Culiacán, Sinaloa.- En días recientes, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) volvió a colocarse en el centro de debate público, originado por las denuncias de estudiantes y diputados del Congreso del Estado, señalando un incremento del 56% en los costos de inscripción para el ciclo escolar 2025-2026.

Este presunto incremento, han señalado los denunciantes, también se registró en conceptos como el uso de laboratorio, actividades deportivas y transporte.

Legisladores locales como Jorge González Flores, del Partido Acción Nacional (PAN) y Sergio Torres de Movimiento Ciudadano (MC), han calificado esta medida como una violación al artículo quinto transitorio de la recién aprobada Ley Orgánica de la UAS, que señala lo siguiente:

“Artículo Quinto: a gratuidad de la educación que imparte la Universidad Autónoma de Sinaloa, se implementará de manera progresiva en función de la suficiencia presupuestal, a  partir del ciclo escolar 2025-2026.

En tanto que la gratuidad no se complete al cien por ciento, las cuotas que se cobran a la comunidad estudiantil por concepto de pre-inscripciones, inscripciones y cualquier otro rubro, continuarán considerándose como ingresos propios”.

Al respecto, el abogado y ex magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gilberto Plata,  indicó que desde su análisis, la universidad no ha incurrido en ninguna ilegalidad, pues al ser un ente autónomo tiene la facultad de tener ingresos propios derivados de servicios relacionados con su función, como lo son las cuotas de inscripción, reinscripción y exámenes.

En cuanto a la gratuidad, explicó que se trata de una disposición de carácter enunciativa, que no cuenta con mecanismos para su materialización ni sanciones ante su incumplimiento, por lo que es “prácticamente un deseo, una aspiración”.

“Si la universidad no tuviera la posibilidad de tener ingresos propios, obviamente que son aquellos inherentes al servicio que presta, pues obviamente la autoridad tendría que suprimir este rubro, en vista de ello, con la autonomía que tiene la universidad, puede disponer los costos de los servicios que está ofertando”, dijo.

En este sentido, agregó que la exigencia de la universalidad a la que están sujetas las instituciones de educación superior, está orillando a las universidades a recibir más alumnos de los que podrían brindar atención con el presupuesto estatal y federal que reciben. Además, en el caso de la UAS, señaló, se le suma  el hecho de que tiene una plantilla laboral no reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por lo que el exhorto tendría que ir dirigido a las y los legisladores para que se tome en cuenta la gratuidad y universalidad a la que están siendo encaminadas las universidades, al momento de asignarles el presupuesto anual, mencionó.

“Legalmente hablando, para mí, no hay ninguna responsabilidad ni contra de la universidad, ni sus cuadros directivos. En todo caso el exhorto sería para nuestros diputados y diputadas (…) que sería muy bueno para este tipo de circunstancias que hagan una revisión de la plantilla que se está reconociendo laboralmente, del número de alumnos que se exige se atienda, con el presupuesto que año con año se aprueba y si corresponde. Creo que entonces sí podríamos hablar si se cumple o no con las expectativas de las universidades públicas, no solamente de la UAS”, dijo.

Por su parte, la UAS, a través de su Secretaria General, Nidia Yuniba Brun Corona, defendió que sigue siendo la universidad con la cuota más baja en el estado, además de que se está implementando el modelo de cobertura universal con la aceptación del 100% en los niveles de educación media superior y superior para el ciclo escolar 2025-2026.

“Considerando que nuestra sociedad está pasando por ciertas condiciones económicas, la Universidad está tomando de manera proporcional el costo de la inscripción y reinscripción que si hacemos una división en lo que implica todo lo que es el ciclo escolar prácticamente es muy muy bajo la cuota que se está cobrando”, explicó a través de un comunicado.

Cabe mencionar que las denuncias de estudiantes y diputados, más allá de los señalamientos sobre la ilegalidad de la alza de costos, también se han justificado en que el incremento coincide con un contexto adverso en Sinaloa, marcado por la pérdida de empleos y cierre de negocios debido a problemas de inseguridad.

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