En menos de una semana, el 14 de julio, se vence el tiempo de negociaciones sobre el Acuerdo de Suspensión del Tomate entre México y Estados Unidos.

Sería en esta fecha que entraría en vigor una tarifa compensatoria del 21% a todo el tomate importado desde nuestro país hacia el vecino del norte, como consecuencia de las acusaciones de dumping impulsadas por los productores del fruto en Florida.

La posibilidad de que entre en vigor dicha tarifa genera nerviosismo entre los productores mexicanos, especialmente los de Sinaloa, primer estado exportador de tomate a nivel nacional.

Sin embargo, del otro lado de la frontera, también se han levantado dudas sobre qué tan conveniente es imponer estas medidas para el mercado interno.

Un grupo de congresistas del partido republicano de Texas y Arizona hicieron llegar una carta al secretario de comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick.

A mediados de junio, los representantes Andy Biggs, Elijah Crane, Juan Ciscomani y Tony González elevaron una advertencia de que 50 mil empleos podrían perderse en estos dos estados sureños si el Acuerdo de Suspensión del Tomate terminaba.

“El acuerdo ha salvaguardado decenas de miles de trabajos americanos, estabilizado mercados y fortalecido nuestro vital sector agricultor. Echar abajo el acuerdo solo lastimaría a las familias estadounidenses que siguen batallando por el régimen inflacionario radical de las políticas de la presidencia pasada”, dijo Andy Biggs en una conferencia de prensa con relación a la decisión del Departamento de Comercio.

 

Biggs aseguró que esta coyuntura era una oportunidad perfecta para que el presidente Donald Trump “hiciera lo que mejor sabe hacer: un acuerdo que beneficie a los trabajadores, consumidores y negocios estadounidenses”

Ruben Gallego, senador de los Estados Unidos, también ha escrito al Departamento de Comercio expresando sus preocupaciones sobre la salida del acuerdo. Argumenta que el arreglo ha mantenido precios justos, bajos y estables para la venta de tomates importados en el mercado americano.

“La cadena de suministro de tomate desde México mantiene 33 mil trabajos estadounidenses”, escribió Gallego en abril.

Asegura que eliminar el acuerdo significaría reducir en 123.3 millones de dólares el ingreso fiscal de Arizona, citando un estudio de la Arizona State University.

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