Culiacán, Sinaloa.- Mientras la sequía arrecia y los mantos se agotan, en Sinaloa toma forma una propuesta que va más allá de administrar escasez y busca cambiar el modelo de gestión del agua.
Desde el Consejo Científico Ciudadano del Agua (CCCA), impulsado por la Coordinación Estatal para el Fomento a la Investigación Científica e Innovación (CONFIE), un grupo plural de especialistas, académicos, agricultores, activistas y funcionarios públicos proponen los fundamentos de una nueva legislación estatal en materia hídrica.
La apuesta del CCCA es ambiciosa y urgente y, según Alejo Castro, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JAPAC), significa pasar de una ley acotada al servicio urbano de agua potable (Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa), a una norma integral que reconozca la crisis estructural del agua en el estado y establezca mecanismos de gobernanza, regulación, innovación, sostenibilidad y justicia social.
“El problema no es coyuntural. El problema de la falta de suficiencia de agua es un problema estructural. Entonces, lo que tenemos que hacer es un cambio de modelo de gestión”, sentenció Alejo Castro Lizárraga.
En entrevista para ESPEJO, Castro Lizárraga reconoció que durante décadas Sinaloa ha sostenido su desarrollo sobre un esquema que privilegia el uso agrícola del agua, aún y cuando la Constitución reconoce que el uso humano es prioritario.
En los hechos, explicó, las ciudades sinaloenses dependen casi por completo de la infraestructura hidroagrícola. “La suerte que corra la agricultura afecta directamente al abastecimiento urbano. Pero tenemos que tener independencia en un modelo para el servicio público urbano. Separar”, sostuvo.
La intención es que está nueva legislación se construya sobre una base científica, experiencia práctica y diagnósticos técnicos.
Un ente regulador
Además de poner al frente el Derecho Humano al agua, entre los pilares de esta propuesta se destaca la creación de un organismo regulador estatal del agua, como un ente con autonomía técnica y administrativa.
Esta instancia sería la encargada de vigilar que se cumpla el derecho humano al agua, evaluar el desempeño de los organismos operadores, promover la eficiencia del gasto y garantizar la calidad del servicio.
También contaría con un consejo técnico, ciudadano y académico, con la capacidad de auditar a los organismos operadores y sancionar incumplimientos. Este órgano tendría independencia presupuestaria y estaría facultado para emitir recomendaciones vinculantes.
Soluciones basadas en la naturaleza (SBN)
Otro componente clave es la inclusión obligatoria de soluciones basadas en la naturaleza en todos los proyectos hídricos. Reforestación, protección de cuencas, captación de agua de lluvia y recarga de mantos freáticos no sólo como acciones deseables, sino como requisitos de diseño.
“Es importante crear una figura jurídica que incentive las soluciones basadas en la naturaleza (SBN). Existen soluciones sencillas, que funcionan sin mucha inversión”, señaló Castro Lizárraga.
En esa línea, la propuesta también contempla el fortalecimiento de la infraestructura azul y verde, el diseño de acueductos independientes que no dependan del sistema agrícola, y el reúso eficiente del agua tratada para riego de áreas verdes o reinyección al subsuelo.
Algunas de estas tecnologías ya se han probado con éxito en Sinaloa, como el tratamiento de agua con ozono creado por el ingeniero José Guadalupe Llanes Ocaña, técnica premiada internacionalmente y que ya ha sido aplicada por las juntas de agua municipales de Culiacán y Mazatlán.
De la participación social al financiamiento justo
La propuesta del CCCA reconoce que la gobernanza hídrica no puede sostenerse sin participación ciudadana. Por ello, plantea una estructura de consejos y comités desde las microcuencas hasta los consejos de cuenca, con voz y voto de usuarios, ciudadanía y pueblos indígenas.
Además, se incluye la creación de un Sistema de Información Hídrica Estatal, con acceso público y transparente.
En cuanto al aspecto financiero, se propone establecer un modelo tarifario progresivo, en el que quien contamine o desperdicie pague más, y quien use racionalmente el recurso pague menos. También se plantea la creación de un Fondo Estatal para el Agua, y mecanismos de pago por servicios ambientales entre zonas de captación y usuarios urbanos o agrícolas.
Tratamiento, reúso y captación pluvial
Otro bloque central de la iniciativa es la gestión circular del agua: fomentar el reúso de aguas tratadas para riego, uso industrial o recarga de acuíferos, así como castigar el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento.
Se prevé además la integración obligatoria de sistemas de captación pluvial en desarrollos urbanos, como techos verdes, jardines de lluvia, pavimentos permeables y pozos de infiltración.
“Queremos una Ley de Aguas Estatales, no sólo de agua potable. Una ley moderna, incluyente, con visión a 25 años”, resume Castro. “Quizás porque ya llegamos al límite. Ya no hay salida si no es mediante un cambio profundo”, reflexionó.
La propuesta de estructura
La propuesta desde el CONFÍE para una nueva Ley de Aguas del Estado de Sinaloa se compone de ocho títulos y uno preliminar:
- Título Preliminar: Disposiciones Generales
- Título I: Derecho humano al agua y al saneamiento
- Título II: Planeación y Programación Hídrica
- Título III: Servicios Ambientales Hidrológicos
- Título IV: Urbanismo Sustentable e Infraestructura Verde
- Título V: Gobernanza del Agua y Participación Social
- Título VI: Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
- Título VII: Financiamiento y Sostenibilidad Económica
Comentarios
Antes de dejar un comentario pregúntate si beneficia a alguien y debes estar consciente en que al hacer uso de esta función te adíeles a nuestros términos y condiciones de uso.