Ahome, Sinaloa.- A través de un comunicado compartido en redes sociales, el desaforado alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, aseguró que su actuación en la adquisición de patrullas estuvo apegada a la legalidad y con el objetivo de traer beneficios al municipio.
Esto, tras la audiencia de este jueves, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó una imputación contra los acusados por desempeño irregular de la función pública, ante la presunta compra de 126 unidades automotrices destinadas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), por adjudicación directa, cuando por ley, debió haber sido mediante una licitación pública.
Vargas Landeros señaló que la Fiscalía continúa insistiendo para atribuirle un delito por una decisión que, en su momento, benefició directamente la seguridad de Ahome.
“Paradójicamente, fue la misma fiscalía quien reconoció hoy que el 70% de las patrullas que tenía el municipio estaban inservibles. ¿Cómo se puede afirmar, entonces, que no existían causas de extrema necesidad? La lógica y la realidad hablan por sí solas”, dijo.
Destacó que más temprano que tarde la verdad saldrá a la luz, y todo lo que hizo, lo hizo por el municipio de Ahome. Además, indicó que más que justicia, parece que se está buscando dañar su nombre y trayectoria.
“El arrendamiento no fue un capricho. Fue una medida responsable, común en muchos municipios, precisamente para no descapitalizar las finanzas públicas, sobre todo en contextos donde los presupuestos son limitados. No fue una excepción, fue una práctica regular para responder con eficacia a una necesidad urgente”, agregó.
Finalmente, compartió que para la audiencia del próximo 8 de julio, su equipo jurídico presentará una estrategia clara para demostrar que todo lo realizado fue legal, transparente y enmarcado en las atribuciones propias de gobierno municipal.
“Ese mismo día, será el juez quien tenga que decidir si este proceso sigue su curso. Un proceso que hay que decirlo- no ha buscado justicia, sino culpables y que más que legalidad, parece tener como único objetivo dañar mi nombre y mi trayectoria. Quiero dejar algo claro: si este proceso no se frena, lo asumiré como un sacrificio consciente, hecho por la seguridad de mi municipio y por el bienestar de quienes siempre han creído en mí”, indicó.
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