Por Ana Paula Carbonell / @AnaPauCarbonel1

El informe realizado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) destaca que la tortura en México no es un hecho aislado, sino un mecanismo recurrente utilizado para obtener confesiones, muchas veces falsas, y fabricar culpables. La violencia física y psicológica se emplea, por lo tanto, para silenciar y manipular, lo que evidencia un sistema que privilegia la impunidad sobre la justicia.

Datos oficiales respaldan esta realidad, ya que entre 2019 y 2024, la Secretaría Técnica para la Prevención de la Tortura del Defensor Público Federal registró 2 mil 881 casos de tortura, afectando a más de 3 mil 500 víctimas.

Además, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021 reveló que 42% de las personas encarceladas reportaron maltrato físico mientras estaban bajo custodia del Ministerio Público, y un 20% confesó haber admitido culpabilidad tras sufrir agresiones.

Militarización y brutalidad policial: factores que agravan la crisis

El índice señala que la militarización de la seguridad pública, iniciada en 2006, con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, ha profundizado la violencia institucional. La creación de la Guardia Nacional, en 2019, no ha revertido esta tendencia; al contrario, ha incrementado los casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura.

Organizaciones como el Centro Prodh documentan que la Guardia Nacional ha empleado fuerza letal en múltiples incidentes, con al menos 94 muertes de civiles atribuidas a esta fuerza, esto hasta el 2021.

El 3 de junio, elementos de la Guardia Nacional presuntamente por una confusión dispararon en contra de Néstor y Yesenia, quienes iban a bordo de una camioneta blanca en un camino de terracería en la comunidad de El Aguajito, Sinaloa. Sus familiares han denunciado que no portaban ninguna arma de fuego y que eran personas de bien que se encontraban a meses del nacimiento de su hijo. Por estos hechos, la Fiscalía General de la República ya investiga a los agentes implicados en el asesinato de la pareja.

Prisiones: espacios de violencia y negligencia

Las cárceles mexicanas son otro foco crítico. El índice ubica a México en riesgo muy alto en la prevención de la privación de la libertad, con más de un tercio de los presos denunciando violencia física por parte de custodios. Centros como Cefereso 16 han registrado un número alarmante de muertes en custodia, incluyendo suicidios, que evidencian condiciones inhumanas y falta de protocolos efectivos para proteger la vida.

Aunque existen mecanismos formales para denunciar la tortura, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), su dependencia institucional limita su independencia y capacidad para generar cambios reales.

Impunidad: el gran obstáculo para erradicar la tortura

En 2023 se abrieron más de 4 mil 500 investigaciones por tortura, pero sólo 18 casos llegaron a juicio y apenas se dictaron 8 sentencias condenatorias.

Esta tasa ínfima de procesamiento refleja un sistema judicial que protege a los perpetradores y deja a las víctimas sin acceso a la justicia.

Grupos vulnerables: víctimas desproporcionadas

El informe alerta sobre el impacto desproporcionado en mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas migrantes. Por ejemplo, casi el 44% de las mujeres privadas de la libertad reportaron haber sufrido tortura sexual.

Niñas, niños y adolescentes denunciaron altos índices de abuso psicológico y físico, mientras que los migrantes enfrentan condiciones inhumanas, como evidenció el incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez en 2023.

Llamado a la acción

El Índice Global de Tortura 2025 es un llamado urgente a las autoridades mexicanas para desmantelar las prácticas de tortura y abuso que persisten en sus instituciones. Sin una supervisión independiente, rendición de cuentas efectiva y reformas estructurales profundas, la tortura seguirá siendo parte del proceso penal y de seguridad en México, con consecuencias devastadoras para los derechos humanos y la confianza ciudadana.

Este diagnóstico severo exige una respuesta integral que incluya la capacitación de cuerpos policiales, la protección de víctimas y denunciantes, y la garantía de acceso a la justicia para quienes han sufrido tortura, para así avanzar hacia un sistema que respete la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas.

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Aquí puedes leer el reporte completo aquí.