Culiacán, Sin.– Durante cinco años, Daniel Antonio Rivas Ochoa ejerció la enfermería con vocación y compromiso. En 2024, motivado por el llamado a transformar la salud pública desde los territorios más olvidados, se unió al programa federal Salud Casa por Casa, que prometía atención médica preventiva a personas adultas mayores y con discapacidad en comunidades rurales. Pero lo que comenzó como una promesa de justicia social, se convirtió para él, y para decenas de trabajadores, en un escenario de precariedad, presiones políticas, amenazas y abandono institucional.

“Tuve que renunciar en el hospital, porque ellos así lo requieren para entrar al programa. Nos dijeron que no podíamos tener otro trabajo porque los horarios no debían chocar. Renuncié con la idea de aportar, pero ahí empezó todo”, cuenta Daniel.

Desde su incorporación, el trato fue duro y las condiciones adversas. Le asignaron la zona serrana de Badiraguato. En los primeros meses, su labor consistió en acompañar a los Servidores de la Nación a hacer censos. No tenía transporte, viáticos suficientes ni respaldo institucional. Rentó una cuatrimoto por su cuenta, que le costaba 800 pesos semanales, más gasolina.

“No nos daban transporte ni nada. Nos dijeron ‘búsquense la manera’. Yo me movía entre rancherías por mi cuenta. Cada semana gastaba 300 o 400 pesos de gasolina. Y si no cumplías, te amenazaban con sacarte”.

Bajo presión: “Si no reportaban a tal hora, iban para afuera”

El control era rígido. Aunque sabía que las condiciones geográficas y de conectividad no permitían reportes constantes, los supervisores exigían reportes diarios a una hora específica.

“Yo tenía que dejar el teléfono en un punto alto para que entraran los mensajes. Si no reportabas a las 04:00 de la tarde, era motivo para que te preguntaran que hacías, para correr a alguien”, dice.

La presión no era solo médica. A Daniel y sus compañeros también se les exigía participar en actividades de promoción política.

“Nos mandaban enlaces de Facebook para apoyar al delegado Luis Espino. Teníamos que compartirlos, darles like, mandar captura. Eso contaba como asistencia. Si no lo hacías, te llamaban la atención. A mí me regañaron por no mandarlos, aunque les expliqué que no tenía señal en la sierra”.

Además de ser presionado para participar en actividades oficiales, a Daniel le preocupó que hubo presión para modificar u omitir datos en sus consultas, le importaban más los número y no la calidad del servicio.

“Me pedían que saltara partes de las entrevistas médicas, que no pusiera todos los signos vitales. Les dije que no, porque eso es ir contra mi cédula profesional”, recuerda. “No podía falsificar una nota médica. A mí me costó años conseguir mi título, y ellos solo querían cumplir con metas. A los Servidores de la Nación no les importaba: muchos apenas tienen prepa. Yo sí tengo una carrera y una responsabilidad ética”.

Aun así, fue presionado constantemente para aumentar sus cifras. Su supervisora, dice, lo regañaba si no reportaba diez atenciones diarias. Pero en la realidad de las comunidades, muchas viviendas estaban vacías o los pacientes habían fallecido.

“Desde el último censo habían muerto varios. Otros no estaban porque bajan a la ciudad a atenderse. Pero eso no lo querían oír. Solo querían números”.

Después de alzar la voz sobre las condiciones del programa, Daniel fue expulsado del grupo oficial en WhatsApp y cesado sin previo aviso. Algunos de sus compañeros acudieron a la oficina del Bienestar en el Mercado de Abastos en Culiacán, pero solo consiguieron ser recibidos con amenazas.

“Les dijeron que el programa ya no los requería, que entregaran todo el material o procedería legalmente contra ellos. Nadie les dio explicación, ni compensación, ni siquiera el último pago”. Daniel confirma que los pagos se retrasaban cada mes. El último debía depositarse el día 30, pero nunca llegó. Al día siguiente, les exigieron trabajar. “No me negué, simplemente ya no tenía cómo moverme. Los viáticos no alcanzaban y yo ya había gastado lo poco que tenía”.

Daniel aclara que su intención no es solo regresar al programa, sino que se reconozcan sus derechos laborales y los de todos sus compañeros que hoy, aún dentro del programa, trabajan sin prestaciones, sin seguridad social y bajo hostigamiento.

“No pido favores. Solo quiero que reconozcan que no somos voluntarios. Nos exigieron como empleados, pero nos trataron como si no valiéramos. Lo mínimo que merecemos es seguridad social. Tuve compañeros que se accidentaron y no dijeron nada por miedo. Así no se puede seguir”.

El programa Salud Casa por Casa en Sinaloa se puso en marcha el pasado 12 de junio, con la participación de 627 profesionales de la salud, 546 enfermeros y 81 médicos, organizados en igual número de brigadas, una por cada zona del estado. Se estima que los profesionales de la salud visiten de manera domiciliaria a 419 mil  757 personas, entre adultos mayores y personas con discapacidad, con un enfoque en atención preventiva y seguimiento médico.

Además, desde octubre de 2024, los profesionales de la salud se unieron a las brigadas de los Servidores de la Nación en la realización de censos para identificar a los beneficiarios. De acuerdo a cifras emitidas por el Gobierno de Sinaloa, se aplicaron más de 322 mil censos.

 

MÁS SOBRE EL PROGRAMA SALUD CASA POR CASA: