con sentencia civil o penal por haber agredido de forma dolosa a periodistas o defensores siendo funcionario público, perderá el derecho a ser votado o a ejercer cualquier cargo en la administración pública de Sinaloa.
La propuesta parte del contexto de violencia creciente que enfrentan estos sectores en México, donde, según datos de Artículo 19, el Estado ha sido responsable del 45.75% de las agresiones documentadas contra la prensa durante el sexenio 2018–2024.
“Justo ahorita se ha detectado que quienes más agreden a personas defensoras y periodistas vienen del propio del propio gobierno. Entonces, si nos parece una medida que podría ayudar a garantizar que se pueda seguir ejerciendo la libertad de expresión sin tener consecuencias y que haya más confianza en las instituciones”, subrayó León Fontes.
La iniciativa funcionaría de manera similar a la llamada “Ley 3 de 3”, la cual impide contender en elecciones a personas condenadas por violencia de género, delitos sexuales o ser deudores alimentarios.
Marlene León reconoció que este paso se suma a otros avances recientes en Sinaloa, como la aprobación de la Ley de Protección a ambos gremios, y la reciente creación de la Vicefiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión y Personas Defensoras.
“Sinaloa tiene la oportunidad de posicionarse como un referente nacional si logra consolidar este marco legal. Recordemos que ya estamos a la vuelta de las próximas elecciones, que va a haber mucho interés y muchos de ellos pueden venir con antecedentes de este tipo”, advirtió la directora de Iniciativa Sinaloa.
“Y se enviaría un mensaje a la sociedad de que, así como se está prohibiendo que accedan a cargos de representación popular personas que tienen antecedentes como que son violentadores o deudores alimenticios, también se sume esto otro. Es un mensaje de que pues de congruencia, vaya”, puntualizó.
Agresiones desde el poder
Según el último reporte de actividades del Instituto de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, desde agosto del 2022 y hasta este mes de año se han reportado un total de 194 agresiones y/o amenazas cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Del total, el 29 por ciento ha sido cometido por un servidor público en funciones.
La principal agresión han sido las amenazas, seguidas de descalificaciones, lesiones y obstaculización de la labor periodística o de defensa de derechos humanos.
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