Texto: Laura Buconi
Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Diputados de Morena, colectivas y sociedad civil rechazan el proyecto El Batán para mejorar el suministro de agua en Querétaro, propuesto por el gobernador Mauricio Kuri González.

El gobierno de Querétaro presenta el programa como “el proyecto hídrico más importante después del Acueducto II”, implementado en 2016. Sería financiado mediante una Asociación Público-Privada (APP) con una concesión de 30 años y obligación de pago estatal a partir de 2026, cuando se termine de pagar el Acueducto II.

El Sistema Batán prevé acumular agua residual en la presa de El Batán, Querétaro, que, tras un proceso de potabilización, garantizaría el abastecimiento de agua para uso humano en el estado.

Sin embargo, diputados de Morena, expertos y la población civil expresan preocupación y descontento frente a la iniciativa. Contrario a lo afirmado por el gobernador Mauricio Kuri González, en Querétaro no existe riesgo de escasez de agua: esta es desviada para uso de grandes empresas, mientras la población civil y rural queda desabastecida. Además, se estima que el 50% del agua en el estado se pierde por fugas.

El proyecto El Batán

El 4 de marzo, Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, anunció el proyecto “El Batán: Agua para todos” ante el Poder Legislativo del Estado. El objetivo declarado es garantizar el abastecimiento de agua mediante un sistema de regeneración y reutilización, utilizando tecnología de vanguardia. Kuri afirmó que el sistema permitirá cerrar ciclos de agua suspendidos y recargar cuerpos de agua, asegurando el suministro para las próximas décadas.

El agua almacenada en la presa de El Batán provendrá de drenajes urbanos, casas, escuelas, hospitales y aguas pluviales, lo que genera preocupación sobre su viabilidad para consumo humano y la eficacia de su potabilización.

Gustavo Leal Maya, secretario de Finanzas del Estado, aclaró que el costo total del proyecto sería de 11 mil millones de pesos, recaudados mediante inversión privada (a la que se concesionará el proyecto), con obligación de pago anual a 30 años por parte del gobierno estatal.

“Desde hace años, el gobierno intenta privatizar el agua en Querétaro”, afirmó la Mtra. María Ibarra Silva en entrevista con Pie de Página. Ibarra Silva, representante de la Colectiva Vocer@s de la Madre Tierra, señaló:

“Cualquier forma de concesión implica privatización. Incluso el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha indicado que la concesión es el método más utilizado actualmente para privatizar recursos.”

Los antecedentes

En 2022 se aprobó la Ley de Agua de Querétaro, que regula los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como la infraestructura relacionada. Fue una iniciativa del actual gobernador, Mauricio Kuri González.

Tras su implementación, cientos de manifestantes, principalmente indígenas y estudiantes, protestaron contra la privatización de este bien esencial. Medios y organizaciones de derechos humanos denunciaron represión policial y tres arrestos injustificados.

“La Ley de Agua promovía la privatización del servicio. Hubo fuerte oposición, pero entonces la legislatura estaba dominada por diputados del PAN que votaron a favor”, explicó Ibarra Silva.

“Desde entonces, con la Colectiva Vocer@s de la Madre Tierra, analizamos temas ambientales en Querétaro. El colectivo Bajo Tierra Museo del Agua también se opuso a esta ley privatizadora.”

Bajo Tierra presentó un amparo, inicialmente atraído por la Suprema Corte, señalando violaciones al derecho humano al agua, como la suspensión del servicio por falta de pago. Un día antes de la resolución, el poder legislativo corrigió las inconsistencias, y el amparo fue sobreseído.

La Colectiva Vocer@s de la Madre Tierra presentó otro amparo mediante un Amicus Curiae, aportando información adicional sobre violaciones, como la omisión de un Parlamento Abierto solicitado. Siguen la misma estrategia para oponerse al proyecto El Batán.

La Ley de Aguas regula las concesiones a APPs para el abastecimiento de agua. Si se aprueba El Batán, sería bajo esta figura.

Kuri declaró que su gabinete trabajó en el proyecto desde hace cuatro años, y, de aprobarse, se concesionaría por 30 años. “La Ley de Aguas era indispensable para dar certeza jurídica a la concesión”, concluyó Ibarra Silva.

“Muchas dudas y pocas respuestas”

El 27 de junio, el diputado local Ulises Gómez de la Rosa rechazó el proyecto en el Congreso del Estado, argumentando que “no responde a las necesidades reales de Querétaro”. Criticó la falta de claridad sobre la distribución de costos y la calidad del agua entregada a la población.

Denunció la ausencia de un diagnóstico hídrico preciso y de detalles sobre los procesos técnicos para garantizar la calidad del agua. También destacó la falta de mecanismos de vigilancia ciudadana u observatorios independientes.

El diputado Gilberto Herrera (Morena) compartió sus reservas: el 1 de julio señaló a la presidenta Sheinbaum que el mecanismo propuesto suele usarse en países sin acceso a agua limpia de primer uso, lo que no es el caso de Querétaro.

“No hay garantía de la calidad del agua. La propuesta es mezclar agua de la presa con agua local, pero en sequías, la concentración de agua no potable podría ser peligrosa”, afirmó.

“Además, Querétaro carece de una normativa estatal para la gestión integral del agua: protección de fuentes, cuencas y mantos acuíferos. El proyecto ni siquiera incluye un periodo de prueba.”

Herrera destacó que el 50% del agua potable se pierde por fugas: “¿De qué sirve más abastecimiento si la mitad se sigue perdiendo?”

“No hay escasez real”, explicó.

*“Según estándares de países desarrollados (135 litros diarios por persona), Querétaro necesita 100 millones de m³ anuales, pero tiene 10 mil millones concesionados. El problema es que el agua está en manos equivocadas: Coca-Cola, Kimberly-Clark y Michelin tienen pozos de agua limpia, mientras la población queda relegada.”

En el portal de la Conagua se observa que otras concesiones están asignadas a desarrolladoras inmobiliarias y multinacionales como Kellogg’s, Microsoft y Santander.

Incumplimiento a los principios del Parlamento Abierto

El 9 de junio, la Colectiva Vocer@s de la Madre Tierra solicitó un Parlamento Abierto para analizar la iniciativa, conforme al artículo 13 de la Constitución estatal. Hasta ahora, no hay respuesta.

“El poder legislativo debe regirse por los principios de Parlamento Abierto: acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas. No se cumplen: no hubo información oportuna, las encuestas están sesgadas y no se explicaron las implicaciones del proyecto. La participación pública requiere información”, argumentó Ibarra Silva.

Intereses empresariales

Según el Snapshot Report México Data Center Market 2024/2027, Querétaro se posicionará como un hub tecnológico clave, con proyectos hiperescalares en construcción. El informe señala que el crecimiento depende de infraestructura eléctrica y sostenibilidad, y que el agua será un reto para el desarrollo estatal.

Ibarra Silva añadió que el auge inmobiliario en Querétaro, impulsado por cambios de uso de suelo y trámites ágiles para inversionistas, parece vincularse a la urgencia por aumentar la disponibilidad de agua.

El mercado inmobiliario proyecta una inversión de 652 mil millones de pesos en 2025, con un crecimiento anual del 15%, reflejado en plusvalías en zonas como El Marqués, Juriquilla y Corregidora.

La Colectiva exige foros con expertos ambientales, jurídicos y financieros, ya que las APPs “se prestan a corrupción y opacidad, por la falta de rendición de cuentas en México”.

“El gobierno debe convocar a todos, expertos o no, porque el derecho a la participación no es solo para especialistas”, concluyó.