Por Redacción de ZonaDocs

Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su rechazo al paquete legislativo aprobado por la Cámara de Diputados el 24 de junio, mismo que legaliza y amplía las facultades de vigilancia del Estado mexicano sin establecer controles ni garantías a los derechos humanos.

Las reformas, entre ellas la Ley de la Guardia Nacional y cambios a leyes secundarias, otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional facultades para procesar y usar información con fines de inteligencia por “motivos de seguridad nacional”, sin requerir autorizaciones judiciales ni establecer mecanismos de supervisión independientes.

Además, se eliminó el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por empresas de telecomunicaciones, así como a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.

Las organizaciones denunciaron que estas medidas formalizan una práctica ilegal y abusiva que han documentado ampliamente, como en la investigación Ejército Espía, que reveló el uso de software de vigilancia contra periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadoras e incluso funcionarios públicos, sin consecuencias legales.

Las reformas también permiten a la Guardia Nacional realizar operaciones encubiertas, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en 2023 este tipo de actividades, al considerarlas desproporcionadas y violatorias de derechos como la privacidad y la no autoincriminación.

Este paquete legislativo es parte de una serie de iniciativas que se discutirán esta semana en el Congreso durante un periodo extraordinario, sin consultas públicas ni procesos de parlamento abierto. Las organizaciones advierten que, en conjunto, representan una amenaza directa a los derechos humanos.

Entre las iniciativas se encuentran:

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, aprobadas el 25 de junio, que ordenan la interconexión de bases de datos públicas y privadas, nacionales e internacionales, sin controles adecuados y con acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las reformas a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que imponen la CURP biométrica como condición obligatoria para acceder a servicios, y crean una Plataforma Única de Identidad con validaciones en tiempo real. Esto se articula con la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos, que establece la Llave MX como mecanismo obligatorio de autenticación vinculado a la CURP.

La reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que profundiza el sistema de vigilancia sin control judicial ni transparencia, permitiendo el acceso irrestricto a datos por parte de instancias de inteligencia sin rendición de cuentas.

Las organizaciones firmantes señalaron que estas reformas consolidan un sistema de vigilancia masiva en manos de las Fuerzas Armadas y debilitan las instituciones democráticas. Advirtieron que el monitoreo permanente de la sociedad, el uso obligatorio de bases de datos biométricos, y la falta de transparencia configuran un entorno autoritario incompatible con un Estado democrático.

“Rechazamos enérgicamente estas iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo Federal, que buscan ampliar la infraestructura tecnológica y las facultades de vigilancia del Estado”, señalaron.

Hicieron un llamado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a rechazar el resto del paquete legislativo, y recordaron que la función del Congreso es proteger los derechos de la población, no vulnerarlos.

Las que impulsaron este comunicado son: ARTICLE 19, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Data Cívica A.C., Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Programa de Seguridad Ciudadana, Universidad Iberoamericana CDMX, Amnistía Internacional, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C., Colibrí por la Legítima Defensa A.C., México Unido Contra la Delincuencia A.C., Elementa DDHH A.C., EQUIS Justicia para las Mujeres A.C., Asylum Access y SocialTIC.