Adjudican a “Los Salazar” desplazamiento forzado de habitantes en la Sierra Tarahumara

Por Patricia Mayorga / Raíchali

Chihuahua – Habitantes de por lo menos 10 comunidades de los pueblos indígenas warijó y pima, ubicadas en los municipios de Moris y Uruachi en la Sierra Tarahumara, han huido de su territorio desde el 16 de junio hasta éste fin de semana, por ataques del grupo delictivo Los Salazar o Los Salazares del cartel de Sinaloa, según han denunciado ellos mismos antes autoridades federales y en redes sociales.

Los testimonios de personas de las comunidades y de quienes trabajan en minas de la región, explicaron que el grupo delictivo llegó para buscar el oro que hay en la zona. Primero llegaron decenas trocas o camionetas pick up y este fin de semana se intensificó la presencia de hombres armados.

Alrededor de 300 personas warijó llegaron hasta Ciudad de México la semana pasada, luego de que no encontraron apoyo en la ciudad de Chihuahua. Al llegar a la capital del país, denunciaron que han sido amedrentados por el grupo señalado, desde hace cuatro o cinco años aproximadamente, pero los últimos quince días aumentó el nivel de ataques con la presencia de unos 50 drones con explosivos que lanzan contra las viviendas.

En esa zona, de Urique y Moris, el grupo predominante que mantenía el control de la región, era La Línea, brazo armado del cartel de Juárez que presuntamente se alió con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Y Los Salazar se concentraban en tres municipios de Chihuahua y otros tres del estado de Sonora, de acuerdo con el análisis de contexto presentado por autoridades federales y estatales durante la última audiencia del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, en contra del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz.

En el caso de Moris y Uruachi, señalan como cabecilla del grupo agresor a Hugo Guerrero Encinas, conocido como 01, quien fue aprehendido en octubre de 2011 y fue liberado recientemente.

Los municipios que ha tenido durante años el grupo Los Salazar o Los Salazares, son Guazapares y Urique que conlindan con Sinaloa, y Chínipas, que colinda con Sonora. De acuerdo con los testimonios y denuncia de los habitantes, se habrían extendido hacia Moris y Uruachi, que también colindan con Sonora, en busca del oro de ese territorio.

El área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que según un folio fechado el 26 de junio pasado por el grupo del destacamento de Moris, se informó sobre los hechos que le atribuyen a Los Salazar:

“Por este medio me permito informar a usted que, siendo las 16:00 horas del día de hoy, fui informado por el radio operador en turno sobre el folio número 141331. En dicho reporte se señala la presencia de drones detonando explosivos en la cabecera municipal de Moris, así como en las rancherías de El Zapote, La Trompa, Chiltepín, La Finca, La Ciénega, Naranjito y Sahuayacancito. También se informa sobre personas sin vida y viviendas incendiadas, presuntamente por parte del grupo Los Salazar”, sin embargo, no detalla el número de viviendas dañadas ni de personas asesinadas.

El informe de la FGE continúa: “Nos comunicamos de inmediato con el director de Seguridad Pública de Moris, quien nos informa que, por el momento, no hay novedad relevante al respecto. Asimismo, señala que personal del operativo (Sedena, SSPE y Guardia Nacional) se encuentra realizando recorridos en la cabecera municipal de Moris, así como en rancherías y brechas aledañas”.

La denuncia que interpusieron las comunidades warijó en diferentes instancias del gobierno federal la semana pasada dice:

“Los que firmamos esta denuncia pertenecemos a los pueblos indígenas wuarijó y pimas, de la localidad Finca Pesquera y San José de la Trompa, ubicadas en el municipio de Moris, Chihuahua, a parte de indígenas somos mexicanos por nacimiento, mayores de edad promoviendo por derecho propio”, así inicia la denuncia presentada ante la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los días 19 y 20 de junio pasado.

Como domicilio para conocer las notificaciones de las autoridades, pusieron el correo oficial del Ayuntamiento de Moris, de extracción del partido de Morena.

Las personas que llegaron a la Ciudad de México, hicieron pública la denuncia e indicaron que en la ciudad de Chihuahua no recibieron ayuda, por lo que decidieron acudir a la capital del país para que los escuchen y les ayuden a regresar a su casa. Entre los voceros de la comunidad se encuentra Hilario Velenzuela, gobernador de la comunidad warijó la Finca Pesquera.

Los denunciantes aseveran que desde que incursionó el grupo de Los Salazar en esa región, han salido miles de personas del territorio para salvaguardar su vida.

En entrevista con Raíchali, otras personas warijó de Moris y Uruachi que se trasladaban hacia la ciudad de Chihuahua, dijeron que ellos se dedican a la ganadería, agricultura, otros son gamusinos que sacan oro del río o de otras partes de la región y con eso viven. Sin embargo, tuvieron que dejar todo: viviendas, animales que se está robando el grupo delictivo y cultivos. Salieron con lo que traían puesto porque estaban matando a mucha gente.

Asimismo, personas que trabajan o están a cargo de mineras en la región, dieron a conocer a este medio que se retiraron por la violencia y pidieron que se apoye a las comunidades indígenas porque lo que están viviendo es inhumano.

Una vez que se hizo el caso público, el grupo agresor incrementó los ataques contra los pocos habitantes que había y se extendió a otras comunidades. Este fin de semana, lanzaron un mensaje de alerta a través de redes sociales:

Estimado gobierno, nos dirigimos a ustedes de las comunidades indígenas de Arechuivo (Uruachi), Chiltepín, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, La Mesa de Cereachi, y San Juan de la Trompa, ya que personas armadas que llegaron del municipio de Uruachil atormentan a los habitantes de estos pueblos causando que la mayoría de ellos se vayan y dejen sus hogares y pertenencias, puesto que estos sujetos armados han levantado personas inocentes y las asesinan a sangre fría a personas inocentes que viven de manera honrada en Palmarito se les arrebató la vida de manera violenta a base de torturas y castigos inhumanos, entre ellos personas de edad avanzada, mujeres, niños y todo, con la finalidad de obtener supuesta información.

En San José de la Trompa se reportan detonaciones que han afectado severamente a la comunidad desde el 5 de junio pasado, sin parar. El 17 de junio, madres de familia y habitantes de la comunidad salieron a pedir ayuda al gobierno que patrullaba la zona, a lo que ellos entre burlas y risas dijeron que no les importaba en lo absoluto, y que se resguardaran en sus casas. En ese momento comenzaron a caer bombas y los soldados sólo se burlan para después irse a toda velocidad de la comunidad.

Como el supuesto gobierno no hizo nada, acudimos a las autoridades en la ciudad de Chihuahua para ver si hacen algo por las personas de las comunidades afectadas.

Para las personas que vean esto, les pedimos de todo corazón que nos ayuden a compartir esto, pues al momento de subirse esta publicación, ya decenas de familias han abandonado sus hogares buscando la paz, que hace tiempo el grupo de Los Salazares les arrebataron. La gente llega armada, matando, torturando y mutilando personas inocentes que sólo se dedican a la cosecha, a la mineraía, ganadería y pesca.

¿QUIÉNES SON LOS SALAZAR?

Durante la audiencia para valorar el cambio o no de cambio de medida cautelar de prisión preventiva del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, la representación social presentó una serie de pruebas para demostrar que aún representa un riesgo para las víctimas, ofendidos y sociedad en general por su vínculo con el grupo Los Salazar. La jueza de Distrito, María Elena López Morales, determinó que el sentenciado debe continuar en prisión.

Entre las pruebas, el analista delictivo y exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, Manuel Salvador Torres Borunda, presentó un análisis de contexto que realizó desde 2017, cuando asesinaron a la periodista Miroslava Breach, originaria de Chínipas, ya que el exalcalde está acusado como cómplice del crimen.

El exfuncionario dijo que tiene conocimiento que el grupo Los Salazar fue fundado por Adán Salazar Zamora, originario también de Chínipas. El grupo tiene sus actividades hasta la frontera, que abarca desde Chínipas, así como Agua Priega, Magdalena, San Luis Río, Colorado, Caborca, del estado de Sonora. Se dedica a la siembra de amapola y marihuana, así como a la confección de metanfetaminas.

Describió las características del grupo como una organización bastante grande de trasiego y obscultación de productos

“La extensión que cubren refiere la cantidad de gente que les avala. Es una organización que fue fundada en los años 90. Se suma al control de Jesús Alfredo Salazar (…) Adán es contemporáneo de líderes delictivos en Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, como Caro Quintero, Emilio Quiriarte, Payán, Ismael ‘Mayo’ Zambada”, agregó Torres Borunda.

De 2005 a 2011 se les acreditaron hechos como agresión física y homicidios de profesionistas, funcionarios de procuración de justicia y periodistas. En Chihuahua, los hijos de Adán Salazar nacieron y se criaron en el municipio de Chínipas.

Operan en los municipios de Chínipas, Guazapares y Urique, que hoy es un corredor turístico y en su momento, también fue corredor minero que conllevaba el cultivo de marihuana y amapola.

Esa descripción coincide con lo que denuncian ahora las comunidades de Moris y Uruachi, que van por el oro del territorio.

Torres Borunda informó durante la audiencia, que en la política, Los Salazar tienen actividades en el estado de Chihuahua y en otros lugares, que las operan a través del control social. “Las actividades del grupo de confundían con actividades normales: ayuda social, amigos de la zona. Ejercían fortaleza porque exigían cosas. Algunos (ciudadanos) eran tratados bien, otros con violencia, hacen actividades de despojo de propiedades de tierra y agresión física que llegaba hasta los homicidios”.

Normalmente condicionaban el control social porque su cercanía con la gente les permite influenciar la selección de candidatos para incluir en las elecciones. Eran las únicas personas que podían autorizar la siembra de enervantes y actividades comerciales, también decidían quién participaba o no en la actividad minera, obra pública, así como en la construcción de caminos vecinales.

La designación de candidatos la ejercen a nivel político local en tres municipios de Chihuahua, con sus propias actividades de selección. En Sonora influyen en otros municipios, mientras que en Chihuahua son Chínipas, Guazapares y Chínipas.

En Chínipas, el jefe de plaza era Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, quien fue sentenciado a 50 años de prisión en 2020 por el homicidio de Miroslava Brech. Él era el enlace operativo que ejerce Chrispín Salazar Zamorano, quien se encuentra en calidad de prófugo como autor intelectual del mismo crimen.

En Guazapares la jefa de plaza era una mujer llamada Elba Nidia y en Urique, José Noriel Portillo Gil, El Chueco, quien no pasaba de 20 años. Estos dos últimos ejercían el control como partes de la comisión que El Larry les concedió, según establece el relato oficial.

Portillo Gil realizaba las mismas actividades que sus jefes para matener el control sobre territorios y hacer un esquema de control para el cultivo de drogas.

El Chueco asesinó a los sacerdotes jesuitas Jesús Campos Morales, padre Gallo y Joaquín Salazar Mora, así como el guía de turistas Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez y el joven beisbolista Paúl Osvaldo Berrelleza Rábago, el 20 de junio de 2022.

Hasta ahora, no hay más detenidos específicamente por los homicidios de los jesuitas y Pedro Palma, mientras que a José Noriel Portillo lo asesinaron en febrero de 2023.

En el caso del trabajo de Breach Velducea, éste se basó en gran parte, en la relación y complicidades de políticos con grupos delictivos, como candidatos de distintos municipios, así como la manera en la que partidos políticos se vinculan con la delincuencia.

Uno de los candidatos que señaló la periodista y que le costó la vida, fue Juan Miguel Salazar Ochoa, sobrino de Chirispín Salazar. Una vez que se expuso públicamente, el Partido Revolucionario Instituciónal (PRI) que lo impulsó, lo movió de la candidatura, así como a Silvia Mariscal, que era precandidata a la alcaldía de Bachívina y era suegra del líder criminal Carlos Arturo Quintana, El Ochenta.

El análisis delictivo de la carpeta del homicidio de Miroslava Breach identifica a Chrispín Salazar como la cabeza del grupo Los Salazares, también tío de Wilbert Jasiel Vega Vega, quien condujo el vehículo en el que se trasladaron para asesinar a Miroslava Breach, y quien también se encuentra prófugo.