Estados Unidos.– La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York informó que retiró los cargos por narcotráfico en contra de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta decisión se da en el contexto de un inminente acuerdo de culpabilidad que Guzmán López presentará la próxima semana en una corte federal de Chicago, Illinois, por delitos vinculados al tráfico de drogas.

Esta resolución representa un nuevo episodio en el proceso judicial que ha seguido Ovidio desde su recaptura en enero de 2023, cuando fue detenido por segunda ocasión en Jesús María, sindicatura de Culiacán, Sinaloa, durante un fuerte operativo de las Fuerzas Armadas mexicanas que desató una jornada violenta en la capital sinaloense.

Tras su captura, fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano y dio inicio a una larga estrategia legal para evitar su extradición a Estados Unidos, misma que concluyó el 15 de septiembre de 2023 con su entrega formal a las autoridades estadounidenses.

Tres días después, el 18 de septiembre, Ovidio compareció ante una corte del Distrito Norte de Illinois, donde se le notificaron cargos por tráfico de drogas, conspiración para distribuir sustancias ilegales, lavado de dinero, pertenencia a una organización criminal y uso de armas de fuego. En esa primera audiencia, se declaró no culpable.

Del fallido operativo al acuerdo judicial

Ovidio Guzmán ya era conocido por las autoridades desde el operativo fallido del 17 de octubre de 2019, conocido como el Culiacanazo. Aquella vez fue brevemente capturado por fuerzas militares, pero su liberación se ordenó tras la reacción violenta del Cártel de Sinaloa, con el objetivo de evitar una escalada mayor de violencia. La decisión fue asumida por el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ya bajo custodia estadounidense, el equipo legal de Ovidio —liderado por el abogado Jeffrey Lichtman— inició negociaciones con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que le permitiera evitar ir a juicio y así reducir una posible condena severa.

Durante 2024 se intensificaron los rumores sobre su posible colaboración con el gobierno estadounidense, especialmente después de que su nombre fuera removido del registro del Buró Federal de Prisiones (BOP). Sin embargo, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aclaró que el cambio se debía a un ajuste en las medidas cautelares, y que Guzmán López continuaba en custodia.

Finalmente, en mayo de 2025, el periodista Arturo Ángel reveló que la jueza Sharon Johnson Coleman fue notificada sobre la cancelación de la audiencia programada para el 12 de mayo, ya que se había alcanzado un acuerdo de culpabilidad entre la defensa de Guzmán y la Fiscalía estadounidense.

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