Culiacán, Sin.- Tras casi seis horas de audiencia, todavía no se pudo definir la situación legal del ex alcalde del municipio de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y los integrantes de su comité de adquisiciones, en la sede Regional de Justicia Penal, Acusatoria y Oral Zona Centro.
Este tiempo apenas sirvió para que la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formulara imputación contra los acusados por desempeño irregular de la función pública, así como la presentación de las pruebas con las que pretende vincularlos a proceso.
El Ministerio Público les hizo del conocimiento que se inició una investigación, por la comisión de un probable delito, contra ellos derivado de un contrato de arrendamiento irregular realizado entre el 9 y 10 de diciembre de 2021.
Se trata, en primera instancia, de la compra de 126 unidades automotrices destinadas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), con un valor de 171 millones de pesos, a la empresa Grinleasing SAPI de CV por adjudicación directa, cuando por ley, debió haber sido mediante una licitación pública por rebasar los montos permitidos por la ley.
Dicha empresa, informaron los agentes del MP, apenas tenía un año de su creación al momento de la celebración del contrato.
Posteriormente, el 2 de febrero de 2022, dicho comité de adquisiciones modificó el contrato cambiando las marcas, modelos y montos de los vehículos y motocicletas compradas, dejando como resultado del arrendamiento, en 135 unidades por un monto de 161 millones de pesos.
A su vez, la empresa Grinleasing SAPI de CV subarrendó estas 135 patrullas a otra empresa, Casanova Vallejo SA.
Al respecto, los agentes del MP le hicieron saber a Gerardo Vargas Landeros que sostienen la hipótesis de que su actuación para llevar a cabo este contrato ilegal fue de manera dolosa, mientras que los demás integrantes del comité de adquisiciones se les atribuye ser coautores materiales, ya que la compra fue de manera colegiada.
“Se hizo una afectación al servicio público en perjuicio del patrimonio público”, acusó la Fiscalía General del Estado.
Fue mediante esta compra triangulada, Ayuntamiento- Grinleasing SAPI de CV- Casanova Vallejo SA —se precisó durante la audiencia— donde hubo un perjuicio al patrimonio por un monto de 42 millones de pesos.
Para sostener su hipótesis, el Ministerio Público dio a conocer más de 30 testimonios entre los que se encuentran ex funcionarios del Ayuntamiento de Ahome, funcionarios de la actual administración, auditores de la Auditoria Superior del Estado (ASE), la propia denuncia de la ASE, en marzo de 2025; también diversos oficios policiales y del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES).
Supuestamente, la compra de las 135 unidades automotrices se realizó en 30 pagos, las cuales derivaron en 30 facturas, muchas de las cuales estaban a nombre de la empresa Casanova Vallejo, recursos que salieron en su mayoría de fondos federales.
Cabe destacar que después que los agentes del MP terminaron con la formulación de imputación y presentación de las pruebas, Gerardo Vargas Landeros y sus abogados optaron por pedir un tiempo para que su defensa se preparara en contraargumentar, o en otras palabras, se acogieron a la duplicidad de término de 144 horas.
Dicha audiencia continuará el próximo 8 de julio a las 10 de la mañana.
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